Pide Cámara informe sobre denuncias de periodistas poblanos


El dictamen incluye la celeridad del caso Martell, aunque éste ya se encuentra congelado en la PGJ

 

Nueve meses después, el Congreso de la Unión viró los ojos a Puebla, y exhortó a la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra Periodistas para que dé cuenta de las denuncias que han presentado los poblanos que han sido víctimas de funcionarios marinistas

 

Selene Ríos Andraca

Notas Relacionadas

Planea Mario Marín construir para el 2008 la autopista Volcanes

Crónica distante del 18

Revisa Corte el lunes caso Marín- Cacho

Pide Cámara informe sobre denuncias de periodistas poblanos

 

El Congreso de la Unión instó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) a que rinda un informe sobre las denuncias que han presentado los reporteros de Puebla que han sufrido agresiones, amenazas e intimidaciones de parte de funcionarios marinistas o del propio gobernador, Mario Marín Torres.


El exhorto aprobado ayer exige también conocer el estado que guarda cada una de las denuncias que han presentado los periodistas poblanos contra las autoridades estatales y en su caso, federales.  


La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen mediante el cual también se exhorta a la Fiscalía a darle celeridad a la denuncia que presentó el reportero Mario Martell Contreras del periódico Intolerancia —asentada en la averiguación previa 11/2007—, quien fue agredido en enero pasado por los agentes de seguridad de Roberto Marín Torres, hermano del gobernador poblano.


Empero, en el punto del caso Martell, el llamado a la Fiscalía llega muy tarde, debido a que desde mayo pasado, la instancia se declaró incompetente para proceder y remitió el caso a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, dependencia marinista que ha congelado todas las denuncias contra el gobernador, sus funcionarios y allegados.


Además, es preciso señalar que la titular de la PGJ, Blanca Laura Villeda Martínez es una de las señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por confabular con el empresario Kamel Nacif Borge para aprehender y violentar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.


Blanca Laura Villeda, a quien se le han remitido casi todas las denuncias presentadas por periodistas poblanos que han sufrido agresiones por parte de funcionarios marinistas, ha demostrado su lealtad al gobernador al descalificar y menospreciar la labor periodística de cada uno de los afectados. Dos ejemplos claros de ello son la descalificación y agresión verbal que ha vertido contra Lydia Cacho y en su momento, contra Mario Alberto Mejía, ex director del periódico Cambio.  


Después de nueve meses, la Comisión de Justicia aprobó el punto de acuerdo que fue propuesto por la diputada federal panista, Violeta Lagunes, quien presentó el escrito desde el 15 de febrero del año en curso.


De acuerdo al texto, el punto de acuerdo tiene el objetivo de “Exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas a informar cuántas denuncias se han presentado ante ella desde el inicio de sus operaciones en el estado de Puebla hasta la fecha y el estado en que se encuentran.”


El dictamen aprobado ya —escrito por Violeta Lagunes— resalta que “la libertad de expresión es una piedra angular de toda sociedad libre y democrática. Todo Estado que aspira a ser democrático tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión”.


Continúa: “Sin embargo, a pesar de los avances que se han dado en la protección al derecho de informar de los periodistas, todavía es preocupante constatar que se continúa atentando contra la libertad de expresión y opinión, e integridad física de periodistas y comunicadores.”


El dictamen exhorta también a que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se manifieste en contra de la ola de asesinatos, amenazas, agresiones, intimidaciones y demás similares que sufren los periodistas por informar sobre el crimen organizado, las relaciones entre el poder y el narcotráfico, así como la corrupción de los gobiernos estatales.


Por ello, el dictamen se basa en el derecho a la libertad de expresión reconocido en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “todos ellos instrumentos internacionales ratificados por México, por lo que son de obligatorio cumplimiento en nuestro país”.


EL dictamen está firmado por todos los miembros de la Comisión, entre ellos, César Camacho Quiroz, PRI; Felipe Borrego Estrada;  Jorge Mario Lescieur Talavera, Juan Francisco Rivera Bedoya, Faustino Javier Estrada González, entre otros.

 


 
 
Todos los Columnistas