Revisa Corte el lunes caso Marín- Cacho

El dictamen de la comisión del caso Cacho propone declarar que sí hubo violación de garantías y que el Gobernador es uno de los responsables

Víctor Fuentes/ Agencia Reforma

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo lunes si el Gobernador de Puebla, Mario Marín, es responsable de grave violación de garantías en el caso de la escritora Lydia Cacho.

Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del máximo tribunal, anunció al finalizar la sesión de este jueves que el Comité de Programación y Agilización de Asuntos aprobó revisar del dictamen del ministro Juan Silva Meza, quien encabezó la comisión investigadora del caso.

Los ministros dejaron pendiente la discusión de si amplían otra indagatoria, la que se refiere al conflicto político de Oaxaca, pero es previsible que ese tema no abarcará las casi tres horas de sesión del lunes, lo que permitirá iniciar el análisis del caso Marín.

Según versiones extraoficiales, en el nuevo proyecto de dictamen Silva Meza propuso a sus colegas, por segunda ocasión, declarar que Cacho sí fue víctima de una violación grave de garantías, y que el Gobernador es uno de los funcionarios responsables.

En diciembre de 2005, Cacho fue detenida en Cancún por agentes judiciales que la trasladaron por tierra para cumplir una orden de aprehensión por difamación, librada por una juez de Puebla, a raíz de una denuncia del empresario textilero Kamel Nacif.

Semanas después fue difundida una conversación telefónica en la que Nacif presuntamente agradece al Mandatario poblano su apoyo para sacar adelante la averiguación contra Cacho, lo que motivó la solicitud del Congreso a la Corte para investigar el caso.

La del lunes será la quinta sesión aislada en la que este tema será discutido por los ministros, hecho inusual para la forma de trabajo de la Corte, que rara vez tiene que regresar tantas veces al mismo expediente.

El informe de la primera comisión, integrada por los magistrados de circuito Óscar Vázquez y Emma Meza, fue rechazado porque no tomó en cuenta la grabación del diálogo Marín-Nacif, ya que fue obtenida ilegalmente.

La segunda comisión, encabezada por Silva con los magistrados Enrique Escobar y Eduardo Alvarado, presentó un primer dictamen ante el Pleno en junio pasado, con una dura condena contra Marín y otros funcionarios estatales por conspirar contra Cacho y luego mentir para encubrirlo.

Pero los ministros resolvieron que se debía respetar la garantía de audiencia de todos los involucrados, y además que era necesario establecer normas para este tipo de investigaciones, previstas en la Constitución, pero carentes de ley reglamentaria.

Durante septiembre, los funcionarios señalados presentaron alegatos ante la comisión, que en el nuevo dictamen responde a estos argumentos.

Marín basó su defensa en dos puntos centrales: por una parte, que no existió conspiración para agilizar el caso contra Cacho, pues pasaron cinco meses entre la denuncia de Nacif y la ejecución de la orden de aprehensión, mientras que la grabación no puede tener valor probatorio alguno.

Por la otra, que no existió una violación de garantías, pues la orden fue ejecutada por policías de Puebla de acuerdo a convenios de colaboración entre Procuradurías estatales, amén que Cacho no se quejó de maltratos durante su traslado cuando rindió su primera declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.

De acuerdo con las nuevas reglas de la Corte, el dictamen, que no tiene efectos jurídicos, no puede contener recomendaciones o sugerencias sobre lo que pueden hacer otras autoridades, a las que el documento será turnado si es aprobado.