Piden renuncia de ministros

 

Señalan organizaciones ciudadanas que la SCJN le brindó protección al Gobernador de Puebla

 

Así lo dijo

 

"Se han demostrado incompetentes (los ministros) porque hicieron lo contrario a lo que pediría la ciudadanía".
Alberto Athié
Presidente de Iniciativa Ciudadana por el Cambio Democrático

 

 

Héctor Guerrero / Agencia Reforma

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Miembros de organizaciones ciudadanas de defensa a los derechos de los menores exigieron ayer la renuncia de los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que votaron a favor de la absolución del Gobernador de Puebla, Mario Marín.


Las asociaciones Red por los Derechos de la Infancia, Iniciativa Ciudadana por el Cambio Democrático, Infancia Común, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) y otros ciudadanos denunciaron, en conferencia de prensa, la protección que el máximo tribunal de la Nación brindó al político poblano al tiempo que desconocía las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.


"Si la misión de la Suprema Corte es interpretar la Constitución y, sobre todo, la de salvaguardar los derechos y las garantías correspondientes a esos derechos de los ciudadanos, se han demostrado incompetentes porque hicieron lo contrario a lo que pediría la ciudadanía. Pedimos que, por dignidad, presenten su renuncia", manifestó Alberto Athié Gallo, presidente de Iniciativa Ciudadana por el Cambio Democrático.


El fallo en el caso de Lydia Cacho, coincidieron las asociaciones, tuvo dos características que lo volvieron "doblemente peligroso".


En primer lugar, los debates de la Corte estuvieron encaminados a interpretaciones abstractas de los hechos y fueron desechadas las motivaciones fundamentales, afirmaron.


"Buscaron simplemente la legalidad o no de las pruebas sin buscar, aunque fuese ilegal esa prueba, la vinculación con lo que ocurrió efectivamente y que violentó las leyes y procedimientos desde los municipios hasta el estado de Puebla y más tarde a la federación", argumentó Athié Gallo.


Además, opinó, aunque se hizo una constante violación a los derechos de Lydia Cacho, las autoridades evadieron su responsabilidad histórica por haber considerado ilegal la prueba.


Las organizaciones analizaron la posibilidad de formar un observatorio que, a la manera de un órgano contralor, vigile las actuaciones y fallos de los jueces de todos los niveles del sistema judicial mexicano.
Por su parte, Joaquín Aguilar, miembro de SNAP, calificó de negligente la decisión de la Corte al no abordar a fondo el problema de abuso sexual contra menores.

 

 

 


 
 
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