Invalidan punto clave de 'ley Televisa'

 

El fallo de la Corte, basado en un proyecto del Ministro Salvador Aguirre, fue aprobado por unanimidad y aplaudido por los presentes en la sesión


Ernesto Núñez / Agencia Reforma

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo ayer el punto central de la llamada "ley Televisa".


Por unanimidad, el máximo tribunal del País declaró la invalidez de los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, que permite a los concesionarios de ese sector prestar otros servicios de telecomunicaciones sin participar en licitación, con una simple solicitud y sin obligación clara de pago al Gobierno.


El artículo 28 fue considerado violatorio de al menos seis artículos de la Constitución, al vulnerar garantías de igualdad y libre expresión, afectar la rectoría económica del Estado y propiciar prácticas monopólicas y fenómenos de concentración, en beneficio de los actuales concesionarios de radio y televisión abiertas.


El tono de los ministros, al aprobar el proyecto de su colega Salvador Aguirre Anguiano, fue de rechazo enérgico a esta reforma.
El público presente en la sala de Plenos, entre ellos los senadores que promovieron el juicio, aplaudió a los ministros luego de la votación, algo inaudito para la Corte.
"Es un hecho notorio que los actuales concesionarios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de radio y televisión abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones, implicará la traslación de la posición predominante en su mercado a este segmento", se lee en el proyecto elaborado por Aguirre.
La discriminación es contra varios sectores: los permisionarios de radio y televisión, es decir, los que manejan estaciones culturales; los concesionarios de telecomunicaciones, que sí tienen que participar en licitaciones para acceder a otras frecuencias; y en general, cualquiera que busque ser competidor en estos mercados.
Aguirre consideró que no es relevante si el avance tecnológico liberará espectro radioeléctrico o solo permitirá "limpiarlo".
Lo importante es que dicho espectro podrá ser destinado a usos distintos de los originalmente concesionados, por lo que es un bien de dominio público de la Federación que será explotado y debe ser concursado.
"Estos usos adicionales deben licitarse, porque lo que se concesionó no fue un ancho de banda o un canal aislado, sino un uso, y por tanto todo uso no concesionado debe ser licitado", expuso.
El Congreso argumentó, al aprobar la reforma, que por "economía procesal" y para facilitar la convergencia tecnológica era conveniente modificar las concesiones prácticamente sin mayor trámite.
"¿Estas razones son suficientes para pasar por alto el principio de igualdad del artículo primero de la Constitución? La respuesta obvia es que no", dijo Sergio Valls.
"Los actuales concesionarios pueden instalar una red distinta a la de radiodifusión para prestar otros servicios de telecomunicaciones, como telefonía celular o banda ancha, es decir, la maximización de sus ganancias a costa de la posibilidad de la existencia de otros medios de comunicación", afirmó Genaro Góngora.
El ministro explicó que esta reforma buscó "acorazar" a nivel de ley un acuerdo expedido en 2004 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estableció las reglas para la transición a la televisión digital.
Luego de este debate, la Corte ya sólo tiene tres temas pendientes para mañana: la omisión de legislar para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, el plazo de 8 años de nombramiento para los integrantes de la Cofetel, y los efectos de algunos puntos de su sentencia.
Los ministros ya fallaron contra el refrendo automático de las concesiones de radio y televisión y el otorgamiento de dichas concesiones por subasta y plazos fijos de 20 años.

 

 


 
 
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