Calderón y Marín se verán la cara


Cuando era candidato prometió la destitución del “góber precioso”


Selene Ríos Andraca

 

Felipe Calderón Hinojosa, quien prometió correr al gobernador poblano de Casa Puebla por violentar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, hoy se verá cara a cara con su acusado Mario Marín Torres en una gira de trabajo en la Sierra Norte del estado.


El presidente de México estará junto a Mario Marín, a quien acusó de “atropellar la dignidad de una mujer y del pueblo a cambio de dos botellas de coñac”, en la comunidad de Hueytlalpan, donde ambos gobernantes lanzarán un par de programas de desarrollo social para combatir la pobreza de los 100 municipios más marginados del país.


Una vez que La Jornada y W Radio difundieron la polémica conversación entre el mandatario poblano y el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge, en la que ambos celebran la detención y violación de los derechos humanos que sufrió la autora de Los Demonios del Edén, Felipe Calderón en su papel de candidato del PAN a la presidencia de la República alzó la voz contra el mandatario, lo criticó, le sacó la “tarjeta roja” y hasta promovió una demanda de juicio político.

 
El 17 de febrero de 2005, durante un acto proselitista en San Pedro Cholula, Felipe Calderón llamó a todo el país “a poner un alto al gobierno de corrupción y de abusos de Mario Marín”, por lo que interrumpió sus actividades electorales para presentar ante el Congreso local una demanda de juicio político contra el mandatario.


En su primer acto de campaña en Puebla, el actual mandatario federal pronunció un discurso contundente y enérgico en contra de Marín, con frases como: “es repudiable y reprobable la conducta de este gobernador”.

 


Incluso, Calderón insistió en convocar los candidatos del PRI, PRD, Nueva Alianza y Alternativa Social para sumarse a las voces de los poblanos y exigir justicia en el caso de Lydia Cacho por la fragrante violación a los derechos humanos, de la que dijo: “Ha quedado debidamente probada”.    


Aquella tarde, frente a organizaciones civiles, expresó sobre los hechos revelados en la conversación telefónica entre Marín y Kamel: “Son absolutamente inadmisibles, que no respetan a los ciudadanos ni al país”.


Calderón enfatizó acerca de México y sus ciudadanos: “Debemos repudiar las prácticas de utilizar el poder para fines económicos personales, para atropellar los derechos humanos de una persona, sin importar quién sea y peor aún, en este caso porque implica el daño que le hizo a una mujer que investiga un hecho de pedofilia y abuso de niños”.


Visiblemente indignado aseveró: “No podemos admitir algo así ni mucho menos acostumbrarnos a este tipo de hechos. Si no se pone un alto a quien hasta en las palabras tiene trato vejatorio, que mancilla, que ofende, que lesiona, la próxima víctima vejada y violada puede ser cualquiera de nuestras hijas, madres, hermanas o esposas”.


Y su promesa no tiene pierde: “Mi gobierno no se detendrá en la lucha por la defensa de los derechos de hombres y mujeres, pero mucho menos en la de los derechos humanos de todas las personas”.


Una vez entregada la demanda de juicio político, Calderón se dirigió a Huejotzingo para culminar su gira por Puebla. Ahí, el entonces candidato junto con miles de panistas sacaron la “tarjeta roja” a Marín, en señal de que está expulsado del Gobierno del estado por “atropellar la dignidad de una mujer”.

 

Un juicio hechizo

 

 

Eran las cuatro de la tarde en la ciudad de Puebla, las puertas del Congreso estaban cerradas, los encargados de la seguridad del edificio impedían la entrada a cualquier persona. Pero al interior de la sede Legislativa se encontraba la diputada panista María de los Ángeles Gómez Cortés —entonces secretaria de la Mesa Directiva—, quien esperó al interior del edificio la llegada de Felipe Calderón para recibir la demanda de juicio político.


En el edificio legislativo sólo se encontraban los colaboradores de la bancada panista. No había nadie de administración ni la Oficialía de Partes. Las labores se suspendieron por órdenes del diputado priista Pericles Olivares Flores.


Aún así, Felipe Calderón arribó poco antes de las seis de la tarde al Congreso local para firmar, junto a la bancada panista local, una demanda de juicio político contra el gobernador poblano.


Felipe Calderón, en compañía de los legisladores panistas Víctor León Castañeda y Rafael Micalco, entró al Congreso y entregó a Gómez Cortés la demanda de juicio político, firmada por los 10 integrantes de la bancada albiazul y el actual Presiente de la República.  


Expuso: “Los legisladores locales no sólo deben constatar la veracidad de las grabaciones, sino también los hechos de vejación a la dignidad humana de la periodista, cometidos con el consentimiento del gobernador. No obstaste, también en este caso violó el pacto federal por la forma en que fue aprehendida y trasladada, se violaron sus garantías individuales, se violó el proceso legal y la libertad de expresión. De manera tal que los diputados de Puebla deberán dar curso a la investigación, precisamente investigar el fondo de los hechos y actuar en consecuencia. No se puede gobernar cuando se ha cometido una tropelía que marca un descaro tal como en este caso (…) Con ello se probará de qué lado está el PRI, en especial los diputados si están a favor de la gente y de los derechos humanos o no”.


Sin embargo, la demanda de juicio político que analiza la Comisión de Gobernación sólo tiene las firmas de los legisladores, y en ninguna copia anexa está el documento que Felipe Calderón firmó y mostró a medios de comunicación de corte local, nacional e internacional.


En la parte superior del documento aparece la hora de recibido, que coincide con la llegada del hoy Presidente de México a la sede Legislativa aquella tarde del 17 de febrero.


La demanda de juicio político argumenta: “El escándalo mediático en torno a Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de Puebla, por sus presuntas acciones u omisiones causa perjuicios graves al estado de Puebla, a la sociedad poblana y está motivando el trastorno en el funcionamiento de las instituciones constituidas”.


Es necesaria, dicta el documento, la investigación correspondiente por este Honorable Congreso, ya que es nuestra responsabilidad que un servidor público no utilice el poder otorgado para perjudicar a los ciudadanos, a quienes debería representar.


La demanda de juicio político que firmó “simbólicamente” Felipe Calderón exige el inicio de un juicio político contra Mario Marín, y la separación del cargo del mandatario y de la titular de la Procuraduría General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
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