Reabren La Unión

 

Inspeccionan locatarios y autoridades municipales el mercado clausurado


Edmundo Velázquez

 

Locatarios del mercado Unión —clausurado en un operativo contra el narcomenudeo— acreditaron ante las autoridades de Gobernación municipal, Registro y Fiscalización, y Bienes Patrimoniales la legal propiedad de bodegas, plataformas y locales del inmueble.
A los dirigentes de las organizaciones de comerciantes se les permitió el acceso al mercado para señalar sus propiedades, mientras afuera esperaban alrededor de 350 compañeros comerciantes que exigían a gritos la apertura del lugar.
Ayer, desde antes de las 10 de la mañana, la Unión de Comerciantes Libres Miguel Hidalgo (Uclmh) comenzó a organizarse. Su líder, Caridad Vélez, tenía listo un padrón donde alrededor de 250 comerciantes representados por ella brindaron nombre y número de local para acreditar el lugar que ocupaban en el mercado La Unión. Además, entregaron copias de sus títulos de propiedad o recibos de pago para presentar a las autoridades del Ayuntamiento la legal compra del espacio.
Un tanto nerviosa, previo a la cita con las autoridades municipales, Caridad Vélez atendía a sus compañeros mientras juntaban nombres y documentos. Al filo de las 10 de la mañana, acudieron al menos 100 de ellos acompañando a la líder hasta donde se encontraba la entrada a la administración del mercado.

“Somos comerciantes, no somos traficantes”
Los locatarios llegaron puntuales a la cita. En el lugar sólo se encontraban agentes de Gobernación municipal, al mando de José Luis de Ita. Para ellos fue una grosería que la gente de Bienes Patrimoniales y Registro y Fiscalización no atendieran puntuales al llamado de un día antes. La tregua se rompía en esa hora y en ese lugar, pero los representantes de la Comuna no estaban completos.
Entre los comerciantes comenzaron a pasar las pancartas, los gritos de hartazgo se dejaron escuchar, también los reclamos políticos:
“¡Siempre lo atendimos, siempre lo apoyamos y ahora nos quedan mal!”, gritó un hombre, a la vez que mostraba una playera de la campaña cuando Enrique Doger Guerrero buscaba la presidencia municipal.
Mientras los operadores de gobernación se ponían nerviosos, los comerciantes les menospreciaban y se burlaban de ellos, incluso señalaron a un trajeado burócrata que llevaba un celular barato:
“¡No mames, ya viste! ¡Mucho pinche traje y trae un celular de 200 pesos!”, rieron los locatarios, y mostraban sus aparatos de comunicación más caros y lujosos que el del representante municipal.
Mientras tanto, De Ita —ya conocido por su labor de convencimiento en conflictos como el ocurrido en La Fayuca un mes atrás— se echaba para atrás y sonreía a Caridad Vélez. Cuando notó el enojo de los locatarios por sentirse plantados, hizo un par de llamadas para forzar la llegada de los representantes de Bienes Patrimoniales.
“Queremos nuestro lugar de trabajo, queremos de vuelta nuestro casa desde hace más de 16 años”, gritaban algunos locatarios que comenzaban a sentir el calor de la mañana.
Cuando llegó la Policía, tres células del Grupo canófilo municipal, los locatarios se enfurecieron:
“¡Somos comerciantes! ¡No somos traficantes!”, gritaron a los policías. “¡Que se vayan, que se vayan!”, les pedían a gritos.
Tras las llamadas de José Luis de Ita, un grupo de burócratas de Registro y Comercialización llegó al lugar. Ya sólo faltaban los representantes de Bienes Patrimoniales.
“¡Seguimos en pie de lucha! No dejaremos que nos quiten nuestras áreas de trabajo”, decía irónicamente una pancarta que llevaba un comerciante en silla de ruedas.

Se une la organización “12 de febrero”
Al filo de las 11 de la mañana llegó un grupo más numeroso. Al menos 200 afiliados al grupo de la Organización de Comerciantes 12 de Febrero, dirigidos por César Ramírez Reyes, gritaban contra el Ayuntamiento y a favor de la apertura del lugar.
El representante, Carlos Ramírez, arribó con los funcionarios municipales y acompañó a Caridad Vélez, mientras sus agremiados se quedaron en una esquina de La Unión.
El Grupo 12 de febrero, más numeroso que el representado por Caridad Vélez— generalmente se ubica en la explanada frontal de La Unión. Fueron perjudicados por el cierre del mercado debido a que ellos rentan bodegas donde guardan su mercancía. Alrededor de unos 500 comerciantes dependen de la Organización 12 de Febrero.
Los gritos comenzaron a ser más agresivos. Las pancartas no dejaban de agitarse. Los comerciantes esperaron un poco más hasta que sus gargantas se cansaron. Los burócratas de Bienes Patrimoniales aseguraban tener miedo de llegar al lugar, según comentaba De Ita vía telefónica.
Al fin y al cabo, con Registro y Fiscalización bastó para que los locatarios se impusieran. Casi al mediodía se abrió la puerta sur del mercado.

Un mercado fantasma
Con una superficie de más de cuatro mil metros cuadrados, vacío, gris, con olor podrido, sucio y más desordenado de lo habitual, se mostraba el mercado La Unión. Una comisión de cinco comerciantes por grupo entró acompañando a las autoridades.
Caridad Vélez señalaba uno por uno de los locales, plataformas y espacios que le pertenecían a sus representados. Con documentos en mano, indicaba dónde se encontraban los comerciantes dedicados a la venta de flores o de comida.
En el lado oeste del inmueble se asientan sus compañeros. En el lado este se muestra la mayor devastación dejada por el operativo, justo en los sitios donde fueron aprehendidos los señalados por narcomenudeo.
En el piso de esa zona aún podía verse un envoltorio de papel con marihuana seca, muñecas rotas, tapones de autos, bicicletas viejas y hasta un altar a la Santa Muerte. También se percibía un aroma a muerto o a podrido, a excremento, en la entrada sur, a unos pasos de un altar donde una imagen de Jesucristo recibe tras cruzar esa cortina.
Del otro lado, por los espacios de la reja de metal, puede verse cómo los vendedores de ropa usada se acomodaron en las banquetas del mercado.
En el sitio no hay mayor novedad. El grupo de César Ramírez Reyes hace lo propio y muestra también sus espacios.

El acuerdo
Hasta el cierre de la edición, el arreglo entre los representantes de los locatarios y las autoridades es que, tras comprobar con un censo la propiedad y los pagos de sus espacios, les será devuelto el lugar.
Ayer por la tarde, Caridad Vélez y César Ramírez tuvieron una cita con Gobernación municipal para buscar avances en el conflicto.
“Físicamente cortejamos el inmueble ante la gente de Bienes Patrimoniales, mientras terminan de acreditar la propiedad. Pero tenemos que esperar. Pero entre los acuerdos el objetivo es que salgan las cosas favorables”, aseguró José de Ita Martínez.

 


 
 
Todos los Columnistas