Marín y su consejero embisten a la Corte


—Tercera parte—


A continuación, la última entrega del recuento publicado por CAMBIO el año pasado sobre las constantes declaraciones de los distintos encargados de despacho de la administración marinista contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Efraín Núñez Calderón

 

Después del resolutivo del 19 de septiembre, en el que por mayoría de votos los ministros determinaron extender las investigaciones sobre el escándalo —así como nombrar a una nueva comisión investigadora para profundizar respecto de la relación entre el gobernador y Kamel Nacif—, la estrategia mediática del Gobierno cambió completamente.


Desde ese momento, los señalamientos y las descalificaciones contra la Corte ya no se presentaron de forma velada, sino directa e insistentemente. No obstante, a que a través de un comunicado Marín dio la “bienvenida” a esta decisión, el primero en abrir fuego fue el consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz, quien el 20 de septiembre acusó en rueda de prensa que “con las indecisiones por parte de los ministros se debilita al máximo órgano de justicia en el país”.


Incluso, acusó que con la extensión de las investigaciones se “están violentando las garantías individuales del gobernador Mario Marín, con el objetivo de llegar a una verdad.” También criticó severamente las posturas que vertió en pleno el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, hoy encargado de la nueva línea de investigación:


“Realmente, el ministro Gudiño Pelayo dijo que se iba a investigar y después dijo que no está conforme con lo que se investigó. Creo que es un problema serio. Imagínense ustedes que se hubieran cambiado a los magistrados que investigaron; éstos se verían responsables de no haber cubierto las expectativas de los ministros, más cuando tenían toda la libertad para investigar”.


Aunque en su declaración del 19 de septiembre, el consejero jurídico dejó entrever que la decisión de la Corte tiene un carácter político, Velázquez Cruz se desdijo un día después: “Dije que se trataba de una cuestión de índole político, porque si fuera un proceso judicial los ministros estarían facultados para dar una sentencia, pero no es proceso judicial, sino una investigación”.


Para Velázquez Cruz, en la investigación del Caso Marín-Cacho se están violentando las garantías individuales del gobernador, debido a que se le deja en estado de indefensión al no proceder el juicio de amparo o algún otro tipo de recursos:


“Todos tenemos derecho a una certeza jurídica, y en el momento que éstos se están creando, nos dejan en estado de indefensión porque no procede el amparo, no procede recurso, más del ámbito humano que del jurídico. Esta premisa la hicimos valer en otros momentos, con diversos escritos que nos extraña que no hayan sido discutidos en pleno. Todo individuo gozará de garantías individuales, a menos, que se restrinjan o suspendan, es decir, la Constitución tiene que restringir o suspender garantías. El artículo 197 no dice que se tengan que violentar las garantías del gobernador para llegar a una verdad”, sentenció.

 

“La suprema Corte nos tiene en jaque”


El gobernador secundó a su defensor en estos señalamientos contra la SCJN en entrevistas que ofreció a algunos medios de comunicación, como parte de un nuevo relanzamiento de su imagen: “La suprema Corte nos tiene en jaque”, fue una de las frases acusatorias con las que el mandatario se refirió al máximo órgano judicial, que al principio de la investigación se ufanó en respetar.


Una semana después de la decisión de los ministros, Mario Marín fue entrevistado en el programa matutino de noticias de Organización Radio Oro que conduce Iván Mercado. En dicha conversación dijo sentirse “desesperado y sorprendido por esa actitud”, además aseguró que la intención del escándalo es “maniatar al gobernador y mantenerlo en el banquillo de los acusados”.


Sostuvo que en la detención de la escritora no hubo ni una gota de sangre ni violación alguna: “Además se trató de una persona, no de una colectividad, como lo señala la Constitución. Entonces, aquí tienen al Gobierno del estado en jaque”. “(En jaque) Porque no resuelven, al sector privado que le interesa la legalidad le da cierto resquemor, pero no se han parado inversiones”.


Insistió en su velada desconfianza en que los ministros de la Corte puedan caer en tentaciones con tintes políticos y consideró gravísimo usar las conversaciones telefónicas —dadas a conocer desde febrero pasado por La Jornada y Carmen Aristegui—: “Pero, lo peor, sería gravísimo que se haga institucional el espionaje telefónico y que al rato nadie pueda hablar por teléfono por temor a que lo graben, y que al rato lo usen en su contra en un chantaje familiar, personal, de negocios o político. Espero, que por el bien de este país, no se llegue a esos extremos, porque además son contrarios a la Constitución Política de México, ya que el artículo 16 prohíbe tajantemente y no le da ningún valor probatorio a una conversación telefónica”.


Ese mismo, día por la mañana, en entrevista concedida a Televisión Azteca Puebla, el mandatario criticó que dentro de las investigaciones de la SCJN se profundice sobre la pederastia, pues aseguró que dicho tema “pretende confundir a los ciudadanos”:
“De tal manera que la misma Corte ha distanciado el tema de la violación de los derechos humanos. El tema que la Corte está investigando si hubo o no violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho. Ése es el tema a investigar. La Corte no puede entrar a investigar otros temas porque no se los concede la Constitución”.

Atentados contra la libertad de prensa
A la par de esta campaña de defensa atacando a la Corte, el Gobierno del estado comenzó una estrategia más, al tratar de quitar de su camino a los medios de comunicación que critican su administración y el escándalo Marín Cacho.
Así lo corroboró a este rotativo la escritora y periodista Lydia Cacho, cuando reveló que el ex vocero y actual líder estatal del PRI, Valentín Meneses, pactó con Salvador Martínez la salida del aire del programa radiofónico “La quintacolumna” conducida por Mario Alberto Mejía y Arturo Rueda, director y subdirector de diario CAMBIO.
Asimismo, el gobernador tronó contra estos comunicadores en una entrevista ofrecida el pasado 27 de septiembre al periodista Jesús Manuel Hernández. En dicho espacio acusó que tanto Mejía como Rueda lo han perseguido y tienen consigna para atacar a él como a sus colaboradores. Así lo dijo al rechazar que haya propiciado su salida del aire:
“Curiosamente los compañeros a los que te refieres, ellos sí me han perseguido, porque no sé cómo puede vivir un programa en el que todos los días se han dedicado a atacar, atacar y atacar con fundamentos o sin ellos… ¿Es que no hay otras noticias qué informar? ¿Qué no hay otros temas? Cuando algo lo hace así, como ellos lo hacían, por consigna… O sea, su papel era pegar… Y si no era el gobernador, era uno de sus colaboradores… Pegarles hasta el cansancio”.
Ricardo Velázquez hizo lo propio contra esta casa editorial, cuestionado sobre otros escándalos, como la aprobación del irregular contrato del Complejo Cultural Siglo XXI a favor de Televisión Azteca. De hecho, en el pasado ya había desestimado la información publicada en diversos medios de comunicación como La Jornada, contra el que el 2 de agosto Velázquez aseguró que “les gusta hablar y mentir”. Lo anterior luego de la publicación, en el sentido de que la Corte fallaría a favor de Lydia Cacho.

 

Villeda Martínez: La confrontación
Durante el tiempo de la investigación la llamada “procuradora de hierro” Blanca Laura Villeda Martínez ha promovido una serie de recursos legales con el objetivo de ampararse de las decisiones de la Corte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra Mujeres, y de igual forma, ha acusado a los miembros de estas instancias al tiempo de establecer una guerra de declaraciones con la periodista Lydia Cacho.
También durante estos meses ha librado una lucha frontal contra un cáncer que le aqueja, situación por la cual ha tenido recaídas y diferentes intervenciones quirúrgicas. Lo anterior no la ha detenido en sus diversas estrategias legales que, muchas de las cuales se ha deslindado la propia administración marinista.
Después de un largo tiempo de recuperación después de una intervención quirúrgica, Villeda Martínez reveló a la opinión pública su batalla contra el cáncer de mama. El pasado 4 de abril dijo rompió el silencio y aceptó tener diferencias de trabajo con el entonces director de la judicial Adolfo Karam Beltrán.
Cuando en abril la Corte atrajo las investigaciones del escándalo, Villeda Martínez como los demás personajes involucrados por parte del Gobierno se mostraron respetuosos y confiados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“Definitivamente la Corte es nuestro máximo tribunal federal y estoy convencida de que procede de acuerdo a derecho. Si decide no intervenir es por que realmente no existen elementos. Nosotros siempre actuamos conforme al Estado de Derecho y que el que acusa está obligado a probar, y si no están probando nada es porque no hay nada”, declaró confiada el pasado 17 de abril.

“No se puede defender la Constitución violándola”
Las divergencias de la procuradora con la opinión de los ministros se dio desde el momento en que algunos de ellos como Genaro Góngora Pimentel señalaron la existencia de indicios para suponer que las garantías de la periodista Lydia Cacho fueron violadas en su detención y aprehensión.
El 20 de abril, Villeda Martínez dijo sentirse completamente conforme una vez que la Corte decidió investigar, no obstante criticó que se pretendiera utilizar la conversación Marín-Nacif como prueba en las pesquisas: “Los ministros que comentaron esto se basaron en las llamadas telefónicas que son una franca violación a la constitución y carecen de cualquier valor probatorio.  Ni siquiera pueden considerarse como indicios. Y eso el propio ministro Genaro Góngora lo escribió en uno de sus libros. Les puedo decir que jurídicamente me pareció muy correcta la apreciación del presidente de la Corte, el ministro Mariano Azuela, porque no se puede defender la constitución a través de la violación de la misma. No obstante estoy completamente conforme (…) Esto nos va a permitir tener la confianza de que la verdad va a salir a la luz. Se va a demostrar que como gobierno hemos actuado siempre con estricto apego a la ley y eso es una tranquilidad para mí”.
Posterior a ello vino el desfile de funcionarios ante los magistrados Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, así como las comparecencias de los policías judiciales ante el Congreso del Estado en abril, mismas que se dieron a puerta cerrada, no obstante trascendió las contradicciones en las que cayeron los captores de Cacho.

Villeda vs Cacho, Villeda vs Káram
A pesar de haber sido censurada por el secretario de Gobernación en varias ocasiones, Blanca Laura Villeda Martínez abrió fuego comenzando una guerra de declaraciones contra la periodista Lydia Cacho. El punto más álgido de esta pugna se dio el 19 de julio pasado cuando la funcionaria le exigió que se limite a tratar por la vía jurídica la denuncia que presentó contra el gobernador y de ella misma y que “se abstenga de ligar dicho tema al caso del pederasta Jean Succar Kuri: “De ninguna manera el asunto de Succar Kuri tiene que ver con nosotros. Se está investigando por las autoridades de Cancún, Quintana Roo, porque ahí se cometieron los delitos y por eso ordenaron la aprehensión de este señor. Nada tiene que ver con el asunto de Lydia Cacho.”
En fechas posteriores, Villeda retó a la escritora a someterse al detector de mentiras y se ufanó cuando ésta rechazó la invitación: “Lydia Cacho me tuvo miedo”, declaró a la prensa el pasado 26 de julio.
Pero la procuradora también se confrontó con el ex director de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán. Sus diferencias llamaron la atención de los reflectores en su punto más álgido con la salida de Karam de la Policía Judicial. Luego con la publicación del video en que Villeda llama pendejo a su ex compañero, conflicto suscitado por la cuestionada detención de un narcomenudista, se supo todo:
Y es que ambos personajes se pelearon por el liderazgo de la dependencia. En este desencuentro evidenciado mediáticamente Villeda Martínez defiende su rol como jefa de Karam e incluso se interpreta como la razón de la salida del también ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes de la administración marinista: “de alguna manera yo tenía que imponer mi autoridad”, confesó la funcionaria en entrevista con Televisión Azteca a finales de abril.

Desestimaciones y recursos jurídicos
Blanca Laura Villeda Martínez y el consejero jurídico Ricardo Velázquez han desestimado las investigaciones de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra Mujeres de la PGR, que analiza el caso con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas.
Pero también lo han hecho contra otras instancias como Amnistía Internacional quien señaló en mayo pasado consideró en un informe que se violaron los derechos humanos de Cacho Ribeiro durante su detención y encarcelamiento.
La respuesta de la procuradora fue calificar el informe de “parcial” y aseguró que este organismo “se dejó llevar con el dicho de una sola persona. Creo que fue parcial la resolución porque a nosotros como autoridades jamás nos tomó en cuenta”.
Según la procuradora de justicia del estado, Amnistía Internacional no le permitió al gobierno estatal ser escuchado para que en su investigación se consideraran todos los elementos y las circunstancias que se dieron en la detención de Cacho Ribeiro.
En junio hizo lo propio con el informe que presentó el Departamento de Estado Norteamericano sobre el tráfico de personas en el que se condena al gobernador Mario Marín por la detención de la autora del libro de “Los Demonios del Edén.”
La procuradora dijo que el informe fue realizado con información errónea, pues no se detuvo a la periodista por denunciar a una red de pederastas y traficantes de menores, sino por una denuncia que se puso en su contra: “Nunca se le detuvo por esa razón. Hubo un delito que está plenamente acreditado en el procedimiento y hay una probable responsabilidad. Nada tiene que ver con el tráfico de personas ni mucho menos. Es una cuestión de carácter internacional que el Gobierno federal tendrá que dar respuesta.”

 

Villeda Martínez: La confrontación

Aunado a lo anterior Villeda Martínez comenzó a presentar una serie de recursos legales para amparase contra las decisiones de de la SCJN. En junio la procuradora presentó un recurso de reclamación respecto de la designación Emma Meza y Oscar Vázquez como los encargados de investigar el caso.
Por esas fechas uno de sus incondicionales Hugo Isaac Arzola Muñoz, director de la Policía Judicial dekp entrever en una declaración que tenía dudas en cuanto a la resolución final que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al caso Marín-Cacho, ya que especuló sobre la existencia de intereses mediáticos y políticos en esta investigación. Al respecto recordó las declaraciones del ministro Genaro Góngora Pimentel, quien al inicio de las pesquisas señaló que en su opinión existen indicios de que sí se violaron las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
A pesar de las inconformidades la procuradora declaró el 22 de junio que respeta a la Suprema Corte de Justicia y que además confiaba en ella: “por lo que los recursos legales que interpuso ante el mayor órgano de justicia en el país no son muestra de desconfianza sino un recurso al que, como ciudadana que es, tiene derecho de ejercer.”
Luego de que el pasado 2 de agosto trono contra el periódico La Jornada por publicar que la resolución iría a favor de Lydia Cacho, Villeda Martínez también celebró la supuesta exoneración del gobernador que al igual que Marín, esperaba que se diera a mediados de septiembre.

“La irrupción de la procuradora”
El caso más extremo de la actitud de la procuradora contra la SCJN fue la supuesta irrupción violenta de la funcionaria en las oficinas de la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Relacionado con Actos de Violencia en contra de las Mujeres, mismo que fue narrado por la empresa CIMAC Noticias.
Villeda Martínez rechazó haber llegado a las instalaciones de la fiscalía acompañada de diez escoltas armados y dos notarios públicos para exigir que se le atendiera y le tomaran declaración, como indiciada en la investigación que se hace del Caso Cacho. De acuerdo con lo publicado por CIMAC Noticias, esta fue la segunda ocasión que Villeda presiona a la Fevim:
“Esta es la segunda ocasión que Villeda, quien otorgó la orden de aprehensión contra la periodista Lydia Cacho en diciembre pasado,  aparece en la Fevim con la actitud de presionar a esta Fiscalía y tratar de conseguir información confidencial de un caso que implica directamente al gobernador Mario Marín”, destacó dicha publicación.

 

 

LLAMADOS

Los señalamientos y las descalificaciones contra la Corte ya no se presentaron de forma velada, sino directa e insistentemente. No obstante, que a través de un comunicado Marín dio la “bienvenida” a esta decisión, el primero en abrir fuego fue el consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz, quien el 20 de septiembre acusó en rueda de prensa que “con las indecisiones por parte de los ministros se debilita al máximo órgano de justicia en el país”.

 

En la investigación del caso Marín-Cacho se están violentando las garantías individuales del gobernador, debido a que se le deja en estado de indefensión al no proceder el juicio de amparo o algún otro tipo de recurso.

 “La suprema Corte nos tiene en jaque”, fue una de las frases acusatorias con las que el mandatario se refirió al máximo órgano judicial, que al principio de la investigación se ufanó en respetar.

El mandatario poblano dijo sentirse “desesperado y sorprendido por esa actitud”, además aseguró que la intención del escándalo es “maniatar al gobernador y mantenerlo en el banquillo de los acusados”.

 

 “De tal manera que la misma Corte ha distanciado el tema de la violación de los derechos humanos. El tema que la Corte está investigando es si hubo o no violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho. Ese es el tema a investigar. La Corte no puede entrar a investigar otros temas porque no se los concede la Constitución”.

 “Curiosamente los compañeros a los que te refieres, ellos sí me han perseguido, porque no sé cómo puede vivir un programa en el que todos los días se han dedicado a atacar, atacar y atacar con fundamentos o sin ellos… ¿Es que no hay otras noticias que informar? ¿Qué no hay otros temas? Cuando algo lo hace así, como ellos lo hacían, por consigna… O sea, su papel era pegar… Y si no era el gobernador, era uno de sus colaboradores… Pegarles hasta el cansancio”.

El pasado 4 de abril rompió el silencio y aceptó tener diferencias de trabajo con el entonces director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.

Blanca Laura Villeda Martínez abrió fuego y comenzó una guerra de declaraciones contra la periodista Lydia Cacho

 

Blanca Laura Villeda Martínez y el consejero jurídico Ricardo Velázquez han desestimado las investigaciones de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra Mujeres de la PGR, que analiza el caso con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas.

La procuradora dijo que el informe fue realizado con información errónea, pues no se detuvo a la periodista por denunciar a una red de pederastas y traficantes de menores, sino por una denuncia que se puso en su contra: “Nunca se le detuvo por esa razón.

El caso más extremo de la actitud de la procuradora contra la SCJN fue la supuesta irrupción violenta de la funcionaria en las oficinas de la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Relacionado con Actos de Violencia en contra de las Mujeres, mismo que fue narrado por la empresa CIMAC Noticias.

 

 


 
 
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