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  Se dará seguimiento a las acusaciones contra el IPV

 Anuncia Alejandro Armenta

 

Efraín Núñez Calderón

Armenta se lava las manos en caso IPV ·Cambio/ Foto/ Tere Murillo

 

Alejandro Armenta Mier, secretario de Desarrollo Social (SDS) en el estado, no descartó que el gobierno del estado sancione a Óscar Aguilar González, titular del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), por las acusaciones y evidencias en su contra relacionadas con el fraude en la ocupación de casas del fraccionamiento Gobernadores.

En tanto, la magnitud del escándalo propició que ayer se reuniera Óscar Aguilar con el nuevo subsecretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Vega Rayet y funcionarios de la Contraloría estatal para evaluar la solución al conjunto de irregularidades.

Una vez que el lunes pasado un grupo de colonos del fraccionamiento Gobernadores denunció que al menos 20 familias de este conjunto habitacional han sido desalojadas, a pesar de haberle firmado a Óscar Aguilar contratos de compra- venta para quedarse con las casas y de haberle depositado al funcionario sumas altas por este concepto, Alejandro Armenta Mier aseguró que la SDS evaluará la situación: -¿Ante estas anomalías podría haber algún tipo de sanción en contra de Óscar Aguilar?- preguntó a Alejandro Armenta una reportera. -Tendríamos que valorar luego vamos a dar seguimiento a cualquier observación tendremos resultados en esta semana- indicó.

Llama la atención que personal de la Contraloría estatal se haya reunido con Óscar Aguilar, debido a que fue precisamente esta dependencia la que informó en días pasados que no se encontraron irregularidades en la gestión de Aguilar González.

Hay que recordar que la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) estuvo a punto de romper relaciones con el gobierno del estado debido a que el titular del IPV no justificó en tiempo y forma la aplicación de más de 80 millones de pesos relacionados con el apoyo a los damnificados del huracán Stan.

Las prórrogas que dio la Federación al funcionario para poder comprobar la aplicación de estos recursos vencen en este mes, sin embargo, otro de los pendientes del instituto es la escrituración de más de 5 mil viviendas entregadas desde 1998.

La principal anomalía al respecto es que más de la mitad de estas casas fueron entregadas a través de la figura del comodato y de promesas se compra-venta -firmadas por Óscar Aguilar- a no beneficiarios de los programas del IPV, a pesar de que la normatividad del Fondo Nacional de Habitaciones Popular (Fonahpo), no permite que estas casas sean rentadas o revendidas.

La única forma de escriturar es haciendo entrega de las viviendas a los verdaderos beneficiarios, razón por la cual, con uso de la fuerza pública, los habitantes de Gobernadores están siendo obligados a dejar sus viviendas. Según Alejandro Armenta, titular de la SDS, se le dará el seguimiento correspondiente al asunto, así como a todos los pendientes del instituto: "No tenemos confirmado si hay desalojos, sin embargo vamos a dar seguimiento puntual respetando los derechos de las personas vamos a hacer una revisión; en este momento no es conveniente generar una expectativa fuera de la ley para poder emitir una resolución al respecto.

Estaremos pendientes, el resolutivo se hará con apego a la ley y a los derechos que tienen los habitantes", dijo. Asimismo, manifestó que antes de que finalice esta semana se tendrá una solución respecto a las estrategias que llevará a cabo el gobierno para dar solución a esta problemática.

La premura del gobierno del estado en desalojar a los habitantes de Gobernadores para poder escriturar tal vez se base en el anuncio de hace más de un mes por parte de Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas, sobre la posibilidad de que el IPV desaparezca, así como otros organismos descentralizados de la administración estatal.

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