Demandan especialistas bajar gasto a partidos

Margarita Vega / Agencia Reforma

Académicos, periodistas y especialistas en materia electoral urgieron a impulsar una reforma que reduzca el financiamiento público a los partidos políticos.
El analista Jorge Alcocer indicó que las partidas que hoy se destinan a los partidos son producto de una reforma de 1996, y que pretendió combatir el abuso del entonces partido mayoritario, pero que permitió al resto de los partidos también abusar del erario.
Tan sólo entre 1991 y 2006, ilustró, los partidos recibieron recursos públicos por más de 27 mil 500 millones de pesos.
Para 2007, año en que no hay elecciones federales, sus prerrogativas alcanzarán los 2 mil 669 millones de pesos, poco menos de los 3 mil 64 millones erogados en 2000, cuando hubo elección presidencial.
Ante estos niveles de gasto, participantes en el seminario “Constitución, democracia y elecciones: la elección que viene”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, urgieron a evitar los excesos que permite el actual modelo de financiamiento partidista.
Alcocer propuso que los partidos generen sus propios recursos, a través de cuotas de militantes y un porcentaje de las dietas de sus legisladores.
El periodista Miguel Ángel Granados Chapa se pronunció por “desdinerizar” la política; es decir, reducir el financiamiento a los partidos, de tal forma que éstos se vean impedidos de contratar publicidad en radio y televisión.
Con esta medida, consideró el columnista, se podrá evitar que “el uso y abuso” de publicidad en medios electrónicos siga empobreciendo a la política y a las campañas electorales.
El ex consejero electoral Eduardo Huchim, propuso elevar las sanciones a los partidos que rebasan topes de campaña y reciben financiamiento ilegal durante su etapa proselitista.
Dijo que ambas irregularidades deben ser factores de anulación de una elección, al tiempo que se le impida al partido sancionado participar en los comicios extraordinarios.
Los participantes en la mesa Financiamiento de los partidos políticos, se pronunciaron por reformar la fórmula de financiamiento público, para que los partidos reciban ingresos proporcionales a la votación obtenida, así como para evitar que en una elección intermedia se reciban los mismos o incluso mayores recursos que en unos comicios presidenciales.