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  Da la Corte a Marín 15 días para alegatos

Víctor Fuentes/ Agencia Reforma  

La Suprema Corte de Justicia dará 15 días al Gobernador de Puebla, Mario Marín, para consultar el expediente de la investigación en su contra por el caso de la escritora Lydia Cacho, así como para presentar alegatos en su favor antes de la revisión final del tema.

El Pleno de la Corte aprobó ayer, por unanimidad, la versión definitiva de las 26 reglas que aplicará para las investigaciones de violaciones graves de garantías individuales, tanto en el futuro como las que ya están en curso.

Además, aprobó tres artículos transitorios relacionados con los casos que tenía abiertos: el de Marín, el de los disturbios en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y el conflicto de seis meses en Oaxaca, el año pasado. Para el caso de Marín, se acordó que el “dictamen informativo” presentado en junio por la comisión que encabezó el Ministro Juan Silva Meza, ahora tendrá el carácter de “informe preliminar”, procedimiento que indican las nuevas reglas.

“La propuesta es que el ministro proceda ajustado a las nuevas reglas, esto es, con copia de este informe a las dos Cámaras del Congreso y a las autoridades de Puebla que guarden relación con lo que la comisión ya estimó que constituyen grave violación de garantías”, explicó en sesión pública el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“Se abre un término de 15 días para que presenten alegatos, durante los cuales podrán consultar el expediente en poder del Ministro Silva”, agregó Ortiz, quien dijo que esto no supone una aplicación “retroactiva” de las nuevas reglas, pues este concepto no existe tratándose de normas procesales. El dictamen señala a Marín y otros funcionarios de Puebla y Quintana Roo como responsables de graves violaciones a las garantías de Cacho, por su detención y traslado tras la denuncia por difamación presentada por el empresario Kamel Nacif.

Las dos cámaras del Congreso también tendrán acceso al expediente porque solicitaron a la Corte ejercer su facultad de investigación, prevista en el artículo 97 de la Constitución, pero hasta ahora no reglamentada.

Cumplido este trámite, el Pleno de la Corte volverá a revisar el caso para determinar si efectivamente existió la violación de garantías, en los términos planteados por Silva Meza. La comisión que investiga el caso Atenco desde febrero pasado deberá ajustar su procedimiento a las nuevas reglas, mientras que está pendiente designar la que indagará el caso Oaxaca.

Rechazan ‘autolimitación’ Ortiz Mayagoitia rechazó la idea de que la Corte “se autolimitó” con estas reglas. “Esto no es así. Frente a un vacío normativo de pronto nos dimos cuenta que estamos actuando de manera distinta en cada caso, lo importante de las reglas es que dan estándares jurídicos para que la actuación del Pleno sea similar en todos los casos”, indicó.

El ministro también dijo que se determinarán las autoridades, con nombre y cargo, que están relacionadas con la violación de garantías, pero sin especificar consecuencias jurídicas para ellas, pues la Corte no tiene esta facultad.