Anulan proceso de licitación de obra en Tlatlauquitepec


El edil Porfirio Loaeza tendrá que regresar a la federación los recursos utilizados


Efraín Núñez Calderón

 

La Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó a Cambio la nulidad del proceso de licitación de la carretera Jalacingo-Xonocuautla, en el municipio de Tlatlauquitepec. Así que el edil Porfirio Loaeza Aguilar tiene que devolver a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerca de ocho millones de pesos, que costó la obra.


Por su parte, Blanca Alcalá Ruiz, subsecretaria de Desarrollo Social en el Estado (SDS), desmintió a Loaeza, quien aseguró que la dependencia participó en el proceso de licitación. La funcionaria marinista manifestó que la responsabilidad de la adjudicación es del Comité de Obra Pública presidido por el alcalde, además le exigió que se ajuste a lo que las autoridades federales le solicitan.


Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló contra el municipio de Tlatlauquitepec en la Controversia Constitucional que emprendió el edil Porfirio Loaeza Aguilar —validando con esta resolución la sanción que le impuso la SFP de reponer el proceso de licitación de esta obra carretera— fuentes de la propia dependencia federal informaron que la SFP anuló la adjudicación de la obra.


Para la SFP, la determinación que tomó el 17 de octubre de 2005 de exigirle al Ayuntamiento que reponga la obra, quedó firme, en vista de que no prosperó ninguno de los intentos de Porfirio Loaeza Aguilar para evitar incumplirla.


Hay que recordar que una vez que la sanción le fue impuesta, Loaeza emprendió una serie de estrategias jurídicas para ampararse, de las cuales Cambio ha dado cuenta. El pasado miércoles, este rotativo publicó las irregularidades en el proceso de licitación, con las que el Comité de Obra Pública benefició a la empresa Pagasa Construcciones SA de CV, de Salvador Gómez Galeana, excluyendo sin justificaciones a las empresas ACG Global SA de CV y Constructores Civiles e Industriales SA de CV, las cuales participaron unidas en la licitación.
El lunes pasado, se publicó que desdeñando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra en la Controversia Constitucional que promovió ante el máximo tribunal, Porfirio Loaeza Aguilar, presidente municipal de Tlatlauquitepec, se niega a reponer el proceso de licitación de la carretera Jalacingo-Xonocuautla.
Fuentes del Congreso del estado revelaron que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha emitido diversas observaciones al Ayuntamiento de Tlatlauquitepec sobre la realización de la carretera, debido a que faltan documentos de la licitación, la existencia de saldos sin comprobar, además de que la comuna no informó al OFS los juicios que promovió contra la federación.
En entrevista, el edil Loaeza y Jesús Antonio Carlos Ramírez, encargado de Despacho de la Contraloría municipal, se contradijeron respecto a las irregularidades. El alcalde aseguró que el conflicto quedó resuelto con la culminación de la obra, mientras que el contralor manifestó que aún no se concluye la Controversia Constitucional emprendida por la comuna contra la decisión de la SFP. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló contra este Ayuntamiento como consta en documentos en poder de este diario.

Proceso anulado
Cambio tuvo acceso a la determinación de la SFP que será exhibida en los próximos días al Ayuntamiento de Loaeza. En ésta se detalla, entre otras cosas, que en vista de que no procedieron los actos jurídicos del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec contra la disposición de la SFP, todos los pagos que hizo “bajo su más estricta responsabilidad”, resultan ilegales, “por lo que ahora tendrá que devolver los ocho millones de pesos de recursos federales que aplicó prohibidamente”.
La determinación además abre la posibilidad de que las empresas afectadas con las irregularidades del proceso de licitación emprendan demandas millonarias para que les sean cubiertos daños y perjuicios ocasionados durante este tiempo.
Cabe recordar que en entrevista, el propio alcalde señaló a su favor que una vez terminada la obra quedaba sin efecto la sanción impuesta por la SFP, y que en todo caso si tuviera que reponerse el proceso de licitación tendrían que adjudicársele los trabajos a Pagasa, debido a que no se puede volver a hacer la carretera.

Sólo el 20 por ciento de
la obra está fiscalizado
Uno más de los argumentos del alcalde es que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFS) aprobó la cuenta pública de Tlatlauquitepec, del ejercicio fiscal 2005, donde está inmersa la obra.
Sin embargo, como se observa en un documento de la página de Internet del OFS, sólo fue fiscalizado apenas el 20 por ciento de la obra, ya que ésta se concluyó en 2006, cuando, según fuentes del organismo, se hallaron diversas inconsistencias en la documentación y los gastos referentes a la obra, que representan serios problemas para la aprobación de la cuenta pública del municipio en ese año.
En la edición del lunes pasado, Cambio publicó que en una inspección de mayo de 2006, se confirmó que la carretera había sido remodelada, pero la documentación respecto al proceso de licitación aún estaba incompleta. Asimismo, la comuna nunca informó al OFS que sostenía un juicio por la inconformidad de las empresas constructoras.

Gobierno estatal se deslinda de Loaeza
A pesar de que en entrevista el edil de Tlatlauquitepec aseguró que la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, así como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes participaron con el Comité de Obra Pública en el proceso de licitación, Blanca Alcalá Ruiz manifestó que la participación de la SDS fue sólo de observador; sin embargo, dijo que la responsabilidad es del municipio, por lo que no puede asegurar que el proceso haya sido transparente:
“Participamos con personal de la Secretaría observando la licitación, pero toda vez que es una obra cuya responsabilidad de ejecución se le dio al municipio, la responsabilidad es del municipio”.
Indicó que el Gobierno del estado no tuvo ninguna ingerencia en la obra, en función de que los recursos para la construcción provinieron de la federación y del Ayuntamiento: “No hay aportación estatal. Si hubo alguna inconformidad de parte de algunos constructores y participación de la Secretaría de la Función Pública, desafortunadamente nosotros no fuimos notificados. Lo que sabemos es el seguimiento de la obra, y sé que es una obra concluida al 100 por ciento (sic), y que tuvo la aportación en tiempo y forma por parte de la federación, que aportó cinco millones 908 mil pesos y el municipio dos millones de pesos”.
No obstante, consideró que el edil debe ajustarse a lo que la ley señala y a las decisiones que ha tomado la federación: “Estaremos al pendiente de que se continúen los procedimientos que correspondan. Me preocupa porque siempre hemos estado buscando que las cosas funcionen, y funcionen bien, y en este caso la SDS no tiene conocimiento de los procedimientos que ha emprendido el Ayuntamiento”.

 


 
 
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