PAN y PRD irán por el juicio político vs Marín

Revelan los legisladores de esos partidos, Valentina Batres y Guillermo Velázquez

Los diputados federales aseguran que para llevar el proceso en contra del gobernador poblano tienen el respaldo de sus respectivas bancadas. “Vamos por el juicio. Hay motivos”, dijo la perredista

Selene Ríos Andraca

Las bancadas del PAN y del PRD en el Congreso de la Unión —que formarían una mayoría— promoverán el juicio político en contra del gobernador Mario Marín Torres porque la investigación del ministro Juan Silva Meza determinó que sí hubo concierto de autoridades para violentar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Aunque una mayoría de seis ministros desechó aprobar la pesquisa del ministro Silva Meza en torno al actuar de Mario Marín en la detención y violación de las garantías individuales de la autora de Los Demonios del Edén, los legisladores Valentina Batres Guadarrama del PRD y Guillermo Velázquez del PAN, aseguraron tener el respaldo de sus respectivas bancadas para promover el juicio político contra el mandatario.

Una vez que La Jornada y W Radio difundieron la conversación de Mario Marín con Kamel Nacif, la cual dejó al descubierto la conjura entre las autoridades para que Kamel Nacif obrara su venganza contra Cacho Ribeiro, la LIX legislatura le requirió a la Suprema Corte de Justicia que investigara de acuerdo al artículo 97 de la Constitución si Lydia Cacho había sufrido violaciones graves durante su detención y estancia en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Miguel en diciembre de 2005.

En abril de 2006, la Suprema Corte le dio entrada al caso. En septiembre de ese mismo año, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, hoy presidente de la Corte, presentó un proyecto que exoneraba al gobernador, empero, por una mayoría de votos, los ministros optaron por ampliar la indagatoria y cayó en manos de Juan Silva Meza.

En enero de 2007, la Corte decidió que la investigación incluyera, además de la conversación Kamel-Marín como “hipótesis a comprobar” que se investigaran las redes de pederastia, prostitución, explotación y pornografía infantil.

En junio de ese mismo año, Juan Silva presentó el resultado de su investigación que inculpaba a Mario Marín, Javier López Zavala, Blanca Laura Villeda y Guillermo Pacheco Pulido, entre otros funcionarios marinistas y del gobierno de Quintana Roo, pero la mayoría de los ministros, a propuesta de José de Jesús Gudiño Pelayo, decidieron aplazar la resolución para adaptar el dictamen a un nuevo reglamento de investigaciones.

En agosto, la Corte dio a conocer las pautas de su nuevo reglamento para establecer recomendaciones en caso de violaciones a las garantías individuales, las cuales incluían, entre otras cosas, omitir una recomendación de sanción. Es decir, eliminar de las resoluciones la recomendación de juicio político.
En noviembre, tras una ardua discusión de la Corte, en la que cuatro ministros —Genaro Góngora, José Ramón Cossío, Juan Silva y Gudiño Pelayo— pelearon para evitar la impunidad, seis ministros marinistas se impusieron y votaron a favor de ésta.

Debido a que los cuatro ministros argumentaron que la investigación contenía pruebas fehacientes de la culpabilidad de Marín Torres y sus funcionarios más cercanos, la actual legislatura en la Cámara Baja procederá a iniciar un juicio político contra Marín.

A decir de Guillermo Velázquez, coordinador de los diputados panistas poblanos en San Lázaro, su bancada no ha claudicado en la promoción de un juicio político contra Marín, pues a su decir hay pruebas suficientes para declararlo culpable.

El legislador aseguró que su compañero Diódoro Carrasco no tiene congelada la petición de juicio político, sino que éste estaba a la espera de la resolución del máximo tribunal del país.

Según el panista, la investigación de Silva Meza y el engrose —anexo de discusiones en torno al tema— será entregado a la Cámara de Diputados a más tardar en enero próximo.

Por su parte, Valentina Batres —quien acudió a las sesiones de la Corte que trataron el asunto— lamentó la resolución de la Corte, pero dijo que no es impedimento para que el juicio político siga en pie.

“Lamentamos y responsabilizamos a los ministros de la SCJ que votaron en contra, de reconocer que había lugar a declarar violaciones graves a la Constitución por violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y de haber sacado del cuerpo de la investigación que llevó a cargo el ministro Silva Meza el tema de pederastia en el país.”

Para la legisladora perredista, el resultado de la votación en la Corte fue resultado de una negociación política entre Marín y los ministros: “Fue una negociación política. Desde el día miércoles, en el debate que daba la Suprema Corte podíamos adivinar la posición del ministro Anguiano, cuando se mofaba de que no había en el cuerpo de la investigación ningún dato, ninguna aportación documental o prueba que demostrara que en este país existían nexos con el poder público y la red de pederastia, aún y cuando el ministro Silva Meza tenía en su contenido que la comisión de la SCJN que se había entrevistado con las víctimas de Succar Kuri y de Kamel Nacif.”

Al preguntarle a la legisladora si hay posibilidades de que se inicie el juicio político, ésta respondió: “Claro que habrá posibilidades. Si la Corte renunció a ver lo que es completamente visible en la violación grave a las garantías individuales de Lydia Cacho y que existe un problema grave donde hay colusión entre el poder público de Puebla y la protección a la red de pederastas, claro que aquí no vamos a renunciar a nuestra facultad. Es visible para el universo de diputados.”

Según Batres, los perredistas están convocando a las dos terceras partes de los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo para que este jueves a las 11 de la mañana se trate el tema: “Ya que los presidentes no se atrevieron, no tienen valentía y no tienen responsabilidad pública para darle sentido a una comisión que pretende acabar con la impunidad.”

—¿Que no cante victoria Marín, diputada? — Vamos por el juicio. Hay motivos. No es vinculatoria la conclusión de la Corte. Es otro poder. Y vamos a asumir la responsabilidad que nos toca. No ha acabado este caso— remató Valentina Batres.