Reabre la Corte queja de Bartlett


Ordenan iniciar juicio por contratos otorgados por Pemex en Cuenca de Burgos


Víctor Fuentes / Agencia Reforma

 

La Suprema Corte de Justicia ordenó ayer reabrir una demanda que el ex senador priista Manuel Bartlett y un grupo de legisladores presentaron en el 2004 para anular los contratos de servicios múltiples asignados por Pemex para la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos.
La primera sala de la Corte confirmó la sentencia dictada el pasado 24 de noviembre por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, que revocó la decisión de instancias inferiores y ordenó iniciar el juicio en lo que respecta a uno de los contratos asignados en el 2003.
Se trata del contrato que ganó el consorcio DS Petroleum, integrado por la brasileña Petrobras, la japonesa Teikoku Oil y la constructora mexicana Diavaz, que comprometieron inversiones por 265 millones de dólares, a 15 años, para perforar 100 pozos en un área de 231 kilómetros cuadrados.
En el 2005, el juez federal Fernando Rangel había desechado la demanda de Bartlett, sin analizar sus argumentos, por considerar que los legisladores tienen una representación política, pero no jurídica.
"Si bien la Nación podía tener un interés legítimo para ejercer la acción, lo cierto es que no fue promovida por el legítimo representante para actos jurisdiccionales de ella", indicó.
La decisión fue confirmada en marzo del 2006 por el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa y Bartlett acudió a su último recurso, el amparo ante el tribunal colegiado de circuito, que resolvió en su favor.
El pasado 5 de enero, en ejecución del amparo, el tribunal unitario ordenó al juez reabrir el proceso.
"Se están midiendo los alcances de la representación que ostentan los legisladores, por la naturaleza misma de su encargo, para accionar en el juicio de origen, siendo que esos aspectos deben ser materia de análisis en la sentencia definitiva, y no antes", explicó el tribunal.
El juicio, sin embargo, estaba detenido luego de que, el 15 de enero, los abogados de Petrobras pidieron la intervención de la Suprema Corte, que aceptó revisar el caso porque involucra la interpretación de los artículos 51 y 56 de la Constitución.
El primer de ellos menciona que los diputados son "representantes de la Nación". No obstante, la representación jurídica de la Federación siempre ha estado en manos de la PGR.


 
 
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