El presidente de la Corte es promarinista

 

Efraín Núñez Calderón

 

El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, se ha caracterizado durante la investigación del affair Marín-Cacho por una postura a favor del gobernador Mario Marín, cuestión que quedó en evidencia en la propuesta de exoneración del mandatario poblano, misma que expuso ante el pleno de la Corte el pasado 19 de septiembre.


En algunos sectores de la sociedad mexicana el hoy presidente de la Corte ha sido calificado de un ministro conservador, cercano a su antecesor Mariano Azuela Güitrón. En ese sentido, el semanario Proceso analiza en su edición de la primera semana de 2007. Según este medio de comunicación, la propuesta de Mayagoitia  se basa “en un plan de trabajo ejecutivo, prácticamente con la misma estructura, aunque busca que la administración esté más definida en las reglas de la SCJN y deje de someterse al vaivén del estilo personal de quien llegue a la presidencia. Además apoya los juicios orales y la especialización de jueces y magistrados en delincuencia organizada pero sin mayores transformaciones”.


Uno de los temas pendientes de relevancia que la Corte tendrá que definir en esta nueva administración es el  escándalo Marín-Cacho, caso que fue enunciado por el propio ministro presidente durante su toma de protesta junto a otros relacionados con las controversias por el Reglamento de Juegos y Sorteos y la llamada Ley Televisa, así como los amparos contra la baja forzosa de militares por enfermedad, entre otros.


Aunque la última palabra en el escándalo por la detención y encarcelamiento de la autora del libro Los demonios del Edén la tendrá el pleno en su conjunto, cabe destacar los posicionamientos del hoy ministro presidente durante las discusiones.


Sin duda la más representativa fue la propuesta de exoneración presentada ante el pleno de la Corte el pasado 19 de septiembre. Ortiz Mayagoitia expuso en dicha sesión —con base en los dictámenes de los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín— que no existían pruebas de una “acción concertada” de las autoridades poblanas, incluido el mandatario, con la intención de perjudicar a la autora de Los Demonios del Edén “en represalia por la denuncia que hizo de una red de pederastia y pornografía infantil”.  El documento determinó, también, que las garantías de Cacho no fueron violadas.


Este proyecto fue defendido por Ortiz Mayagoitia hasta el final de la sesión, no obstante, su argumentación no recibió el respaldo de la mayoría de los ministros, por lo que con siete votos a favor se decidió desechar el dictamen que exoneraba a Mario Marín y se tomó la determinación de iniciar una nueva investigación considerando la relación amistosa o económica entre el mandatario poblano y el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge, amén de analizar el contenido de la polémica conversación entre ambos personajes por los “efectos” que tiene sobre el caso Marín-Nacif.


En ese entendido se designó al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo —uno de los más críticos contra Marín en la Corte— para que desde ese día fuera el nuevo coordinador de la investigación en contra del mandatario, de la titular de la PGJ, Blanca Laura Villeda Martínez, y de la juez quinto de lo penal, Rosa Celia Pérez González.


En dicha sesión los ministros Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y el propio Gudiño Pelayo fueron los que más criticaron el proyecto de dictamen expuesto por Mayagoitia, en el entendido de que a su parecer el mismo excluía la relación entre Kamel Nacif y Mario Marín.

 

Los indicios de Mayagoitia


Días antes de la sesión del 19 de septiembre, fuentes del Gobierno del estado informaron haber tenido acceso al proyecto de Mayagoitia, por lo que las autoridades poblanas comenzaron a reconocer la posibilidad latente de una exoneración a favor de Marín.


La posibilidad se hizo más cercana el lunes 18, cuando Ortiz Mayagoitia dio lectura a su proyecto en el que entre otras cosas concluyó que no se deberían de tomar en cuenta las grabaciones telefónicas entre Marín y el empresario textilero de origen libanés Kamel Nacif, por ser un acto anticonstitucional.


Tras hacerse evidentes las críticas contra el dictamen la resolución quedó en suspenso para el siguiente día en que se tomó la decisión de extender las pesquisas.


Sin embargo, esta no fue la primera vez que Mayagoitia tuvo una postura pro marinista. Tras su designación para elaborar el dictamen, la escritora Lydia Cacho Ribeiro consideró “delicado” que fuera Guillermo Ortiz Mayagoitia, el encargado de elaborar la propuesta, ya que el ministro fue uno de los principales oponentes de que el máximo tribunal de justicia en el país indagara en la violación a los derechos humanos que sufrió la periodista de parte de la Procuraduría General de Justicia y el mandatario poblano.

 

“Me parece sumamente delicado y lamentable que sea el mismo ministro que se negó a aceptar que había violación a los derechos humanos inicialmente, el que tenga que tomar la investigación y hacer la propuesta para la discusión en el pleno. Supongo que es por la estructura de la reglamentación de la Corte para este tipo de procedimientos.”

 


 
 
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