Se queja Marín por nueva comisión para investigarlo

 

Ricardo Velázquez envió una carta para inconformarse ante la SCJN


También se aprobó la Ley de Egresos 2008 para el estado de Puebla, con 28 votos a favor y 12 en contra. Sin embargo el diputado albiazul Rafael Micalco Méndez aseguró que fue muy prematuro haber votado por esta ley


Efraín Núñez Calderón

 

El gobernador Mario Marín Torres presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que es anticonstitucional el nombramiento de una segunda comisión para realizar las pesquisas del escándalo Marín-Cacho, reveló Ricardo Velázquez Cruz, consejero Jurídico del Gobierno del estado, quien dijo que este recurso jurídico fue presentado hace apenas una semana, a pesar de que la Comisión tiene más de un mes de haberse conformado.


Evidenciando de nueva cuenta su doble discurso, en el que por un lado dice respetar al máximo órgano de justicia en el país, y por otro se queja de las decisiones de los ministros, el funcionario marinista señaló que aun cuando se trate de una ampliación de la indagatoria, ésta debe realizarse por quienes integraron la primera comisión, es decir, los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín:
“El artículo 97 párrafo segundo de la Constitución manifiesta que podrá nombrarse a un ministro, un magistrado, a un juez de distrito, o a un comisionado para que averigüe, y esa comisión ya se constituyó desde el 18 de abril del año pasado. Ésta ya entregó sus conclusiones, en las que dicen que el gobernador no es responsable de ninguna situación que pudiera afectar las garantías individuales de Lydia Cacho (…) Ya se nombró la comisión, ya dio un resultado, ya no puede nombrarse otra comisión. La Constitución no dice que tendrá que nombrarse una, y después otra y después otra. Aunque se le denomine segunda etapa de la averiguación, ésta sería con los mismos integrantes, no con integrantes diversos.”
Velázquez aseguró que la semana pasada fue entregado el alegato con otro tipo de elementos, el cual espera que sea tomado en cuenta cuando la nueva comisión emita sus resultados: “esto debe servir como un referente para ulteriores investigaciones”, dijo.
Asimismo, acusó que aunque en un principio se acordó que la SCJN publicaría en el Diario Oficial de la Federación el resolutivo donde el máximo tribunal acepta la averiguación, hasta la fecha no se ha hecho.
El defensor de Marín reiteró su alegato en el sentido de que el gobernador Mario Marín y todos los involucrados en el escándalo que ya ofrecieron su declaración, no tendrán que comparecer ante la nueva comisión:
“Yo creo que ya no habría declaraciones que dar puesto que ya investigaron, es decir, qué más podrían preguntar. Hubo una pregunta recurrente siempre: si habían recibido instrucción. Las personas que han estado en la Corte todas han manifestado que no hubo ninguna instrucción y así lo refleja el reporte de los magistrados. No están obligados a declarar (…) Tendría que llamarse a declarar a nuevas personas, los ministros siempre dijeron que la investigación tendría que iniciarse en Quintana Roo, en Cancún, y terminarse en Puebla. Creo que en estos momentos estarían pensando en algunas personas de Quintana Roo”, manifestó.
Insistió en confiar en que las grabaciones en las que Mario Marín conversa con el empresario textilero Kamel Nacif Borge no serán utilizadas como pruebas, ya que en su opinión no ha habido violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro:
“Las grabaciones no están en tela de juicio, las grabaciones sólo se darán en el caso que se descubra alguna violación grave, lo que no va a acontecer porque nunca hubo una violación grave a Lydia Cacho (…) Este asunto se inicia por una serie de notas periodísticas, las cuales nacen de las grabaciones, es decir, las grabaciones ya están investigadas”, apuntó.
Finalmente, aseveró que el artículo 97 de la Constitución ha sido muy poco explorado en función de que la Corte lo ha utilizado en tres investigaciones, entre ellas el escándalo del gobernador y recientemente lo hará en el caso de San Juan Atenco: “Estamos haciendo derecho procesal en México con este asunto.”

 

 


 
 
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