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Invitado Especal
La Quintacolumna


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  Define hoy la Corte alcance de investigación vs Marín

 

El martes pasado el periódico La Jornada publicó que existe un proyecto al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pretende regular las funciones y limitaciones de las investigaciones que se realizan por presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas por las autoridades. Será este día cuando la Corte defina dicho proyecto, lo que repercutirá directamente en el caso Marín-Lydia Cacho. A continuación reproducimos dicha información:

 

Especial / Jesús Aranda / La Jornada 

 

La Comisión de Acuerdos Generales y Reglamentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer el proyecto con el que se pretende regular las funciones y limitaciones de las comisiones que investiguen presuntas violaciones graves a las garantías individuales.


El documento plantea que dichas investigaciones sean consideradas como "actos administrativos" que no deben regularse por los códigos de procedimientos penales ni civiles, ya que el resultado de la indagatoria no tiene efectos vinculatorios.


La comisión -integrada por Mariano Azuela Güitrón, Sergio Valls y Sergio Salvador Aguirre Anguiano- entregó ayer a sus compañeros el proyecto de dictamen, el cual será analizado en sesión privada el próximo jueves, y se prevé una fuerte discusión entre los ministros que apoyen la iniciativa y quienes consideran que ésta "desvirtúa" el valor constitucional que otorga la Carta Magna a la SCJN para investigar violaciones graves a las garantías individuales. Cabe precisar que según lo acordado por la Corte en junio pasado, este acuerdo general de pleno será el que establezca los parámetros y limitantes de las tres comisiones aprobadas por los ministros para analizar los casos de la periodista Lydia Cacho, los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales en Oaxaca.


Trascendió que hay ministros que consideran que el artículo 97 constitucional que faculta a la SCJN a crear este tipo de comisiones, tiene un propósito de "control político" cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno desbordan sus facultades, abusan de su poder y cometen la violación grave de garantías, situación que amerita que se lleve a cabo una investigación "constitucional" a cargo del máximo órgano de justicia del país, y no un simple "acto administrativo".


Fuentes judiciales confirmaron que hay ministros que estiman que no es válido el argumento del proyecto que plantea que como las investigaciones de la Corte no tienen efectos vinculatorios, entonces no se tiene por qué seguir un proceso de investigación apoyado en los códigos de procedimientos penales y civiles.


Recordaron los entrevistados que precisamente cuando el ministro Juan N. Silva Meza llevó a cabo su investigación sobre el caso Lydia Cacho y determinó que el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, era responsable político de la violación grave de garantías en agravio de la periodista, ahí mismo le informó al pleno que había seguido una metodología basada en el Código de Procedimientos Penales Federales y el Código Civil, precisamente para darle certeza a las autoridades investigadas y disipar cualquier duda sobre la legalidad de las actuaciones.


Es decir: se fundamentó en un método que el acuerdo general propuesto por los ministros Valls, Aguirre y Azuela pretende desconocer, lo que según algunos funcionarios judiciales consultados busca restarle importancia a la facultad prevista en el artículo 97 constitucional.


De ahí la importancia de que la SCJN no se limite a calificar sus investigaciones como un "acto administrativo", sino que se reconozca que se trata de una investigación constitucional con todas las consecuencias jurídicas y políticas que ello implica, subrayaron.


Esto, en tanto el Congreso de la Unión no reglamente o derogue el artículo 97 constitucional. El debate sobre los límites a que deben ceñirse las comisiones investigadoras -después de 12 años de la nueva integración de la Corte- inició a partir de que Silva Meza presentó sus conclusiones sobre el caso Lydia Cacho y propuso darle vista al Congreso para que fuera el que determinara si procedía o no el juicio político en contra de Marín.


Ante esta decisión tan drástica, la primera de su tipo en la historia, la mayoría consideró que debía aplazarse el asunto y reglamentarse la actuación de las comisiones investigadoras. Así, desde la perspectiva de la mayoría, este acuerdo que se discutirá el próximo jueves regulará no sólo la indagatoria que tiene que ver con el gobernador de Puebla -y cuyas conclusiones ya fueron entregadas al pleno-, sino también la investigación que realizan dos magistrados sobre el caso Atenco y la que se encargará del caso Oaxaca.

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