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  Desde la CAIP otra vez protegen al gobernador

Antonio Juárez y Samuel Rangel solapan opacidad gubernamental

Los dos comisionados desecharon las conclusiones de Josefina Buxadé y turnaron el caso para que lo analice otro miembro del pleno. Ésta no es la primera vez que encubren al gobierno estatal

Selene Ríos Andraca

Josefina Buxadé, Antonio Juárez Acevedo y Samuel Rangel Cambio/ Foto/ Archivo/ Tere Murillo

Una vez más, los miembros de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) Antonio Juárez Acevedo y Samuel Rangel, protegieron a la administración de Mario Marín Torres y respaldaron la decisión de mantener en la opacidad las facturas y los convenios que ha firmado el gobierno estatal con los medios de comunicación para promover la imagen del mandatario.
El viernes pasado, los dos comisionados desecharon las conclusiones de Josefina Buxadé y turnaron el caso para que lo analice otro miembro del pleno. Fuentes de la CAIP revelaron a Cambio que el nuevo ponente será Samuel Rangel.
Aunque la comisionada ponente del caso, Josefina Buxadé Castelán, concluyó que el gobierno de Mario Marín, a través de su Dirección de Comunicación Social, está obligado a hacer públicas las facturas de publicidad que erogó de febrero de 2005 al mismo mes de 2007, los comisionados desviaron el tema, y con argumentos soeces, desecharon la propuesta de Buxadé.
El reportero de e-consulta Juan Pablo Proal Mantilla solicitó en febrero del año en curso copias de las facturas de los gastos que ha realizado el gobierno del estado en medios nacionales y locales para su publicidad, o en su defecto, copias de los convenios celebrados entre la administración de Marín con las empresas informativas.
En respuesta, la administración estatal estableció que la información requerida por el periodista tenía el carácter de “reservada”, aunque ese argumento se lo proporcionaron una vez que la propia dependencia le había solicitado una prórroga al recurrente para responderte “conforme a derecho”.
“El día que se vencía el plazo de la prórroga, entre las nueve y las 10 de la noche, recibí un correo electrónico de la Unidad de Acceso a la Información Pública en el que me respondían que la información solicitada era confidencial, debido a que afectaba las funciones gubernamentales”, dijo el ciudadano en una entrevista con Cambio.
Cuando Proal decidió impugnar la respuesta de la administración, señaló en su recurso de revisión que la Unidad de Acceso a la Información Pública no especificó qué artículos sustentaban la confidencialidad de los datos requeridos: “Además de que no me dan las copias de las facturas, no me argumentan qué artículos estoy violando por solicitar los gastos realizados por el gobernador en el tema de publicidad y propaganda.”
A decir del reportero, esta solicitud es la tercera que interpone en Acceso a la Información del gobierno de Mario Marín para conocer cuánto se ha gastado el mandatario en publicidad y propaganda, sobre todo por los gastos evidentes que realizó el equipo de Comunicación Social cuando el gobernador se vio involucrado en la detención y violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
La resolución que proponía Josefina Buxadé era que la administración de Mario Marín entregara las copias de las facturas solicitadas, ya que éstas son consideradas documentos públicos. Como segundo punto, la comisionada no exigió los convenios, porque la dependencia gubernamental argumentó que son inexistentes y el recurrente no presentó pruebas.
Una vez que se puso a consideración del pleno la resolución de la comisionada, Rangel y Juárez Acevedo protegieron al gobernador, ignoraron la exigencia de las facturas y desecharon la propuesta de Buxadé, bajo el argumento de que la propuesta de Buxadé debería de pedir los artículos con los que el gobierno del estado argumenta que la información es confidencial.
“Los comisionados no se quejaron del proyecto de Buxadé, ni de mi solicitud, ni siquiera tocaron el tema de las facturas, se centraron en una discusión sobre la falta de artículos con los que reservan la información, nada más.”
Ésta no es la primera vez que los comisionados defienden y protegen la opacidad del gobierno marinista, pues la mayoría de los casos resueltos en 2006 y 2007 han sido desfavorables para el recurrente y favorables para Marín Torres.