Resuelve la Corte contra Judicatura

Niega Corte a consejo disponer de intereses de depósitos a juzgados hechos antes de febrero

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

La Suprema Corte de Justicia asestó un duro golpe contra el Consejo de la Judicatura Federal, al resolver en su contra una disputa financiera que mantenía desde febrero con Hacienda.

Se trata del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que fue instituido para aprovechar los intereses de los depósitos que por distintas razones reciben los juzgados federales durante los juicios.

El CJF, órgano que administra 560 tribunales federales, pretendía que se le entregaran los intereses generados por los depósitos realizados antes de la reforma por la que fue creado este fondo, que entró en vigor el 15 de febrero del 2006.

Pero el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), donde se hacen los depósitos, se negó a entregar el dinero y sostuvo que la nueva disposición no podía tener efectos retroactivos.

Ante la negativa, el CJF llevó la controversia ante la Corte y le solicitó realizar la interpretación del artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se contemplan las fuentes de recursos para el fondo.

El 28 de noviembre, en sesión privada, los ministros resolvieron que Bansefi y la SHCP tienen la razón.

"Los intereses para el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia serán exclusivamente aquellos que resulten de las inversiones que se hagan de los depósitos que se efectúen con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma", resolvió la Corte.

"Lo anterior, en el entendido de que los rendimientos que generen las cantidades depositadas hasta antes del 15 de febrero del 2006, corresponden al Bansefi", agregaron los ministros.

En consecuencia, la Corte revocó un artículo transitorio del Acuerdo General 22/2006, aprobado por el CJF en abril pasado, en el cual este organismo se había autoasignado los intereses generados antes de la reforma.

Esta fue la primera vez que la Corte utilizó su facultad para revocar normas emitidas por el CJF, desde una reforma constitucional de 1999, que le dio este poder a los ministros.

El CJF nunca tuvo conocimiento sobre el monto de los recursos que disputaba, según fuentes oficiales cercanas a la controversia, pues Bansefi se negó a informar al respecto.

Pero para darse una idea, basta señalar que del 15 de febrero al 15 de noviembre, los intereses generados por los depósitos ante juzgados ascendieron a 23.8 millones de pesos.

A esa cantidad se sumaron 12 millones de pesos por la venta de bienes decomisados a delincuentes federales, por lo que el patrimonio del fondo asciende actualmente a unos 34.4 millones, una vez descontados los gastos de administración.

El dinero ha sido distribuido entre varias casas de bolsa, pues la ley ordena invertirlo en "valores de renta fija del más alto rendimiento", amén que el fondo no está sujeto a las restricciones de anualidad del presupuesto de egresos.