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_Marín ignoró alerta en 2006 sobre carretera

Auditoría Superior advirtió mala planeación

 

Salvador García Soto


Primera de dos partes

Ayer el periódico El Universal dio a conocer información que confirma la negligencia de las autoridades estatales en el caso Eloxochitlán, misma que cobró la vida de por lo menos 32 personas. A continuación reproducimos el texto publicado por el medio nacional.

 

El alud del cerro que se desgajó en la carretera Eloxochitlán, Puebla y sepultó a 32 personas, puso al descubierto una historia de negligencia que sepulta también la versión del gobernador del estado, Mario Marín, de que “con las lluvias no podemos hacer nada”.


Dependencias y funcionarios del gobierno de Puebla, que construyeron y abrieron una carretera mal trazada, deficientemente planeada y que desde sus inicios, en 2002, presentó problemas de deslaves y derrumbes, retrasos y cancelaciones, protagonizan la historia detrás de la tragedia que conmocionó al país.


Documentos “reservados”, de los cuales El Universal tiene copia, señalan que el gobierno de Mario Marín fue advertido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de graves irregularidades detectadas en el tramo carretero de Alcomunga-Eloxochitlán, donde murieron sepultadas 32 personas, en su mayoría jóvenes. Se les dijo que la obra, inaugurada hace menos de tres años, presentaba “una deficiente planeación” y que la supervisión de los trabajos de construcción careció de control.


En lugar de aplicar medidas correctivas a la obra y de ordenar una revisión de las condiciones técnicas, el gobierno de Mario Marín, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo, y de su contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, contestó a los auditores federales con justificaciones y negó las fallas de planeación y supervisión; incluso defendió a los funcionarios a los que la Auditoría Superior calificó como “presuntos responsables” de violaciones a la ley.


Así, la carretera iniciada en el sexenio de Melquiades Morales —antecesor de Mario Marín—, pero terminada e inaugurada en el de este último, siguió funcionando, aun cuando en su revisión, los auditores federales concluyeron que hubo “una deficiente planeación… al no considerar las características ambientales, climáticas y geográficas de la región, donde se realizó la obra”, y acusaron que la supervisión en el desarrollo de los trabajos de la obra no fue la óptima.


En su revisión de la Cuenta Pública 2004 del gobierno de Puebla, el auditor especial de la ASF, Víctor Manuel Portal, recomienda aplicar “sanciones administrativas” a dos funcionarios del gobierno poblano que tuvieron a su cargo esa obra: José Rogelio Vergara, director de Infraestructura de la SCT estatal en el gobierno de Melquiades Morales, y Vicente Lozano Martínez, residente de Construcción, de la misma dependencia, y quien continúa laborando en el gobierno de Mario Marín.

 

Sabían de los deslaves


Desde el inicio de su construcción, en mayo de 2002, el pequeño tramo carretero Alcomunga-Eloxochitlán, de sólo 15 kilómetros, mostró irregularidades documentadas en oficios e informes oficiales.
De hecho, la “auditoría especial” de la ASF, donde se concluyen las irregularidades y se pide sancionar a funcionarios responsables, fue clasificada como “información confidencial” por la Coordinación General Jurídica del gobierno de Mario Marín.


La falta de estudios sobre las condiciones del terreno donde se construyó la carretera hizo que en la obra se presentaran constantes derrumbes, deslaves y desgajamientos de cerros. El 19 de noviembre de 2002, la constructora Anes, de Melecio Limón Herrera, se declaró en incapacidad para terminar la obra en el plazo previsto, diciembre de ese año.


El constructor argumentó que la SCT estatal le modificó totalmente el proyecto y el trazo de la obra, y no podía cumplir el contrato.


Las condiciones climáticas y ambientales no consideradas por los técnicos del gobierno poblano, sumados al mal trazo de la carretera que ocasionó protestas de vecinos de poblaciones rurales porque la carretera estaba lejos de sus pueblos, hicieron que la obra, programada para terminarse en seis meses, se alargara a más de dos años; el costo se duplicó.

 

No conocen el terreno


La misma SCT de Puebla, en un oficio firmado por José Manuel Hernández Téllez, encargado del despacho de la Subsecretaría, reconoció en septiembre de 2005 que no se estudió bien el terreno antes de adjudicar y ordenar la obra.


“Se presentaron características físicas del terreno no previsibles como materiales inestables que provocaron gran número de derrumbes y deslaves a lo largo del tramo… Por las características climatológicas de la zona y las situaciones que se venían presentando y que constantemente interrumpían la continuidad de los trabajos, fue necesario que esta dependencia realizara una serie de estudios que permitieran conocer (sic) el estado real de las características físicas, así como de la topografía del terreno para así emitir un dictamen técnico que reflejara las causas y soluciones.”


“El dictamen técnico” se inició cuando la obra llevaba seis meses de iniciada. Empezaron los problemas y mientras el gobierno estatal demandaba a la constructora original, ésta denunciaba sobornos y extorsiones de funcionarios poblanos. (Mañana: Sobornos y extorsiones).

 

 

 

 

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