Las pruebas de Silva Meza contra Marín

El ministro enumeró los hechos que llevaron a la culpabilidad de las autoridades poblanas

 


Versión estenográfica de la lectura del proyecto del ministro Juan Silva Meza

 

En efecto, los diversos medios de convicción que ustedes ya conocen, revela, entre otras muchas cosas lo siguiente: 1: La conducta o actitud deliberada de las personas que rindieron testimonio ante la Comisión y que de alguna manera tuvieron vinculación directa o indirecta con los hechos materia de la investigación, en lo concerniente a la vertiente relacionada con el Estado de Puebla: concierto de autoridades, al conducirse en forma falaz, al narrar los acontecimientos sin apegarse a la realidad en que se sucedieron, ello con el propósito de ocultar la información o desviar la investigación para disipar la intervención del gobernador de esa entidad federativa, de modo que no se llegara a conocer la verdad  respecto del concierto de acciones de los funcionarios estatales, gobernador, procurador y presidente del Tribunal Superior de Justicia (…)
2: El traslado vía terrestre de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro de la ciudad de Cancún, a la ciudad de Puebla a cargo de José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, agentes de la Policía Judicial de Puebla, que implicó casi veintidós horas de camino pues fue detenida aproximadamente a las doce horas con treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil cinco, e ingresada al penal  de San Miguel en la ciudad de Puebla, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día siguiente, máxime que en relación con ese aspecto la testigo Lia Yolot Villalba declaró: “le ponen una pistola en la sien y le dicen: Tú no tienes ningún derecho, ¡cállate! Que quería ir al baño y no le permitían ir al baño, que se sentía mal físicamente, que se sentía mal emocionalmente”, lo que implica actos de tortura prohibidos por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas así como también en la Convención de Naciones Unidas en el denominado Protocolo de Estambul (…)
3. Reveló los actos tendientes a procurar —por parte de quienes intervinieron en ellos— la supresión de todo elemento de evidencia que permitiera comprobar su existencia, circunstancia que se explica si tomamos en cuenta que son los propios funcionarios y servidores públicos subalternos quienes tienen el control de los medios de convicción para esclarecer de forma directa, los hechos; empero, tal circunstancia, no impidió conocer que dichos funcionarios operaron acciones concertadas, a través de sus subordinados más cercanos; evidenció que la hipótesis central a acreditar en la presente investigación constitucional la constituye el hecho de que los operadores secuenciales, Ministerio público, juez y agentes de la Policía Judicial, no actuaron por sí mismos, sino bajo las órdenes de autoridades superiores, incluso con la participación de particulares derivado de la intervención del gobernador en las decisiones del presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como de la procuradora de Justicia, todos del Estado de Puebla.
4. El punto de partida como se dijo, fue la hipótesis comprobada relativa a la existencia del hecho contenido en la conversación voluntaria, atribuida a José Kamel Nacif Borge con el gobernador Mario Plutarco Marín Torres, concretamente en la frase manifestada por este último al decir: “ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón” a Cacho Ribeiro y la expresión de Nacif Borge: “yo te hablé para darte las gracias de lo que hiciste” expresiones que reflejan la culminación de las diversas acciones concertadas y desplegadas para reprender a la periodista por haber publicado la obra literaria. Dicha conversación es cierta, con base a las pruebas obtenidas, y en la medida en que el propio José Kamel Nacif Borge, publicó en el periódico El Universal de la ciudad de México en su edición de martes diecinueve de septiembre de dos mil seis, una carta abierta en donde reconoció: “los hechos acontecidos hace unos días en los que se divulgan grabaciones obtenidas ilícitamente de mis líneas telefónicas hacen necesaria esta carta abierta ante la opinión pública, nunca imaginé que lo expresado de manera privada fuera hacerse público, fundamentalmente por el entorno en que se difundieron mis palabras, moralmente no hay otra responsable que mi persona, soy yo quien habló en esas conversaciones y las expresiones ofensivas son mías, insisto, en diálogos que eran de carácter privado, las grabaciones fueron ordenadas a causa de una diferencia de carácter personal en mi matrimonio (…)
5. La acción concertada en cada una de las instancias procesales se evidencia con toda objetividad, por ejemplo a través de la actuación de Rosa Aurora Espejel Prado, Ministerio Público especializada en delitos electorales que no fue mutuo propio pues por instrucciones de Luis Guillermo Ascensión Cerna director de Averiguaciones Previas Metropolitana, recibió la querella formulada por José Kamel Nacif Borge contra Lydia Marín motivada por la publicación del libro tantas veces citado en el que se denunció la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil, no fue tampoco espontánea su actitud diligente al integrar la averiguación previa respectiva con especial rapidez como dicha servidora pública lo declaró al  afirmar que la realizó en 10 días del 1 al 10 de agosto del 2005 y que en la última fecha elaboró y firmó el oficio de consignación, determinación que aseveró haber realizado en solamente cuatro horas.
A esta funcionaria la cambiaron de adscripción el 18 del mismo mes y año, con los buenos oficios de la Procuradora General de Justicia quien como lo reconoció, recibió en sus oficinas a los abogados del querellante momentos antes de presentar el escrito respectivo el 12 de julio del año citado y luego los envió con el director de Averiguaciones Previas aludido para que los atendiera el que a su vez los llevó con Espejel Prado para que les recibiera la querella.
Con el hecho demostrado de que Moisés Vázquez Ruiz comisario del Juzgado Quinto Penal de la Ciudad de Puebla, entregó la orden de aprehensión dictada contra Lydia María Cacho Ribeiro precisamente en la oficina de la procuradora General de Justicia del estado el 18 de octubre de 2005 pues así aparece del sello estampado en el oficio 5060 que contiene dicha orden de captura quedando demostrado plenamente en la investigación constitucional que fue la única orden de aprehensión que dicho servidor público presentó en esa oficina durante los años 2005 y 2006 puesto que toda las demás, incluidas órdenes de reaprehensión que en total suman 252 durante esos años, fueron entregadas y recibidas por la Dirección Jurídica de esa dependencia. Lo que demuestra el trato diferenciado que recibía Lydia María Cacho Ribeiro.
6. Otro dato significativo de la forma de operar decisiones superiores se objetivizó mediante el análisis meticuloso de los informes de las empresas telefónicas Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima, Comunicaciones Nextel, Axtel, Teléfonos de México, Telecomunicaciones del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable y Maxcom Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable rendidos todos a requerimiento expreso de esta Comisión y que sirvieron de base para la elaboración de las redes de vínculos telefónicos que elaboró la Procuraduría General de la República, pues con base en los mismos se llegaron a establecer dichos vínculos interinstitucionales incluso entre particulares con instituciones estatales en tres momentos significativos, respecto de los acontecimientos investigados, segunda consignación, radicación de la averiguación previa, libramiento del orden de aprehensión su cumplimiento y durante el encarcelamiento de Cacho Ribeiro, pues se generaron comunicaciones en esas tres áreas diversas de dos de los Poderes del Estado de Puebla: por una parte, la Oficina de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones; por otra, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, Poder Ejecutivo y finalmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado (…).
7. Revela también que los policías judiciales Jesús Pérez Vargas, José Montaño Quirós incurrieron en contradicciones al exponer la forma en que fueron comisionados, cómo localizaron y quiénes intervinieron en el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Lydia María Cacho en la que no participaron únicamente los dos agentes Montaño Quirós y Pérez Vargas de la Policía Judicial de Puebla y Miguel Moro Olvera de Quinta Roo, sino que se montó un operativo, incluso, con la participación de gente relacionada con José Kamel Nacif Borge como aparece de la conversación voluntaria atribuida a Juanito Nacaf con Nacif Borge conversación difundida en los medios de comunicación a la sociedad.
(…) En las imágenes de los videos obtenidos por la Comisión y las inspecciones realizadas al efecto, se constató la presencia, no sólo de la camioneta Liberty color blanco, que durante cuatro días, catorce al diecisiete de diciembre de dos mil cinco, siguió o escoltó al vehículo Cavaliere, oficialmente proporcionado a los agentes ejecutores, sino que también otras unidades, de manera que como parte de dicho operativo, intervinieron por lo menos ocho personas en su ejecución para brindar seguridad de que el operativo aprehensorio fuera cumplido en sus términos, disuadiendo en alguna respuesta de rechazo a la captura.
8. Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, tenía conocimiento del cumplimiento de la orden de captura como lo refirió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, también declarada por la Comisión, cuando le llamó al presidente mencionado, él le dijo que no se preocupara, que se trataba de un delito menor, que se le fijaría fianza, corroborándose este conocimiento del asunto con el flujo telefónico que sostuvieron el citado presidente con Ana Nakad, los días cinco, seis y siete de octubre de dos mil cinco y con el reconocimiento que el citado presidente realizó ante la Comisión Investigadora, en el sentido de que a mediados de octubre de dos mil cinco, recibió en sus oficinas a José Kamel Nacif Borge y Ana Lacab, y al licenciado Farel Campa, quien resultó ser alguno de los abogados que asesoran a Nacif Borge, en la formulación y tramitación de la querella, contra Cacho Ribeiro, abogados del empresario, quien a su vez, previa aquella entrevista, fueron recibidos por la Procuradora, en sus oficinas. Se reveló también la discrecionalidad absoluta con que desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se realiza el turno de los asuntos, competencia de las tres Salas Penales, a través del secretario de Acuerdos del Tribunal, en el caso concreto, de la Apelación interpuesta por Lydia María Cacho Ribeiro, se advirtió que se manipuló el turno, pues de la copia del certificado obtenida por la Comisión, de los diversos libros de control y la inspección realizada también por la Comisión, en la Secretaría mencionada, se evidenció que el expediente se recibió el tres de enero de dos mil seis y se incluyó en la lista de turno del día dos del mismo mes y año, lo cual se intentó justificar, diciendo que como fue el único recibido ese día, entonces se agregó a la lista del día previo, lo que resultó falaz, pues en la lista de ese día, aparecieron treinta y seis asuntos turnados a las tres Salas Penales, o sea, no fue el único, ello lleva a colegir también que en el caso de tener interés en el asunto particular, como sucedió en el asunto Cacho Ribeiro, existe la posibilidad de remitirlo a la sala de su conveniencia o de consigna; consecuencia del manejo discrecional que tiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, respecto de los asuntos que se conocen en las tres Salas Penales de ese órgano jurisdiccional, en principio, decidió que el Recurso de Apelación interpuesto por Lydia María Cacho, fuera enviado a la Segunda Sala, donde inicialmente se alteró el turno del ponente, pues de ese asunto, Gerardo Manuel Villar Borja, presidente de la sala, debió haber tenido ese carácter de ponente y no Fernando García Rosas, a quien se le turnó; en segundo lugar, aparece que sin motivo legal alguno, se cambió la fecha original para la audiencia de vista.
9. En conclusión, todo lo conocido a través de los diversos medios de convicción, revela que sí existieron acciones concertadas entre la procuradora General de Justicia, por conducto del subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, director de la Policía Judicial, director de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, comandante de Mandamientos Judiciales y Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales y agentes de la Policía Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, a través del secretario adjunto, secretarios de acuerdos y secretario particular, los magistrados de la Segunda Sala Penal de ese Tribunal, en especial, su presidente Gerardo Manuel Villar Borja, la juez Quinto Penal, todos del Estado de Puebla (…) todo con la intervención del gobernador del Estado de Puebla, por medio de sus colaboradores, Ricardo Velázquez Cruz, Consejero Jurídico, Javier López Zavala, secretario de Gobernador, Rómulo Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Escobar, secretario Privado y Mario Edgar Tepox, subcoordinador de Agenda, lo que trastocó el principio de división de poderes y el principio democrático en el que se sustentan nuestro estado constitucional y democrático de derecho.
10. Al respecto, debe decirse que el gobernador constitucional del estado de Puebla, tuvo presencia ante la Comisión investigadora en sus dos fases, pues compareció ante los magistrados Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, primeros integrantes de la Comisión, mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil seis, en el que refirió: “He decidido dejar constancia escrita de mi posición, en torno a los hechos materia de la investigación ordenada por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del expediente de Solicitud de Ejercicio de Facultad de Investigación 2/2006”, argumentado lo que a su interés convino, el documento tiene una extensión de noventa y seis fojas y en su contenido expresa su opinión sobre el objeto y alcance de la investigación constitucional, así como también del contenido de la ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil seis y de las intervenciones de algunos de los señores ministros en las discusiones que dieron origen a la determinación de ejercer la facultad constitucional.
De igual manera, el gobernador tuvo participación entre la segunda integración de la Comisión Investigadora, que dirigí, pues se solicitó su comparecencia, a fin de reiterarle el motivo de la investigación constitucional y mediante su colaboración y su testimonio escuchar en su caso, su versión de los hechos, lo que se materializó el veintiocho de mayo pasado, en sesión privada, en las instalaciones de la Primera Sala, en este recinto. En esa comparecencia, en la que se atendieron formalmente las reglas de protocolo inherentes a su alta investidura, se informó al gobernador, el objeto de la misma (…)

En ese sentido señor gobernador, le informo que su presencia obedece, a que, por una parte, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, brinde su colaboración con el fin de que aporte datos que conduzcan al esclarecimiento de la verdad; y, por otra, para que esta diligencia sirva para que en respeto a su garantía de audiencia exprese todo lo que a su derecho convenga. Al respecto el gobernador refirió lo que a su derecho convino (…)
Cabe decir que en esa diligencia en la que estuvo asistido por siete de sus abogados, encabezados por los licenciados Fabián Aguinaco Bravo y Alonso Aguilar Zínzer, se solicitó al gobernador del Estado de Puebla, expresara lo que considera oportuno en relación con los hechos materia de la investigación constitucional, al respecto de lo cual se acogió a la garantía que prevé la fracción II, del Apartado A, del artículo 20 constitucional; se le recibió un documento que contiene diversas manifestaciones; así como también se le recibieron las pruebas que ofreció, contenidas en cuatro cajas: garantía de audiencia, oportunidad defensiva, oportunidad probatoria, asistencia jurídica, respeto a su investidura en la investigación, respeto a sus derechos fundamentales, como a todos los que en la investigación participaron.
De igual manera, el gobernador ha comparecido ante la Comisión Investigadora, mediante escritos de fechas: veinte de febrero, trece de marzo, treinta de abril, veintiocho de mayo y doce de junio, todos de dos mil siete, los cuales se tuvieron por recibidos en acuerdos de: veintitrés de febrero, cuatro, nueve, veinticinco y veintiocho de mayo; cuatro, y catorce de junio del año en curso, respectivamente, en los que se le ha tenido por expresando las alegaciones que estimó pertinentes y por ofrecidas las pruebas que relacionó en dichos escritos; es decir, el gobernador constitucional del Estado de Puebla, en todo momento  tuvo, ha tenido y tiene conocimiento de la investigación constitucional, en la cual ha intervenido alegando lo que ha considerado oportuno y ofreciendo pruebas que estimó pertinentes.
Ésta es la apretada síntesis de los hechos que demuestran el concierto de autoridades de los Estados de Puebla y Quintana Roo, para violar en forma grave, garantías individuales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro.

 

 


 
 
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