Escudan a jueces federales


Invierten 30 millones de pesos en dos meses para proteger a los impartidores de justicia


Víctor Fuentes/ Agencia Reforma

El Poder Judicial de la Federación intensificó la protección de los jueces federales que atienden los asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
En los últimos meses el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) gastó más de 30 millones de pesos para reforzar la seguridad de los impartidores de justicia y sus instalaciones y blindar sus vehículos.
Según registros oficiales, el órgano de administración judicial invirtió el 29 de diciembre pasado 16.4 millones para comprar equipo de seguridad destinado a los juzgados en Toluca, estado de México y Puente Grande, Jalisco.
En estos lugares despachan los jueces federales a cargo de procesos contra la delincuencia organizada.
Los equipos fueron comprados a la empresa Ikusi-GS México, subsidiaria de la firma española del mismo nombre, especializada en electrónica y telecomunicaciones.
La misma compañía obtuvo el 31 de octubre pasado otro contrato de 5 millones de pesos, para instalar equipos de seguridad en el edificio sede del CJF, ubicado al sur de la Ciudad de México.
También para el cierre del año, la Judicatura asignó un contrato para blindaje de camionetas por 9.1 millones de pesos a la empresa Protecto Glass, que ha sido su proveedora habitual en esta materia.
Estos contratos son adicionales a los que rutinariamente firma el CJF con policías locales y empresas de seguridad privada para vigilancia en todos los palacios de justicia federal.
"Se han implementado arcos de detección de metales en los edificios judiciales, así como circuitos cerrados de televisión donde se perciben los movimientos que se dan en las áreas comunes de estos juzgados", explicó Javier Cardoso Chávez, coordinador de los magistrados federales adscritos al Estado de México.
Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, se reunió el sábado pasado en privado con todos los jueces federales del Segundo Circuito, adscritos al Estado de México.
Cardoso Chávez hizo posteriormente algunas declaraciones que fueron difundidas ayer en un comunicado del CJF.
En sus declaraciones, se refirió al asesinato en 2006 del juez René Hilario Nieto, quien estaba adscrito a Toluca. Hasta la fecha se desconoce la identidad de los agresores.
Nieto fue ejecutado en su vehículo, que según fuentes judiciales no estaba blindado, porque el juez consideraba que eso era una actitud de temor ante los delincuentes.
"Yo no creo que haya algún juzgador federal que por eventos de esta naturaleza esté pensando en retirarse o en abandonar su labor. Creo que es una actividad que todos amamos y todos estamos obligados de tiempo completo a realizarla",dijo Cardoso.
El magistrado también aclaró que no han recibido amenazas por la reciente extradición de capos del narcotráfico a Estados Unidos.
"No se ha visto ninguna reacción que tenga qué ver con situaciones como la reciente extradición de algunas gentes sujetas a procesos penales. En este circuito todo camina con normalidad hasta ahora", agregó el magistrado.


 
 
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