Aparato de justicia actúa por órdenes de los Jiménez | Regionales

Haciendo uso de su “poder político” y contando con la complicidad de un agente del Ministerio Público y funcionarios del Juzgado Penal de Huauchinango, el aparato de justicia actúa a favor de Gustavo Adolfo Jiménez Arroyo, hijo del poderoso ex asesor del ex gobernador Piña Olaya, Alberto Jiménez Morales, “en franca violación a mis derechos humanos”, denunció Mauricio Israel Lazcano Morales.

Mediante una averiguación previa y un proceso penal en el que reinan las irregularidades, y con el tratamiento fast track que se ha dado en algunos casos en los que se involucra tráfico de influencias, como el de la periodista Lydia Cacho, “Jiménez Arroyo pretende involucrarme en un delito que no cometí y encarcelarme”, aseguró Lazcano Morales.
La denuncia en su contra, refiere, se derivó de la caída de una barda de la antigua casa —del siglo XIX, considerada por muchos centro de las decisiones políticas en esta región— de la influyente familia Jiménez Morales, ubicada en la calle Santos Degollado de esta ciudad, que colinda con un predio de Lazcano Morales, en donde realiza una nueva edificación. Estos hechos se suscitaron el 4 de mayo de 2006, y de ellos dimos cuenta en este medio de comunicación (El Guardián, 5 de mayo de 2006).

“Gustavo Jiménez Arroyo, también sobrino del ex gobernador Guillermo Jiménez Morales, quiere responsabilizarme de los daños sufridos en esa casa, encarcelarme y que se los pague a precio de oro. Para ello ha actuado en “contubernio, primero con el agente del Ministerio Público, Gabriel Hernández y Caso, y ahora con el secretario de acuerdos del Juzgado Penal, Julio Espinosa Moreno, quienes han procedido en el asunto con una celeridad que no acostumbran y cometiendo cualquier cantidad de atropellos”.

Por ejemplo, señaló, se supone que Gustavo Adolfo Jiménez Arroyo presentó la denuncia en su contra el mismo día en que su barda se vino abajo, el 4 de mayo de 2006, pero sólo dos meses y medio después —el 18 de julio de 2006—, el Agente del Ministerio Público, Gabriel Hernández y Caso, realizó una inspección del lugar, violando lo establecido por el artículo 66 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del estado de Puebla, “que lo obliga, cuando se inicia una querella, a trasladarse al lugar de los hechos para constatarlos”.

“El agente del Ministerio Público debió realizar la inspección, incluso pudo detenerme porque estaba en flagrancia, pero sólo va al lugar donde presuntamente se cometió el delito 75 días después, como consta en la averiguación previa 338/2006/Huauchinango —de la que este medio tiene copias—. Justamente 15 días después de que trabajadores de Jiménez Arroyo habían alterado la barda caída y tumbado la estructura de su cochera, pues esta pared sólo era divisoria y no cargaba nada, pero eso sí, hicieron aparentar que los daños habían sido mayores y que se había afectado toda su casa”, refirió Lazcano Morales.

Comentó que el fiscal nunca lo citó para darle a conocer la acusación en su contra o declarar respecto a ella, como está obligado por el artículo 21 de la Constitución. Tampoco agotó el procedimiento de mediación a que está obligado por Código Penal del estado en caso de delitos patrimoniales, pues se le acusa de daño en propiedad ajena.

“Nunca renuncié a este derecho —al de la mediación— pues no se me dio oportunidad. Pero luego, en el juzgado pudieron no seguir violando mis garantías individuales (sic), regresándole al MP la averiguación, como normalmente sucede cuando hay violaciones formales al procedimiento, como en mi caso, pero no lo hicieron, todo fue al contrario”.

El perito de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Tomás González Esquivel, “realiza un supuesto peritaje el 26 de septiembre de 2006, en el que en dos hojitas sólo enlista los supuestos daños sufridos en la propiedad de los Jiménez, y de la nada, porque no dice qué criterios tomó en consideración, determina que los daños fueron por la cantidad de 711 mil 270 pesos.”

Según Lazcano Morales, la cereza que corona el pastel es que “uno de los abogados de Jiménez Arroyo es quien entrega la averiguación en el Juzgado Penal de Huauchinango, cuando es personal de la Procuraduría el que está obligado a hacerlo y ya en el Juzgado siguen las violaciones. La averiguación es recibida el 11 de julio de 2007, con el oficio de consignación 62/2007, y se le asigna el número de proceso 203/2007. Al día siguiente, el 12 de julio, es librada la orden de aprehensión en mi contra y ese mismo día agentes de la Policía Judicial empiezan a rondar mi domicilio y mi negocio para tratar de detenerme.”
Al empezar a ser acosado por la Judicial, Lazcano Morales solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión, en el que le concedieron la suspensión provisional y se presentó a declarar ante el Juez Penal de Huauchinango. Ahí ofreció distintas pruebas a su favor, como un peritaje en construcción y estructuras que determinó que la caída de la barda de la propiedad de los Jiménez se debió a la falta de mantenimiento, el consecuente deterioro y lo antiguo de la construcción, además de que no tenía cimientos, trabes ni cadenas y estaba hecha de adobe.

También presentó un avalúo que cuantifica los posibles daños en 60 mil 605 pesos, así como las licencias de construcción, la declaración de algunos testigos, pero estas pruebas no fueron tomadas en cuenta por el Juzgado Penal. “Para dictar el auto de formal prisión, el secretario no tomó en cuenta las pruebas que ofrecí, sólo las enumera y, al contrario, dice que me hunden más. Sólo se limitó a reproducir lo que dijo el MP para ejercer acción penal y con eso tiene probada mi presunta responsabilidad. Pero la verdad es que no podía ser de otra forma, este funcionario le debe su cargo a los Jiménez, el es secretario de este tribunal desde 1985, cuando se creó, y fue en la casa de los Jiménez Morales donde se repartieron los cargos y se decidió qué personas los ocuparían, hace ya 22 años. Seguramente son muchos más los favores que el secretario les debe a los Jiménez, para pisotear la ley de manera tan descarada. Yo acudiré a todas las instancias legales que tenga a la mano para presentar esta denuncia, a los organismos de defensa de los derechos humanos, es lo que me queda como ciudadano común y corriente”, anunció Lazcano Morales.