Avanza fallo de militares con VIH


La Corte comenzará a votar mañana en cada uno de los 11 amparos de militares portadores del virus VIH


Víctor Fuentes / Agencia Reforma

La Suprema Corte de Justicia rechazó este lunes una propuesta para enviar a tribunales inferiores los amparos de once militares portadores de VIH, planteada por un grupo de ministros que consideraba necesario desahogar pruebas periciales en materia de medicina.


La decisión, adoptada por ocho votos contra tres, significa que la Corte comenzará a votar mañana en cada uno de los amparos, y que estos seguramente serán concedidos por una mayoría similar a la que hoy se negó a reponer el procedimiento de los juicios.


Durante la sesión de hoy, la cuarta dedicada al tema, el presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia se sumó a seis colegas que desde la semana pasada consideraron que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es inconstitucional, al ordenar la baja forzosa e inmediata de militares por el sólo hecho de portar el VIH.


"Al modificarse el concepto inutilidad por el de padecimiento de una enfermedad, o de un contagio por el sólo hecho de ser seropositivo, se produce la inconstitucionalidad porque la única causa Constitucional que hemos admitido es la inutilidad en el servicio y no el padecimiento de una enfermedad", afirmó Ortiz.
El presidente también consideró que se violan garantías de no discriminación e igualdad al ordenar la baja por padecer "una enfermedad estigmatizada".


Los ministros Mariano Azuela, Salvador Aguirre y Genaro Góngora batallaron intensamente para convencer a sus compañeros de no tomar en cuenta el informe que dos médicos designados por la Academia Mexicana de Ciencias rindieron sobre el VIH, a solicitud del también ministro José Ramón Cossío.


En el dictamen, los especialistas afirmaron que los portadores del virus pueden pasar hasta diez años sin presentar síntomas, y que con el tratamiento adecuado conservan sus capacidades físicas y mentales.


En una larga exposición, Azuela recordó a sus colegas que en la mayoría de estos casos no se desahogó ante los jueces de distrito la prueba pericial médica, como ordena la Ley de Amparo, lo que permitiría tener absoluta claridad sobre si una persona infectada con VIH es o no apta para las tareas propias del Ejército.


También señaló que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que no califican como discriminatorios los requisitos para ingreso y permanencia en el servicio público, y lamentó que las características de este caso lleven a decir que hay "ministros buenos y malos".


"Se pasa por alto que para afirmar que no están inutilizados, sería necesario que los científicos tuvieran cabal conocimiento de todas y cada una de las actividades que el personal militar realiza cotidianamente, y de las circunstancias particulares en que lo hacen, conocimiento que no se ha probado que posean", dijo Góngora al referirse al dictamen recabado por Cossío.


"¿Habrán considerado los científicos la vida en el cuartel, donde los 103 elementos que integran una compañía duermen en camas contiguas?, ¿o las labores en zonas de desastre inundadas con aguas infectadas de mosquitos transmisores de enfermedades?".


Góngora retomó un memorándum que la Procuraduría General de Justicia Militar hizo llegar a los ministros.
Además detalló los efectos colaterales de algunos medicamentos que se utilizan para tratar a los portadores de VIH, en la etapa previa al desarrollo del sida.


Los esfuerzos de estos ministros, sin embargo, resultaron infructuosos, ante lo que ya parece una postura inamovible de la mayoría.


En la sesión de mañana tendrá que definirse el alcance y efectos de los amparos, así como el desechamiento de dos de las once demandas, pues en estos casos el militar interesado ya falleció.
La Ley del ISSFAM contempla una lista de más de 200 enfermedades contraídas fuera de servicio que, de afectar al militar por más de seis meses, provocan su baja del Ejército y la Armada.
Quienes llevan más de 20 años de servicios reciben una pensión y mantienen el derecho a atención médica, pero los demás sólo reciben una liquidación y pierden cualquier otro derecho.

 


 
 
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