Juez quinto comparecerá por escrito ante la SCJN

Se prepara “jueza del escándalo” para participar en la segunda investigación del caso Cacho

Edmundo Velázquez

Por escrito y en el Distrito Federal, el juez quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez González, comparecerá ante la comisión especial que investiga el caso Cacho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista, la llamada “jueza del escándalo” criticó que la SCJN ha mantenido esquemas poco ortodoxos para llevar a cabo esta nueva pesquisa.

Entre ellos consideró excesivo el hecho de que a cada uno de los que comparecen —como ha pasado con trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de Puebla—  se le exija asistir acompañados de un abogado defensor. También criticó el hecho de que la comisión investigadora multe hasta con un mes de salario a los testigos que no se presenten a declarar:

“Se ha colaborado con la comisión investigadora en cada uno de los pedimentos que se han hecho. Citando al personal, proporcionando la información que nos han pedido. Aún cuando los medios de estos citatorios han sido poco ortodoxos (…) al personal se le cita con el requerimiento de que tienen que llevar un abogado. A ellos les genera la sensación de que son inculpados. Además les imponen una multa de un mes de sueldo si no llegan”, comentó.

Pérez González comentó que aún está a la espera de que le llamen a comparecer. Comentó que por escrito hará llegar algunos elementos para que los magistrados “normen una opinión”. Según consideró Pérez González, hasta este momento los magistrados de la comisión investigadora han tomado como prueba una parte de todos los datos en el caso.

—¿Qué tipo de datos enviará? —se le preguntó a la jueza Rosa Celia.
—Mi versión y pruebas que yo debo ofrecer, especialmente con relación a la fianza. Desde siempre he fijado fianzas adecuadas para garantizar la reparación del daño. Ellos solamente están tomando una fianza.
—¿Porqué la investigación ha tardado tanto? —se le insistió a la juez.
—Lo desconozco. Eso habrá que preguntárselo a los señores comisionados. Porque en el caso de Aguas Blancas, en el caso de León, Guanajuato, la investigación concluyó no más allá de cuarenta y tantos días y aquí vamos como 14 meses.
La jueza insistió en que, con esta investigación, se le están negando los derechos constitucionales y que esto la ha llevado a sentirse un objeto: “yo he llegado a decir que ya no soy persona, que ya no tengo derechos…”.
Una vez más comentó que los lineamientos con que investiga la Corte están llenos de lagunas jurídicas, que no proceden a guardar los derechos de los investigados, aunque mencionó que se sujeta a ese marco que impone el máximo tribunal de justicia en el país.
—¿Son muy grandes las lagunas jurídicas?
—Todos los mexicanos tenemos confianza en la Corte y en la ley. Es un poco cuesta arriba ejercer esta facultad de investigación cuando no se tiene la ley reglamentaria que se requiere para salvaguardar los derechos de las personas ante esta investigación. Yo considero que como persona apliqué… Me sujeto a ese marco y no me salgo de él.
Al finalizar la entrevista la juez quinto de lo penal confirmó que en breve presentará de manera escrita su comparecencia en la Ciudad de México, “porque así se le ha señalado” desde la Suprema Corte.