Admite Sobereira diligencias fallidas


La Policía Estatal cumplió a medias contra Auto Convoy


Edmundo Velázquez

 

José Luis Sobereira Hernández, director de la Policía Estatal, mencionó que el Juzgado Octavo de lo Civil en Puebla solamente pidió apoyo para que la fuerza pública apoyará a los abogados en el embargo por parte de Chrysler del 40 por ciento de las propiedades de Auto Convoy.
Reprochó al juez Helmo Mayoral Bello que señalara como inculpables del embargo a la Policía Estatal, cuando el propio juez ha pedido su apoyo en cuatro ocasiones.
El titular de la Policía Estatal presentó documentos donde se confirmó que hubo cuatro dirigencias en el que participó el corporativo y consideró que estas órdenes fueron llevadas acabo, pero los abogados de Chrysler de México fueron incapaces de realizar el embargo.

Las diligencias acatadas
En entrevista, el director de la Policía Estatal comentó que fueron cuatro las ocasiones en que pidieron el auxilio del corporativo para atender el caso en que Daimler Chrysler exige el embargo del 40 por ciento de los vehículos de Auto Convoy de México. Aunque admitió que éstas no fueron efectivas para Chrysler.
La primera fue el 17 de abril de 2007, cuando llegó la petición firmada por el juez octavo de lo civil, Helmo Mayoral Bello.
“Y dándole cumplimento de apoyo para que se logre el cometido de la diligencia, se autoriza el rompimiento y la fractura de chapas”, leyó con documentos en mano Sobereira.
Además fueron girados los oficios a la PG J, a la Policía Municipal y a la dependencia que él dirige.
Según relató Sobereira, la primer medida fue designar una célula de nueve elementos  donde podían romper candados y abrir chapas del lugar donde se encontraba la mercancía por embargar, en este caso en el número 201 del bulevar San Felipe Hueyotlipan.
“La diligencia consistía en ‘dar posesión de la mercancía’. Aquí viene el diligenciario, salen juntos de la dirección de la Policía Estatal. Se enviaron nueve elementos en la primera ocasión al mando de Alberto López García y se acompañaron elementos de la Policía Municipal, comandados por Sixto Tobón”, relató el director de la Policía Estatal.
Lo cierto es que el embargo no se llevó a cabo en esa ocasión.

La segunda
Debido a que no tuvieron éxito, el 18 de abril el Juzgado Sexto de distrito —donde inicia el pleito legal en el Distrito Federal— encarga que la diligencia se lleve a cabo y pide una vez más a la dependencia estatal designar una célula para el auxilio de la diligencia, pero esta vez solamente consistió en una inspección ocular.
Los elementos llegaron al inmueble de San Felipe Hueyotlipan 201, y se encontraron que ahora la compañía se llamaba Motor Convoy. Con oficio en mano se permitió el acceso al inmueble a Jorge Jesús Hernández Morales, actuario encargado, mientras observaba Carlos Díaz Lobatón, representante legal de Motor Convoy.
Como encargado de la diligencia estuvo Eduardo Romero Blanco por parte de la Policía Estatal y fue apoyado por elementos de la Agencia Federal de Investigación, al mando de Juan Sánchez Vázquez, y de la Policía Municipal, encabezados por Miguel Ángel Carvajal.

 

La tercera
El 27 de abril la Policía Estatal recibe un tercer oficio para efectos de auxilio de las actividades del juzgado. En éste se pide que procedan a la detención de los bienes embargados y que por conducto del diligenciario se dé posesión al legal depositario.
“La Policía Estatal no tiene por qué embargar, solamente apoya y se mantiene al tanto de la seguridad de los diligenciarios, pero nada más”, comentó Sobereira.
Para esta ocasión se acompañan los oficios de un padrón de todas las unidades con los números de serie que tienen que ser embargadas.
La operación ocurrió el 2 de mayo, también sin éxito. Así lo relata Sobereira:
“Se procedió a la detención, pero los vehículos no se localizaron. Y es que se tienen que detener los vehículos solamente si están circulando. Pero no fueron detectados. Se asume que están resguardados en la empresa. Tienen que estar en movimiento, pero ninguno estaba circulando”.

La última y nos vamos
Una cuarta diligencia fue encargada el día 7 de mayo. Para tal fueron designadas dos células orgánicas (18 uniformados) para dar posición de los bienes embargados. La diligencia tenía que hacerse en el domicilio de la empresa.
Según Sobereira, el 8 de mayo se intenta, pero no se llevó a cabo en virtud de que no se presentó persona alguna interesada a la fecha y hora señalada en los oficios.
“El procedimiento es que el diligenciario viene por la fuerza pública para llevarlos al domicilio señalado y así dar posesión de los bienes embargados”, explicó Sobereira.

 


 
 
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