Pide Ministro Juicio a Marìn

Víctor Fuentes / Agencia Reforma / El Ministro Juan Silva Meza propone que se sugiera al Congreso de la Unión iniciar un juicio político contra el gobernador de Puebla, Mario Marín,  por ser responsable de violaciones graves a las garantías de la escritora Lydia Cacho.

Lo anterior es parte de las conclusiones del proyecto de informe  que el ministro presentará a sus colegas de la Suprema Corte de Justicia con lo que dará inicio esta semana el estudio del caso.
Fuentes cercanas al expediente informaron que el proyecto, de más de mil páginas, también declara responsables a los Procuradores de Puebla y Quintana Roo, Blanca Laura Villeda y Bello Melchor Ocampo, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia poblano, Guillermo Pacheco.
Asimismo, a la juez quinta de lo penal de Puebla, Rosa Celia Pérez González, quien ordenó la aprehensión de Cacho en diciembre de 2005, luego de que inicialmente se había declarado incompetente para conocer el caso.
No hay garantía de que el informe de Silva y los resolutivos que propone serán aprobados en sus términos. En todo caso la declaración de la corte no tendrá efectos jurídicos.
Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por tierra a Puebla, donde el empresario textilero Kamel Nacif la denunció por presuntamente difamarlo en el libro "Los Demonios del Edén", sobre redes de pederastia.
Una conversación telefónica entre Nacif y Marín --difundida poco después-- reveló la aparente intervención del Gobernador para agilizar el proceso contra Cacho.
Silva Meza supervisó desde enero pasado a una comisión integrada por los magistrados de circuito Enrique Escobar y Sergio Alvarado.
Varios Ministros recibieron el viernes pasado a los abogados de Marín y Cacho, informaron las fuentes.
Será el segundo intento del tribunal supremo para llegar a una conclusión en el caso Marín, luego de que el 17 de septiembre de 2006, una mayoría de siete Ministros rechazó el informe presentado por los magistrados Oscar Vázquez y Emma Meza.
En marzo de 2006, sólo 6 de los 11 Ministros aceptaron la petición del Congreso para investigar al mandatario poblano, y hay divergencias sobre el valor probatorio que se le puede dar a la grabación de la plática entre Marín y Nacif.
El primer informe fue rechazado justamente porque los magistrados no quisieron utilizar grabaciones obtenidas ilegalmente.

 

 

 


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