Alcalde de Tlaltlauquitepec se niega a reponer licitación

 

Efraín Núñez Calderón

 

Pasando por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra en la Controversia Constitucional que promovió ante el máximo tribunal, Porfirio Loaeza Aguilar, presidente municipal de Tlatlauquitepec, se niega a reponer el proceso de licitación de la carretera Jalacingo-Xonocuautla, que fue impugnado por las constructoras ASG Global SA de CV y Constructores Civiles e Industriales SA de CV por irregularidades en la asignación.
Por su parte, fuentes del Congreso del estado revelaron a Cambio que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha emitido diversas observaciones al Ayuntamiento de Tlatlauquitepec con relación a la realización de la carretera, debido a la falta documentación referente a la licitación, la existencia de saldos sin comprobar, además de que la comuna no informó al OFS de los juicios que promovió contra la federación. 
En entrevista para Cambio, el edil Loaeza y Jesús Antonio Carlos Ramírez, encargado de Despacho de la Contraloría municipal, se contradijeron respecto a las irregularidades. El alcalde aseguró que el conflicto quedó resuelto con la culminación de la obra, mientras que el contralor manifestó que aún no se concluye la Controversia Constitucional emprendida por la comuna contra la decisión de la SFP. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló contra este Ayuntamiento como consta en documentos en poder de este diario.
Cambio publicó el pasado miércoles que en 2005, de manera irregular, el Comité de Obra Pública de Tlatlauquitepec —cuyo presidente es el edil Porfirio Loaeza Aguilar— dejó fuera de la licitación la modernización y la ampliación de la carretera alimentadora Jalacingo-Xonocuautla, a las empresas ACG Global SA de CV y Constructores Civiles e Industriales SA de CV.
Ambas firmas presentaron una queja ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP, que falló a su favor el 17 de octubre de 2005, decretando la nulidad de la licitación y obligando al Ayuntamiento a reponer el proceso. De igual forma, conminó a Fernando Soto Carmona, ex contralor, a implementar las medidas que eviten que se incurra en estas irregularidades, “mismas que restan transparencia y legalidad a los procedimientos de contratación”.
Con esta resolución, se confirmó que el Ayuntamiento había desechado ilegalmente la propuesta de las empresas citadas. Hay que decir que la adjudicación se le otorgó el 9 de septiembre de 2005 a la empresa Pagasa Construcciones SA de CV, de Salvador Gómez Galeana.

 

Loaeza no pudo acreditar su interés jurídico


Sin acreditar interés jurídico, el Ayuntamiento de Tlatlauquitepec emprendió varios procedimientos contra la decisión de la SFP. El primero de ellos fue en noviembre de 2005, ante la propia Secretaría, instancia que desechó el recurso de revisión, debido a que la estrategia jurídica sólo puede ser presentada por particulares, “ya que de otro modo serviría para hacer actos irregulares de autoridad”.
Al respecto, Jesús Antonio Carlos Ramírez, encargado de Despacho de la Contraloría —ante la salida de Fernando Soto Carmona, quien dejó su cargo para buscar uno de elección popular en el pasado proceso electoral— reconoció que el Ayuntamiento de Tlatlauquitepec no tuvo nunca ningún interés jurídico en este proceso. No obstante, trató de justificar la estrategia, asegurando que la misma se presentó en función de que la gente exigía que se terminara la obra.
El argumento principal de la SFP fue que la comuna no podía arrogarse el carácter de interesada, ya que el recurso de revisión sólo puede ser interpuesto por quien tiene interés jurídico en revocar la resolución de una inconformidad resuelta por la dependencia, y le recordó al alcalde que su carácter debe ser imparcial.
No obstante, Loaeza emprendió un amparo indirecto en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el cual solicitó la Suspensión Provisional y Definitiva de la sanción impuesta por la SFP; sin embargo, la justicia falló nuevamente contra la comuna.
Los artilugios legales no culminaron allí. Loaeza interpuso un recurso de revisión, misma que perdió, y el 6 de junio de 2006 se dictó la sentencia que puso fin al juicio de amparo donde se sobresee el juicio por improcedente, causando ejecutoria el 27 de junio de ese año. 
Documentos en poder de Cambio evidencian que Loaeza, a través de la sindicatura municipal, emprendió una nueva y última estrategia promoviendo una Controversia Constitucional ante la SCJN, que a la postre perdería, en función de que el Máximo Órgano de Justicia en el país falló a favor de las disposiciones de la SFP.
Aunque el Ayuntamiento rechaza haber perdido este procedimiento, asegurando que no hay una sentencia final, negándose sin fundamentos legales a reponer el procedimiento de licitación, argumentando que la obra ya está consumada, la justicia federal ya emitió una sentencia final.
El pleno de la Corte determinó: Primero. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de la Resolución 115.5.2645 dictada con fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco, por el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, por la que se resuelve la inconformidad 518/2005
Segundo. Se reconoce la validez constitucional de la Resolución de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, librada por el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo federal.

 

Los pretextos de Loaeza


Contradiciéndose con el encargado de Despacho de la Contraloría municipal, el alcalde Porfirio Loaeza se niega rotundamente a reponer el procedimiento de licitación. Su argumento principal es que la obra fue terminada, por lo que queda sin efecto la decisión se la SFP en el sentido de exigirle a la comuna que reponga el procedimiento de licitación:
“Al consumarse el acto queda sin efecto la sanción, y la prueba de ello es que a mí la Función Pública no me ha notificado nada una vez que se terminó la obra. Ningún documento me ha llegado de manera oficial respecto de una sanción o algún requerimiento”.
Y más, Porfirio Loaeza acusó de que los abogados de la constructora ACG Global SA de CV lo están “chantajeando”, para que a cambio de desistir de su protesta, el Ayuntamiento les favorezca con la realización de obra pública en el futuro:
“Me habló una abogada que me pedía la cantidad de un millón 600 mil pesos que representaba la empresa. Yo desconozco esto porque la que me tiene que notificar es la Función Pública. En dado caso lo que me podría ordenar la Función Pública es la reposición del procedimiento, pero como ya es un acto consumado de la obra y ya está entregada con el Gobierno federal, automáticamente queda sin efecto”.
Loaeza aseguró que en la licitación participaron la Secretaría de Desarrollo Social del estado, la CDI, la SCT, así como el Comité de Obra Pública del Ayuntamiento. Manifestó que fueron todas estas instancias las que determinaron dejar fuera a las dos constructoras debido a que no cubrían con algunas especificaciones legales al momento de unificarse:
“No cubrían el monto de garantía, tuvieron que unirse dos empresas para participar. Pero ahí en la unificación, estuvo el detalle por algunas cuestiones legales de credenciales de elector, de Hacienda y las demás empresas lo entendieron. La que ganó el concurso fue Pagasa”.
Loaeza asevera que no se tiene que reponer el procedimiento, debido a que a pesar de que el Ayuntamiento perdió el juicio de amparo contra las decisiones de la SFP, en la sentencia el juez le otorga tiempo a la comuna para terminar la obra:
“La obra se terminó en el momento. Ya notificamos de la entrega-recepción y mandamos fotos de cómo quedó la obra y ahí está, ya no hemos tenido nada al respecto. Si hubiera un requerimiento automáticamente tendría que reponer el procedimiento”, indicó.
En un intento por desviar la atención, el alcalde dijo a su favor que para muestra de que no hubo una situación irregular en la asignación de la obra a favor de la firma Pagasa Construcciones, se encuentra la aprobación de su cuenta pública de 2005; no obstante, hay que decir que la obra fue terminada en el 2006, por lo que la fiscalización de la carretera tendrá que justificarse en ese año y no corresponde a las finanzas aprobadas.
Por último, Loaeza desconoce que la Corte había fallado en su contra, avalando la sanción que le impuso la SFP.

 

“El procedimiento ya fue repuesto”


Contrario a lo que asegura su jefe, Jesús Antonio Carlos Ramírez, encargado de Despacho de la Contraloría —en sustitución de Fernando Soto Carmona, ex contralor que dejó el Ayuntamiento para buscar un puesto de elección popular en el pasado proceso electoral— aseguró que el proceso de licitación ya fue repuesto como lo solicitó la federación; sin embargo, la constructora Pagasa fue de nueva cuenta favorecida con la licitación:
“Sí se hizo la reposición del procedimiento en los términos que se establecieron. Pero la controversia constitucional que motivó la diferencia con la función pública no ha sido resuelta. Está en proceso de resolución, y de hecho nosotros estamos solicitando el sobreseimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública, en cuanto a la definición de la licitación de la obra. Toda vez de que la obra ya está concluida no hay materia para que se pueda reponer el procedimiento”.
Manifestó que el Comité de Obra Pública no podría fallar a favor de otra constructora en función de que los trabajos ya fueron terminados, y no se puede levantar la carpeta asfáltica ni las señalizaciones.
No obstante a toda su justificación, Carlos Ramírez reconoció que el Ayuntamiento no tiene ningún interés jurídico para inconformarse con las decisiones de la SFP: “No tenemos ningún interés directo respecto a que el fallo sea a favor de una u otra empresa, simplemente nos oponemos a esa resolución porque se observó que no era legalmente adecuada, en ese sentido fue que se presentó. De lo que nos manifiestan los consultores jurídicos es que nos obligaban a la reposición de un procedimiento de una obra que ya se realizaba. La misma obra ya estaba en proceso, reponer el procedimiento era parar todo y entregárselo a otra empresa. No podíamos detenerla porque la gente pedía que la obra ya se repusiera”.
Asimismo, rechazó que todas las estrategias emprendidas por el Ayuntamiento se hayan originado en el interés de favorecer a la empresa Pagasa Construcciones: “en el peor de los casos nosotros repondríamos el procedimiento, y hasta en tanto no se falle a favor de una empresa, nosotros tendríamos que fallar a favor de la empresa que ya ejecutó la obra”.

 

Las observaciones del OFS


Fuentes del Congreso del Estado revelaron a Cambio que el OFS le emitió en 2006 diversas observaciones a este Ayuntamiento por falta de documentación y saldos sin comprobar, referentes a la construcción de la obra.
En una inspección realizada en mayo de 2006, se confirmó que la carretera había sido remodelada, pero la documentación respecto al proceso de licitación aún estaba incompleta. Asimismo, la comuna nunca informó al OFS que sostenía un juicio jurídico por la protesta de las empresas constructoras.

Los informantes, quienes pidieron el anonimato por miedo a represalias, aseguraron que el Ayuntamiento de Porfirio Loaeza tendrá infinidad de problemas si no logra acreditar al OFS las observaciones hechas, además de que no ha cumplido con la orden que le dictó la SFP.

 


 
 
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