Da aval Gobierno a Napo

 

Daniel Pensamiento y Abel Barajas / Agencia Reforma

 

Napoleón Gómez Urrutia retomó --virtualmente-- las riendas del sindicato minero.
Sin la presencia del dirigente, en un acto a puerta cerrada, la Secretaría del Trabajo le restituyó la representación legal a él y a su comité nacional.
Su equipo dijo que la primera instrucción de Gómez Urrutia fue presentar una denuncia por homicidio industrial contra quienes resulten responsables de la explosión en la mina Pasta de Conchos, y revisar el proceso de indemnización a los familiares de las víctimas.
En la sede del sindicato nacional, los delegados a la convención extraordinaria, que iniciará hoy para ratificar a su restituido dirigente, festejaron que la Secretaría devolviera la toma de nota a Gómez Urrutia.
"Sí se pudo" y "el que no brinque es charro", gritaron los delegados, que comenzaron a llegar desde el domingo al hotel del sindicato.
Gómez Urrutia no regresará de Vancouver, Canadá, para asistir a la convención porque en México aún es perseguido por el delito de fraude.
Juan Luiz Zúñiga, primer vocal del Consejo de Vigilancia y Justicia del sindicato, dijo que esperan que Napoleón regrese al País a más tardar en 30 días, una vez que estén cerrados los expedientes penales.
Lo que sí habrá es un mensaje grabado para los 80 delegados de 70 secciones y 13 fracciones que votarán a puerta cerrada y a mano alzada la ratificación del dirigente.
Por el momento, quien ejerce las funciones de secretario general es el suplente de Gómez Urrutia: Constantino Romero.
Mientras tanto, la PGR "congeló" la averiguación previa iniciada por la falsificación de firmas en la toma de nota que llevó a Elías Morales al liderazgo del sindicato minero, según informó la defensa del ahora ex dirigente.
En calidad de indiciado, Morales acudió ayer por la mañana a la delegación metropolitana de la PGR para cumplir con un citatorio a través del cual fue requerido para entregar su firma y ofrecer un peritaje de descargo.
Pero la diligencia no se realizó porque el encargado del despacho, Juan Carlos García, le informó a Morales que, tras el robo del expediente y el despido de funcionarios, el caso no ha sido asignado a un agente del Ministerio Público.

 


 
 
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