Amplía Corte caso Oaxaca

Abren nueve meses ámbito de indagatoria; investigan violación de garantías individuales

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

La Suprema Corte de Justicia investigará la posible violación grave de garantías individuales durante los disturbios de julio pasado en Oaxaca, con motivo de la celebración de la Guelaguetza.

Por 6 votos contra 4, el Pleno de la Corte aceptó ayer parcialmente la solicitud de la Cámara de Diputados para ampliar su indagatoria sobre el conflicto social en aquella entidad.

El ministro Juan Silva Meza propuso investigar todo el periodo enero a octubre de 2007, lo que hubiera ampliado en nueve meses el ámbito de la indagatoria de la comisión designada en junio pasado, que revisa los hechos del periodo mayo de 2006-enero de 2007.

Pero cinco de los seis integrantes de la mayoría señalaron que el único hecho notorio y preciso que amerita investigación es el enfrentamiento del 16 y 17 de julio pasado en el Cerro del Fortín, entre contingentes de la APPO y elementos de la Policía Federal Preventiva y policías estatales.

La Cámara de Diputados pidió la ampliación con la idea de que la Corte investigara otros hechos, como la supuesta desaparición de dos dirigentes del EPR, que ha servido a ese grupo para justificar atentados contra instalaciones de Pemex.

Sin embargo, la solicitud no enumeró algún otro hecho concreto distinto del enfrentamiento mencionado, y los ministros no quisieron aceptar una indagatoria indefinida.

La comisión investigadora está integrada por los magistrados de circuito Roberto Lara y Manuel Baráibar, que laboran en este caso desde finales de agosto pasado, y se han entrevistado con diversos protagonistas del conflicto en Oaxaca.

En teoría la comisión tenía seis meses para concluir su investigación es decir, hasta febrero de 2008, pero por esta ampliación tendrá seis meses adicionales, lo que supone que pueden rendir su informe a la Corte hasta agosto del próximo año.

El Pleno de la Corte es el que, a fin de cuentas, resolverá si existió violación grave de garantías y quienes son responsables.

El dictamen final de los ministros no tendrá efectos jurídicos, ni generará obligaciones para otras autoridades, pero la Corte quiere aprovechar este caso y el de los disturbios en San Salvador Atenco, para fijar criterios sobre el uso correcto de la fuerza pública.

La minoría advirtió ayer sobre el riesgo político de que la Corte acepte "ampliar" investigaciones, cuando la Constitución no prevé esta figura.

"Aquí hay un renglón maravilloso para estar buscando la intervención de la Corte, planteando violaciones graves de garantías que sirvan de cortina de humo a la búsqueda de triunfo político de algún sector", afirmó Mariano Azuela.

"Yo sostengo que la Suprema Corte no tiene atribuciones para investigar movimientos irregulares en una colectividad determinada que se prolonguen en el tiempo y que puedan ser parecidos a algo significante de ingobernabilidad", dijo por su parte Salvador Aguirre desde la sesión del jueves pasado.