Góngora Pimentel no es la Corte: Marín


Cuando el gobernador descalificó a la Corte


Desde los días 15 y 16 de noviembre, Diario CAMBIO publica un recuento sobre el doble discurso y las descalificaciones del Gobierno del estado contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la investigación del Caso Cacho.


Segunda parte


Efraín Núñez Calderón

 

Fue el 24 de abril, cuando se registró el primer desaguisado entre el Gobierno del estado y la Corte. Después de la declaración que dio el ministro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, en el sentido de que había elementos para considerar que las garantías individuales de Lydia Cacho fueron violadas durante su detención y encarcelamiento, el mandatario respondió, en uno de sus escasos encuentros con la prensa, con una descalificación: “Góngora y Pimentel no es la Corte. La Corte la integran 11 ministros”.


Las reacciones por dicha declaración llevaron al gobernador Marín para anunciar, el 28 de abril, que se analizaba la posibilidad de proceder legalmente contra el ministro. No obstante, en el discurso, se buscaba no desestimar la labor de la SCJN en su conjunto:


“La Corte la componen 11 ministros y mis abogados están valorando la posibilidad de hacer algo al respecto. Pero al momento vamos a confiar en el trabajo de la Corte en su conjunto. No podría descalificar a la honorable Corte por una declaración de uno de ellos. Finalmente son 11 los miembros quienes la integran y esperaremos que actúen conforme lo marca la ley y la Constitución. Con ello, al final espero demostrar nuestra inocencia”, respondió Marín Torres cuando se le cuestionó sobre las declaraciones del ministro.

 

Desde un principio Marín acusó de una presunta “extralimitación”


El 19 de junio, el periódico Reforma reveló a nivel nacional parte de la declaración que el gobernador Marín hizo ante la Corte, en el sentido de una presunta “extralimitación jurídica” por parte de este organismo, en caso de que se utilizaran las conversaciones con el textilero Nacif Borge.


Según dicho rotativo, en la opinión del mandatario se violentaría el Estado de derecho si la Corte utilizara como evidencia el espionaje del que fue víctima. Es decir, buscaba difundir un respeto absoluto a las instancias que investigan el escándalo, pero en el fondo evidenciaba una desconfianza en las deliberaciones de los ministros.


Al ser cuestionado sobre las declaraciones del gobernador, Ricardo Velázquez Cruz, consejero jurídico, indicó, el pasado 20 de junio, que no debe usarse la grabación de la supuesta conversación entre Marín y el empresario Kamel Nacif, ya que en su opinión esta prueba forma parte de un delito.


Mientras los magistrados, Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, realizaban las indagatorias correspondientes para presentar sus conclusiones el pleno de la Corte, al interior del Gobierno del estado se desataba una crisis sin precedentes que tuvo eco en la opinión pública, aunque se trató de esconder.
Durante los últimos días de abril, Adolfo Karam Beltrán dejó la Dirección de la Policía Judicial del Estado por diferencias con la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez, además fue nombrado subsecretario de Comunicaciones y Transportes, así lo reveló Javier López Zavala el 2 de mayo.


Posteriormente, Karam dejó el cargo a raíz de un nuevo videoescándalo por la detención de un nacomenudista. El material videográfico fue publicado meses después de su salida de la PGJ y en el se muestra que las relaciones con la titular de la PGJ siempre fueron ríspidas: “Yo soy la procuradora pendejo”, es una de las frases célebres de Villeda contra Karam, producto de dicho encontronazo evidenciado en dicho material publicado por el Universal en mayo pasado.

 

La descomposición del Gobierno y los nuevos audioescándalos
La crisis en la administración marinista llegó a un grado tal a principios de agosto que, el día 10 de dicho mes, se registró un nuevo encontronazo entre Javier López Zavala, secretario de Gobernación, y el alcalde capitalino Enrique Doger Guerrero.
La pugna esta vez se gestó por la revelación de Doger Guerrero, en el sentido de que Zavala le pidió que no externara opiniones respecto al escándalo del gobernador. López Zavala respondió acusando al munícipe de adelantarse en su búsqueda por la gubernatura. No obstante, Marín llamó a ambos a la mesura, pero las diferencias entre ambos personajes, aunque latentes, se encuentran en calma.


A lo anterior, se sumó la aparición de dos audioescándalos. Del primero de ellos —el cual apareció en agosto— Manuel Espino, presidente nacional del PAN, y Víctor Hugo Islas Hernández, delegado del CEN del PRI en Chiapas, sólo hicieron alusión de forma velada a un presunto apoyo económico de Marín a la campaña del candidato del PRI-AN a la gubernatura de ese estado.


El 19 de noviembre, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer dos grabaciones en las que se evidenció el apoyo, en 2004, del empresario Kamel Nacif a la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres. La noticia cayó como balde de agua fría para la administración de Marín, la cual trató inútilmente de deslindar al mandatario. Esta situación empeoró sin duda con la publicación, días después, de un desplegado por parte del empresario Nacif Borge, donde acepta que efectivamente sostuvo conversaciones con quienes se le ha vinculado.

 

El Gobierno celebró anticipadamente


A finales de agosto surgió la versión de una eventual exoneración de Marín en la Corte, luego de que el Pleno discutiera el asunto en septiembre. Al trascender el dictamen preparado por los ministros Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, en el que no se hallaron elementos para suponer culpabilidad por parte del gobernador, fue el momento para una celebración anticipada por parte del marinismo.


El propio Marín lo declaró así el pasado 15 de septiembre en el marco de las fiestas patrias y en medio de un excesivo dispositivo de seguridad: “Estamos confiados, siempre estuvimos confiados de que no cometimos ningún delito, ninguna falta, por eso esperamos que la resolución venga en este sentido. Esperamos que la resolución venga de esta forma para todos”.


Ante le pregunta de si es verdad que los marinistas conocían desde hace tiempo la resolución de la Corte respecto a la investigación, el mandatario poblano manifestó que lo único que el Gobierno del estado ha sabido desde siempre es que “no hay delito que perseguir”, por lo que dijo sentirse tranquilo.


Y es que desde el Gobierno se vendió esa idea desde principios de septiembre, la cual se fundamentó en el dictamen final de Meza Fonseca y Vázquez Marín.

 

 


 
 
Todos los Columnistas