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SEP involucrada en el fraude del SNTE 51


Fue la dependencia estatal la que contrató el seguro con Seguros Banorte Generali

 

Dicha empresa, presuntamente en contubernio con la Secretaría de Educación Pública, entrega montos de seguros incompletos a las familias de los docentes finados o incluso los borra de su padrón de clientes

 

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Efraín Núñez Calderón / Yonadab Cabrera Cruz

 

El fraude millonario en el que está involucrado Gustavo Espinosa Vázquez, líder de la Sección 51 del SNTE, por la rasurada en los seguros de más de 25 mil afiliados a esta organización, ya alcanzó a la SEP. La dependencia estatal contrató el Seguro Institucional con la empresa Seguros Banorte Generali, que anómalamente entrega montos de seguros incompletos a las familias de docentes finados o incluso los borra del padrón.


Documentos en poder de Cambio evidencian que el fraude de la SEP en contra de los maestros poblanos posee las mismas características que el del SNTE 51. Y es que el seguro institucional contratado por la SEP también es manejado por Banorte Generali, la misma firma que ha estafado a los familiares de beneficiarios del sindicato, por lo que se presume el contubernio entre Darío Carmona García, titular de la dependencia y Espinosa Vázquez, en este nuevo escándalo.


Hay que decir que este diario publicó el pasado 15 de octubre los pormenores del engaño al que Gustavo Espinosa somete a los agremiados de la sección 51 del SNTE, pues eliminó de la lista de asegurados a algunos maestros que contrataron dicha póliza. Por si fuera poco, la cuota mensual que deben pagar los maestros por el seguro es de 2.7 por ciento de su salario mensual pero en Inbursa —firma con la que originalmente el SNTE contrató los seguros— sólo se registra el 2.3 por ciento.


Más aún, otra de las anomalías radica en que a pesar de que originalmente el SNTE 51 contrató los seguros con Inbursa, los montos a los familiares de los beneficiarios se pagan a través de la firma Banorte Generali, en donde el agente responsable del contrato es Fabricio Barrera, quien curiosamente también opera el contrato con la SEP estatal.


Por esta situación, el líder de la sección 51 del SNTE, Gustavo Espinosa buscó la candidatura a diputado plurinominal por el Panal, para intentar obtener el fuero que lo librara de cualquier responsabilidad jurídica en torno a este escándalo.

 

La gran estafaen la SEP estatal


En el papel, el seguro institucional cubre a todos los trabajadores de base en la SEP estatal con 40 meses de sueldo base por fallecimiento e invalidez total y permanente —una u otra, lo que ocurra primero—. También entrega un anticipo por enfermedades terminales al 50 por ciento, un anticipo por gastos funerarios del 30 por ciento, así como licencias médicas.


El caso más escandaloso es la pifia cometida por los involucrados en el fraude, al borrar del listado a Isidoro Isaac Martínez Salinas, quien fue cuñado de Gustavo Espinosa Vázquez, líder del SNTE 51. Después del fallecimiento de Martínez, los deudos no pudieron reclamar el beneficio. Hay que decir que según la póliza 574501, ocho familiares de la esposa de Gustavo Espinosa, son trabajadores de la educación reconocidos por la compañía aseguradora, menos Martínez Salinas.


Sin embargo, en la realidad, estos beneficios no se hacen patentes como lo revela la documentación de casos en poder de Cambio. El camino que lleva a Banorte Generali es una muestra clara de las dimensiones del fraude.


En un inicio la compañía responsable del contrato fue Aseguradora Hidalgo y/o Ahisa, hasta antes de su privatización. Posteriormente, el contrato pasó a la firma Metlife, empresa que compra Ahisa. A partir del 1 de febrero de 2006 se responsabiliza del seguro la empresa Inbursa, sin embargo, desde el 1 de septiembre de 2006 se negoció la póliza con la empresa Seguros Banorte Generali, con póliza 574501.


Llama la atención que el agente responsable del seguro sea Fabricio Barrera, quien también maneja los seguros del SNTE 51.
Uno de los casos a los que se tuvo acceso es el de la profesora de educación preescolar Luiyi Olaya Coeto, quien falleció en el 2006. A pesar de que su salario al momento de su muerte era de 4 mil 769 pesos, el agente de seguros la reporta en la base de datos con un sueldo mensual de 4 mil 281 pesos, lo cual implica que alguien se quedó con el equivalente del seguro que debió haber obtenido su familia como beneficio del seguro.


Banorte Generali intentó dar a la familia de esta docente un beneficio de 45.8 meses, equivalente a 196 mil 76 pesos, sin embargo, por su salario real, los deudos debieron recibir más de 218 mil 447 pesos.


En esta triangulación de recursos, surge el nombre de Jorge Muñoz Carballeda, encargado de Recursos Humanos en la SEP, funcionario encargado de la nómina en la que están registrados más de 27 mil profesores y por ende, quien tiene que reportar el listado de beneficiarios a Inbursa.


Otro de los casos reportados es el del profesor de telesecuandaria Mario Carpinteiro Argüelles, quien falleció el 28 de diciembre de 2006 con un ingreso de 16 mil 271 pesos, sin embargo, el docente fue registrado en el padrón de beneficiarios del seguro con un ingreso mensual menor, es decir, 14 mil 605 pesos. Por esta razón, los familiares del finado recibieron 668 mil 918 pesos, por lo que les faltó por percibir más de 76 mil 322 pesos.

 

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