Un dolor de cabeza al gobierno



Staff / Agencia Reforma



/ La destitución de efectivos policiacos le ha representado un dolor de cabeza al Gobierno federal, ya que en ocasiones han tenido que restituir en su cargo a los agentes debido a la forma en que se realizan los despidos.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el entonces Procurador Antonio Lozano Gracia, anunció el 16 de agosto de 1996, la destitución de 737 agentes, subcomandantes, comandantes y delegados de la Policía Judicial Federal (PJF), como parte de la depuración de la corporación.
La cifra de elementos despedidos en esa ocasión, representaba casi el 20 por ciento del total de los elementos de la PJF. Lozano Gracia sustentó el despido en el hecho de que los involucrados "no tienen el perfil ético que la sociedad y la institución requieren y deben existir a los encargados de procurar justicia".
Un día después, un grupo de comandantes y subcomandantes de la Judicial advirtieron que tomarían acciones legales contra la medida de la PGR, además de presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la forma en que les fue notificado el despido.
"En primer lugar nos citaron mediante engaños al Campo Militar Número Uno, supuestamente para presentar ante autoridades militares el arma de cargo", explicó uno de ellos, "esta indicación se nos hizo mediante un oficio". Al llegar al lugar de la cita, agregó, fueron "invitados" a entregar el arma, su credencial y la placa que los acreditaba como miembros de la corporación, para después notificarles que habían sido dados de baja.
También durante la administración del ex Presidente Fox se registraron acciones de rechazo ante anuncios semejantes.
El 7 de febrero de 2001, aproximadamente 200 ex agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) iniciaron un plantón en las instalaciones de la PGR en protesta por el despido de 498 elementos que fueron despedidos de la dependencia, mismos que se encontraban sujetos a juicio de restitución por la aplicación del examen del polígrafo o detector de mentiras.
En esa oportunidad, el ex comandante Javier Villegas, uno de los afectados, señaló que 60 de sus compañeros ya habían ganado amparos para ser reinstalados en su puesto, ordenamiento que no había sido atendido por la dependencia.
En julio de ese año, el abogado René González de la Vega, dijo a REFORMA que la mayoría de los juicios que la Secretaría de Seguridad Pública pierde luego de haber despedido a un policía, radican en el hecho de que el área jurídica de la dependencia no realiza un trabajo adecuado.
"La realidad es que los jurídicos del Gobierno son malos, no realizan bien su trabajo, corren mal a la gente, no fundamentan bien las causas del despido o destitución y no respetan las garantías de los trabajadores", indicó.


 
 
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