Llega la hora cero a Marín

Esta semana la Corte inicia el análisis final del Caso Marín-Cacho

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Especial

En virtud de que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza el análisis final del escándalo Marín por la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro el 16 de diciembre de 2005, Cambio le ofrece a los lectores el resultado de las investigaciones de la comisión instaurada por dicho órgano en contra del gobernador poblano Mario Marín Torres; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido; la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y otros funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla.

En síntesis, son cuatro los elementos que, de acuerdo a la investigación, llevaron a la comisión a señalar a Marín Torres y a las autoridades poblanas involucradas como culpables de haber violentado las garantías individuales de Cacho Ribeiro: La conversación Marín-Nacif, el cruce de llamadas entre servidores públicos del gobierno estatal y del Tribunal Superior de Justicia con Kamel Nacif y sus subordinados, la participación de personal del empresario textilero en la detención de la periodista en Cancún y los extraños cambios realizados en el Juzgado Quinto de lo Penal y el tribunal tras la detonación el escándalo el 14 de febrero del 2006.

La conversación telefónica entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín Torres difundida el catorce de febrero por el diario La Jornada fue calificada como verdadera por parte de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia a partir del desplegado que el mismo empresario publicó El Universal, en donde reconoce su participación en todas las llamadas divulgadas por los medios de comunicación, según consta en el dictamen preliminar elaborado por el ministro Juan Silva Meza y se encuentra en poder de Cambio y consta de más de mil 200 cuartillas.

El dictamen preliminar de la Comisión Investigadora En las páginas del resolutivo que emitió dicha comisión —cuya copia obra en Cambio—se presenta un listado muy completo de llamadas entre funcionarios de los poderes Judicial y Ejecutivo, situación que debilita parte del análisis que presentó el ministro Silva Meza, ya que muchas llamadas son comunes entre las autoridades.

Entre las llamadas telefónicas que se detectaron y se cruzaron, se prueba que el día de la detención personajes involucrados como Kamel Nacif y Juan Nakad Bayhe se comunicaron con la procuradora Blanca Laura Villeda, Guillermo Pacheco Pulido, la jueza Rosa Celia Pérez González, así como el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala y la oficina del gobernador Mario Marín Torres.

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Corte valida intervención de la llamada Kamel-Marín

El ministro Juan Silva Meza argumenta que Kamel Nacif confirmó la veracidad de las grabaciones difundidas en diferentes medios de comunicación el 14 de febrero de 2006 a través de una carta abierta publicada el 19 de septiembre del mismo año

La Comisión Especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro Juan Silva Meza, encargada de investigar las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro dio por válidas las grabaciones de la conversación que sostuvieron el empresario Kamel Nacif Borge y el gobernador Mario Marín Torres, según se desprende del dictamen informativo emitido por la propia Corte —y cuya copia se encuentra en poder de Cambio—, hecho que llevó a la citada comisión a acreditar que hubo una “concertación (entre ambos personajes) con el ánimo de perjudicar” a la periodista y escritora.

En las páginas 946 y 947 del citado dictamen informativo se detalla que la participación del gobernador del estado de Puebla se robustece en lo general, por el hecho de que fue el propio José Kamel Nacif Borge quien publicó en el periódico El Universal de la ciudad de México, en su edición del martes 19 de septiembre de 2006, una carta abierta en donde reconoció que:

“… los hechos acontecidos hace unos días en los que se divulgan grabaciones obtenidas ilícitamente de mis líneas telefónicas hacen necesaria esta carta abierta ante la opinión pública.

Nunca imaginé que lo expresado de manera privada fuera a hacerse público, fundamentalmente por el entorno en que se difundieron mis palabras. Moralmente no hay otra responsable que mi persona, soy yo quien habló en esas conversaciones y las expresiones ofensivas son mías, insisto, en diálogos que eran de carácter privado…

Las grabaciones fueron ordenadas a causa de una diferencia de carácter personal en mi matrimonio… Si hago del conocimiento público el origen de las grabaciones es para precisar un tema que daña terceros y a las mismas instituciones… Inicié un procedimiento legal por calumnias y difamación proferidas en mi contra por la señora Lydia Cacho y sigo sosteniendo que mi denunciada es presunta responsable de la comisión de delitos por difamación y calumnia.

Hasta hoy vigentes en el Estado de Puebla y Quintana Roo, y por lo tanto de observancia general. No anticipo sentencia y corresponde al Tribunal pronunciarse al respecto…”

Al respecto el informe de la Corte señala: “Tales expresiones insertas en un diario de circulación nacional a instancia del empresario José Kamel Nacif Borge, constituyen el reconocimiento de que efectivamente él conversó con el Gobernador del Estado de Puebla y sin duda acredita que hubo una concertación con el ánimo de perjudicar a la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, mediante la instauración de un procedimiento de orden penal.”

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Llamadas telefónicas, pruebas para demostrar confabulación

La ruta de las llamadas telefónicas

Un día después de que fue detenida la periodista Lydia Cacho Ribeiro, cuatro personajes se colgaron en los celulares y teléfonos de su oficina. Cuatro presuntos implicados en la violación de los derechos de la autora de Los demonios del Edén: la jueza Rosa Celia Pérez González; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido; la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y el empresario textilero Kamel Nacif Borge.

Y es que el 17 de diciembre de 2005, día en que Cacho ingresó al Cereso de San Miguel, Enrique Ruiz Delgadillo, secretario adjunto a la Presidencia del TSJ, se la pasó hablando por su celular. A las nueve de la mañana telefoneó a la casa de la jueza. Hablaron cuatro minutos. Volverían a tener contacto por su teléfono móvil a las 12:58, a las 13:51 y a las 14:46 horas.

Rosa Celia Pérez González negó ante la Comisión tener relación alguna con Ruiz Delgadillo, pese a que se demostró la comunicación entre ambos.

Pese a la declaración, Rosa Celia Pérez incurre en falsedad de declaraciones pues cuando le pregunta la Comisión investigadora para qué le habló Ruiz Delgadillo a su domicilio, ella dijo: “Creo que me llamó para saber si iba a trabajar… Quería saber que el juzgado estuviera abierto porque me dijo que era eventual que pusieran a disposición a una persona.”

La juez tampoco pudo contravenir el por qué de las llamadas que recibió a las 9:51, 17:21 y 17:25 horas de Juanito Nakad, quien a su vez telefoneó a su socio Kamel Nacif a las 10:11, 10:28, 17:26 y 18:38 horas.

Las llamadas de Ruiz Delgadillo

El secretario adjunto a la Presidencia del Tribunal y operador de Guillermo Pacheco Pulido, también habló con otras personas involucradas en el caso de Lydia. Por eso la comisión, en su dictamen, enumeró las más importantes:

Con Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla (09:09 y 10:02). Karam habló ese día con la procuradora a las 16:42 horas. Con Leonardo Fabio Briceño, secretario particular de don Guillermo Pacheco, las llamadas fueron a las 11:12, 11:24, 12:25,14:02 y 14:10.

Briceño además se contactó ese día a la oficina del gobernador (13:05 horas) y con su jefe (13:12 horas).
El viernes 16 de diciembre, Ruiz Delgadillo había operado parte del plan. En la mañana habló a los juzgados para preguntar “quién estaba de guardia porque había un detenido. A esas horas, sin embargo, Cacho aún no había sido arrestada.”

Las llamadas de Javier López Zavala y Pacheco

Una serie de llamadas telefónicas fueron interceptadas e involucraron a Javier López Zavala, ahora candidato a diputado plurinominal por el PRI.

Él, en entrevistas tanto periodísticas como con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó conocer o tener contacto con Kamel Nacif. La comisión, sin embargo, pudo comprobar que dos días después de haber sido entregada la orden de aprehensión contra Cacho, López Zavala llamó al nextel propiedad de Kamel.

Lo mismo ocurrió con Guillermo Pacheco Pulido, quien negó la amistad de Juan Nakad, el socio de Kamel. La verdad salió a flote: de su celular, Nakad llamó a la oficina de Pacheco Pulido el 5 de octubre de 2005. Un día después tuvieron otros dos enlaces.

El 7 de octubre hablaron y de inmediato marcó el número fijo de la casa de Kamel. El 17 del mismo mes, Juanito y el presidente del Tribunal tuvieron otra llamada.

“Al cuestionarlo si tenía alguna comunicación y amistad con Hanna Nakad contestó “no, ninguna, ni nunca la he tenido”; sin embargo de la investigación realizada aparece Nakad Bayeh de su teléfono celular 22 22 38 53 54. Le llamó al declarante el 5 de octubre de 2005 a las once horas con veintiséis minutos, al teléfono de su oficina 24 67 44 6, cuya conversación duró tres minutos. Al día siguiente, a las diez horas con seis minutos, existió otro enlace telefónico que duró dos minutos.

El mismo día a las quince horas con cuarenta y dos minutos, la conversación duró dos minutos. Al día siguiente, siete de octubre a las 10:31 horas, nuevamente se dio el intercambio telefónico durante cuatro minutos e inmediatamente Juan Nakad marcó al número fijo 22 41 0 56, ubicado en el domicilio de Kamel Nacif. La conversación fue de tres minutos; el 17 de ese mes nuevamente existió comunicación entre Nakad Bayeh y Pacheco Pulido a las doce horas con treinta y nueve minutos con duración de cuatro minutos.

Rosa Celia Pérez negó tener vínculos con Nakad. Pero los hechos la desmienten. El 14 de octubre, el socio de Kamel llamó al celular de la jueza. En cuanto colgaron, Nakad telefoneó a Kamel. Tres días después, Juanito y Pérez volvieron a tener comunicación. La tarde siguiente, otra vez. El 19 de octubre: a las 14:48 horas. Y el primero, cinco, seis y ocho de diciembre también. Luego vinieron las llamadas que sostuvieron el día del arresto y el de la presentación de Cacho.

Aldo Enrique Cruz, director general de los Ceresos en Puebla, dijo que la única vez que trató a Nakad fue a mediados de 2005, cuando se retiró a la maquiladora de Kamel instalada dentro del penal de San Miguel, la concesión para operar. No es cierto: se investigó que ambos personajes hablaron por teléfono el 12 de diciembre de 2005 en dos ocasiones. El 31 de diciembre de ese año, cuando Cruz Pérez estaba en Acapulco, Nakad le telefoneó a las 23:12 horas para desearle feliz año.

Heriberto Galindo Martínez, director del Centro de Readaptación Social en Puebla, le dijo a la Comisión que no tenía ningún contacto con Nakad. Él también mintió: el 17 de diciembre, el día en que Cacho ingresó a la prisión, Nakad le llamó a Galindo en dos ocasiones. El 20 volvieron a comunicarse. Lo mismo ocurrió el 31 de diciembre, 1, 17 y 20 de enero de 2006.

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Personal de Kamel participó
en detención de Lydia Cacho

Para detener a Lydia Cacho el 15 de diciembre de 2005 fue necesario un gran operativo armado con un día de antelación y compuesto por agentes judiciales de Puebla y Quintana Roo, informantes y unos dos personas que trabajaban para Kamel Nacif, los cuales viajaban en la Jeep Liberty blanca, dictamina la investigación del ministro Juan Silva Meza.

Cambio publicó el 22 de mayo de 2006 el video de la detención de Lydia Cacho y dio cuenta de la Jeep Liberty blanca que siguió a Cacho durante las 20 horas de su traslado Cancún-Puebla. Ese mismo video fue prueba en la Suprema Corte y se tomó como válido.

El dictamen señala sobre el operativo: “el 14 de diciembre de 2005, a los 12 minutos después de las 11 de la noche, se presenta la camioneta Jeep Liberty, color blanco, a la que se le entregó el recibo 2752239 y el video de la caseta de cobro de Kantunil (…) se observa el automóvil Cavalier gris y cómo sigue a la Jeep Liberty color blanco”.

Jesús Pérez Vargas, el judicial poblano que aprehendió a Cacho en Cancún, indicó que no se percató que durante cuatro días, del 14 al 17 de diciembre, fueran seguidos por el vehículo. Manifestó que caminaban regularmente de tercias (sic), pero no recordaba el nombre de sus compañeros.

La mentira del judicial fue evidenciada por Adolfo Karam, quien “informó que todo ese año la tercia la integraron Oswaldo Farías, Jesús Pérez Vargas y Maribel Rivera, quien no acudió a la aprehensión de la periodista “porque tenía otras actividades”.

La comisión investigadora habló con los dos agentes de Puebla y con el de Quintana Roo. Y la conclusión preliminar sostiene que “Jesús Pérez Vargas y José Montaño Quiroz, judiciales poblanos que aprehendieron a Cacho, incurrieron en contradicciones al exponer la forma en que fueron comisionados, cómo localizaron y quiénes intervinieron en el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Lydia Cacho Ribeiro.”

La comisión evidencia: “Que en la captura de Lydia Cacho no participaron únicamente dos agentes de la Policía Judicial de Puebla y uno de Cancún, sino que se montó un operativo, incluso, con la participación de gente relacionada con José Kamel Nacif Borge, pues en las imágenes de los videos obtenidos y las inspecciones realizadas al efecto, se constató la presencia no sólo de la Liberty, que durante cuatro días acompañó al vehículo Cavalier oficialmente proporcionado a los agentes ejecutores, sino que también otras unidades como el Jetta que Mora Vera tenía asignado. Resulta significativo el cambio de agentes masculinos por personal femenino, realizado en la caseta “La Esperanza” en los límites de Puebla y Veracruz.

El cambio de agentes masculinos a femeninos, deduce la comisión, obedeció “al hecho de que la captura de Cacho había tomado dimensiones de noticia nacional, por lo que el cambio sin duda tuvo el propósito de generar la apariencia, la idea o sensación en la opinión pública había sudo una aprehensión legal.”

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Cambios inexplicables en el Tribunal y la Procuraduría

Casualmente, tanto en la Procuraduría General de Justicia como en el Tribunal Superior de Justicia se dieron cambios de adscripción de servidores públicos que participaron en la integración de la averiguación previa y el dictado de la orden de aprehensión de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Según señala el dictamen de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia en sus fojas 1021 a 1024, estos cambios “conducen a evidenciar la intención de disipar la intervención de dichas personas en los hechos” contra la periodista.

Entre los cambios citados por la Comisión Investigadora se encuentran Rosa Aurora Espejel Prado, agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa, que dio origen a la aprehensión de Lydia Cacho. “La agente firmó el pliego de la consignación el 10 de agosto del 2005, y el 18 del mismo mes fue cambiada a la Agencia Especializada de Homicidios”, sin que tuviera experiencia en tal rama.

“Inclusive yo no había visto un cadáver y me daba miedo enfrentarme a una circunstancia donde yo no pudiera desempeñar un buen trabajo”, admite Rosa Aurora Espejel Prado, según se puede leer en la foja 1022 del dictamen.

Otro de los cambios en la PGJ se trata de Luis Guillermo Arsención Serna, director de Averiguaciones Previas de la Metropolitana Sur, quien canalizó a los abogados de José Kamel Nacif Borge con Rosa Aurora Espejel Prado, quien “fue cambiado de adscripción el 17 de agosto del 2005 a la Dirección de Averiguaciones Previas, Zona Norte, con sede en Zacatlán”.

Ignacio Sarabia Martínez, agente del Ministerio Público, que consignó la primera averiguación previa contra Cacho el día 2 de septiembre del 2005, tomó posesión de la Agencia Especializada de Delitos Electorales el 10 de agosto del mismo año y “posteriormente, ante la resolución de incompetencia de la Juez Quinto de lo Penal insistió en la consignación el 11 de octubre del 2005”. Su cambio ocurrió quince días después de la nueva consignación.

En el dictamen se destaca la desaparición de Mandamientos Judiciales, dirección donde estaban adscritos Juan Sánchez Moreno, José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas. Cabe decir que la desaparición ocurre un mes después de la divulgación de las llamadas telefónicas entre Mario Marín y Kamel Nacif.

El TSJ ordenó cambios del Juzgado Quinto Penal

Los cambios en el Tribunal Superior de Justicia consistieron básicamente en el Juzgado Quinto de lo Penal, dirigido por Rosa Celia González Pérez. El pleno del TSJ dispuso que Gabriela Alonso Mauleón, escribiente que elaboró la boleta de libertad de Lydia Cacho fuera cambiada el 30 de marzo del 2006. Se ignora el motivo de su cambio después de cinco años de trabajo en el mismo juzgado.

El segundo cambio que ocurre es el de Araceli Moreno Garcíacano, escribiente que durante ocho años trabajó en el Juzgado Quinto Penal y que imprimió el auto de plazo constitucional dictado contra la periodista.

Otros trabajadores de ese juzgado se mostraron evasivos para responder sobre hechos en concreto, tal es el caso de Osvaldo Bernardo López, auxiliar de Oficial Mayor; José Manuel Aguilar Ramón, diligenciario y Érika Ponce García, auxiliar. Por lo que resta a Moisés Vázquez Ruiz, comisario del juzgado, se obtuvieron respuestas falsas.

Entre los demás servidores públicos entrevistados, alrededor de 61, “una inmensa mayoría aparentemente fue aleccionada con el fin de no contribuir al alto y significativo propósito de conocer la verdad de los hechos suscitados con motivo de la orden de aprehensión contra Cacho, su ejecución y posterior encarcelamiento”, según detalla el dictamen en la foja 1024.

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Villeda admite la ilegalidad de mandamientos judiciales

Ante la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia, la procuradora Blanca Laura Villeda definió como “un delincuente” a Adolfo Karam Beltrán, director de la Policía Judicial en la fecha que fue detenida la periodista Lydia Cacho.

La procuradora aseguró que Karam mantenía comunicación directa con el gobernador Mario Marín Torres y el entonces secretario de Gobernación, Javier López Zavala. “Tenían comunicación directa, y les puedo asegurar que era más fácil que el licenciado Zavala o el mismo gobernador se comunicaran con Karam, que conmigo”, señaló la funcionara a la Comisión Investigadora sobre la confianza que tenía Mari Marín para con Adolfo Karam. “Es gente de confianza del gobernador”, subrayó Villeda, según se cita en el dictamen.

Villeda Martínez despotricó contra Karam Beltrán ante la comisión investigadora. Aseguró incluso que la misma Dirección de Mandamientos Judiciales —a la cual pertenecían Jesús Pérez Vargas, agente 290 y a José Montaño Quiroz, agente 190— había sido creada por Karam“a pesar de no tener facultades”.

“… sin tener facultades, Karam creó la Comandancia de Mandamientos Judiciales, pero no la desaparecí porque no era conveniente”, admite la funcionaria.

Incluso Villeda también detalla que el propio Adolfo Karam operaba un grupo de espionaje telefónico, el cual era propiedad de Édgar Ballardo, amigo del entonces director de la Judicial, quien es subprocurador de Tlaxcala.

“… un día vi que había equipos de cómputo y demás, y al preguntarle para qué servían me dijo que era para hacer grabaciones telefónicas, que ese equipo no era de la Procuraduría, sino de Édgar Ballardo, subprocurador de Tlaxcala, que visitaba con frecuencia a Karam”, mencionó Villeda.

Argumentan violaciónde garantías a Cacho

La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó la violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho a través de cuatro puntos básicos, entre los que se encuentran:

“a) La ilegal ejecución de la orden de captura.
”b) La incertidumbre jurídica que se generó con la detención.
”c) El trato singular a la que fue expuesta.
”d) El pretender sancionar el ejercicio de las garantías de libre expresión de las ideas y de prensa”, según se detalla en la foja número 1138 del dictamen informativo.

Así, la Comisión Investigadora señala que el modo en que se utilizaron los criterios jurídicos en contra de Lydia Cacho provocó “una gran repercusión en todos los gobernados por el estado de zozobra, incertidumbre o miedo generalizado”.

Según se subraya en el dictamen, la actuación de la coalición de servidores públicos contra la periodista mantiene un “estado de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad”, cuando el papel del gobierno del estado debiera ser el de contribuir a mantener y reestablecer la confianza en las instituciones públicas “que se constituyen por y para la defensa de los gobernados”, según se establece en el dictamen.

66 funcionarios desfilan
ante comisión de la SCJN

Un total de 66 servidores públicos del gobierno del estado, Tribunal Superior de justicia, Juzgado Quinto de lo Penal, Dirección General de Cereso y de la Procuraduría General de Justicia fueron interrogados por la Comisión Especial de la SCJN que investiga las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

A continuación presentamos la lista de los mismos:

De la Procuraduría General de Justicia

Blanca Laura Villeda Martínez
Rodolfo Igor Archundia Sierra
Carolina Aquino Medina
Luis Guillermo Arsención Serna
Rosa Aurora Espejel Parado
Ignacio Sarabia Martínez
César Tecuapacho Hernández
José Montaño Quiroz
Jesús Pérez Vargas
Rosa María Guerrero Domínguez
Alicia Macías Bonilla
María Irene Arteaga Rangel
Verónica Chávez Cruz
Alejandro Rocha Laureano
María Alejandra Jiménez Moreno
Cinthya Palacios
José Conrado Jiménez García
Román Martínez Ponce

Del Juzgado Quinto de lo Penal

Rosa Celia Pérez González
Alberto Óscar Gaspar Vázquez
María Guadalupe Muñoz Pérez
Margarita Maldonado Rosas
Moisés Vázquez Ruiz
Ganther Alejandro Villar Ceballos
Evelyn Niño Hernández
María Avelina Martínez Tenorio
Osvaldo Bernardo López Morgan
Pedro Pérez Corona
José Manuel Aguilar Ramón
María Hilda Mendoza Sotomayor
María Luisa Norma Ramírez Sánchez
María del Rayo Álvarez Ramos
Alejandra González Nava
Gabriela Alonso Mauleón
Érika Ponce García
María Judith Saldaña Corona
Araceli Moreno Garcíacano

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Guillermo Pacheco Pulido
Fernando García Rosas
Gerardo Villar Borja
Juan José Barrientos Granda
Enrique Ruiz Delgadillo
Martín Macías Pérez
Eduardo Romero Fajardo
Carlos Barrientos Merino
Claudia Victoria López García
María del Rocío García Morales

Dirección General de Centros de Readaptación Social del Estado de Puebla

Aldo Enrique Cruz Pérez
Heriberto Galindo Martínez
Gloria Paz Dorado Alarcón
Giselda Anaya Álvarez
Eduardo Badillo Pérez
Irma Acuahuitl Linares
Soledad Vega Salazar
María Soledad Jiménez Sánchez
Gloria Vázquez Hernández
Aurora Lucero Castillo
José Luis Hernández Cházari
Héctor González Zúñiga
Iván David Nájera Hernández
Roberto Sánchez Brenes
Valentín Portillo Guzmán

De la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla

Javier López Zavala

De la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal de Puebla

Ricardo Velázquez Cruz

Del Poder Ejecutivo Estatal

Mario Plutarco Marín Torres
Ana María Campeche Sánchez