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 Argumentan violación de garantías a Cacho

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Junta Editorial*

La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó la violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho a través de cuatro puntos básicos, entre los que se encuentran:

“a) La ilegal ejecución de la orden de captura.
”b) La incertidumbre jurídica que se generó con la detención.
”c) El trato singular a la que fue expuesta.
”d) El pretender sancionar el ejercicio de las garantías de libre expresión de las ideas y de prensa”, según se detalla en la foja número 1138 del dictamen informativo.

Así, la Comisión Investigadora señala que el modo en que se utilizaron los criterios jurídicos en contra de Lydia Cacho provocó “una gran repercusión en todos los gobernados por el estado de zozobra, incertidumbre o miedo generalizado”.

Según se subraya en el dictamen, la actuación de la coalición de servidores públicos contra la periodista mantiene un “estado de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad”, cuando el papel del gobierno del estado debiera ser el de contribuir a mantener y reestablecer la confianza en las instituciones públicas “que se constituyen por y para la defensa de los gobernados”, según se establece en el dictamen.

66 funcionarios desfilan ante comisión de la SCJN

Un total de 66 servidores públicos del gobierno del estado, Tribunal Superior de justicia, Juzgado Quinto de lo Penal, Dirección General de Cereso y de la Procuraduría General de Justicia fueron interrogados por la Comisión Especial de la SCJN que investiga las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

A continuación presentamos la lista de los mismos:

De la Procuraduría General de Justicia

Blanca Laura Villeda Martínez
Rodolfo Igor Archundia Sierra
Carolina Aquino Medina
Luis Guillermo Arsención Serna
Rosa Aurora Espejel Parado
Ignacio Sarabia Martínez
César Tecuapacho Hernández
José Montaño Quiroz
Jesús Pérez Vargas
Rosa María Guerrero Domínguez
Alicia Macías Bonilla
María Irene Arteaga Rangel
Verónica Chávez Cruz
Alejandro Rocha Laureano
María Alejandra Jiménez Moreno
Cinthya Palacios
José Conrado Jiménez García
Román Martínez Ponce

Del Juzgado Quinto de lo Penal

Rosa Celia Pérez González
Alberto Óscar Gaspar Vázquez
María Guadalupe Muñoz Pérez
Margarita Maldonado Rosas
Moisés Vázquez Ruiz
Ganther Alejandro Villar Ceballos
Evelyn Niño Hernández
María Avelina Martínez Tenorio
Osvaldo Bernardo López Morgan
Pedro Pérez Corona
José Manuel Aguilar Ramón
María Hilda Mendoza Sotomayor
María Luisa Norma Ramírez Sánchez
María del Rayo Álvarez Ramos
Alejandra González Nava
Gabriela Alonso Mauleón
Érika Ponce García
María Judith Saldaña Corona
Araceli Moreno Garcíacano

Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Guillermo Pacheco Pulido
Fernando García Rosas
Gerardo Villar Borja
Juan José Barrientos Granda
Enrique Ruiz Delgadillo
Martín Macías Pérez
Eduardo Romero Fajardo
Carlos Barrientos Merino
Claudia Victoria López García
María del Rocío García Morales

Dirección General de Centros de Readaptación Social del Estado de Puebla

Aldo Enrique Cruz Pérez
Heriberto Galindo Martínez
Gloria Paz Dorado Alarcón
Giselda Anaya Álvarez
Eduardo Badillo Pérez
Irma Acuahuitl Linares
Soledad Vega Salazar
María Soledad Jiménez Sánchez
Gloria Vázquez Hernández
Aurora Lucero Castillo
José Luis Hernández Cházari
Héctor González Zúñiga
Iván David Nájera Hernández
Roberto Sánchez Brenes
Valentín Portillo Guzmán

De la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla

Javier López Zavala

De la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal de Puebla

Ricardo Velázquez Cruz

Del Poder Ejecutivo Estatal

Mario Plutarco Marín Torres

Ana María Campeche Sánchez

* Junta Editorial

Arturo Rueda, Zeus Munive, Héctor Hugo Cruz, Selene Ríos, Efraín Núñez y Edmundo Velázquez