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Piden en la Cámara acelerar el juicio político contra Marín

 

Antonio Díaz García presentó un punto de acuerdo para ello

 

El diputado panista Francisco Fraile García dijo que en el dictamen del ministro Juan Silva Meza hay elementos suficientes para determinar si es procedente o no el juicio contra el mandatario poblano, a pesar de que la Corte aún no expresa la resolución final al respecto

 

Efraín Núñez Calderón

 

José Antonio Díaz García Cambio/ Foto/ Archivo/ Tere Murillo

José Antonio Díaz García Cambio/ Foto/ Archivo/ Tere Murillo

Con el voto en contra de las fracciones parlamentarias del PRI y Partido Verde Ecologista, el Pleno de la Cámara de Diputados federal acordó ayer pedir a la Subcomisión de Examen Previo que agilice el Juicio Político en contra del gobernador Mario Marín Torres. José Antonio Díaz García, diputado federal del PAN —quien sugirió el punto de acuerdo— confió en que la próxima semana se apruebe el procedimiento en contra del mandatario.


Por su parte, Alberto Amador Leal, coordinador de los diputados federales del PRI en Puebla, señaló que la petición de los diputados federales no tendrá repercusión parlamentaria, pues dijo que sólo hasta que la Corte emita su resolución final respecto del escándalo Marín-Cacho, se podrá analizar si es procedente o no el juicio político. Además acusó al PAN de utilizar el tema con un interés político-electoral.
Durante la sesión de ayer el diputado poblano José Antonio Díaz García subió a tribuna a presentar el punto de acuerdo a través del cual se pide a la Subcomisión de Examen Previo —dependiente de la Comisión de Gobernación— le dé celeridad a la petición de juicio político en contra del gobernador.


El punto de acuerdo fue aceptado por las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza, sin embargo, el PRI y el Partido Verde Ecologista votaron contra la iniciativa. Entrevistado vía telefónica, Díaz García señaló que la subcomisión debe determinar lo conducente, debido a que la petición fue presentada en 2006 y hasta la fecha no se ha manifestado al respecto:
“La ley da un plazo de 30 días hábiles para determinar si procede o no el juicio político.

 

Yo no prejuzgo sobre la culpabilidad o no del gobernador, pero esta solicitud se presentó desde la legislatura pasada, hace más de 20 meses. No es justo que tengamos una sociedad polarizada por no saber si se tiene un pobre gobernador acusado injustamente, juzgado de manera sumaria por Carlos Loret de Mola o si se mantiene en el poder a un cínico violador de los derechos humanos, por lo que tiene que ser separado de su cargo y juzgado”, sentenció.


Francisco Fraile García Cambio/ Foto/ Archivo/ Tere Murillo

Francisco Fraile García Cambio/ Foto/ Archivo/ Tere Murillo

En ese sentido confió en que la subcomisión tenga un determinación de juicio político la próxima semana. Asimismo, explicó que en caso de que se inicie este procedimiento y se encuentren los elementos suficientes para suponer la culpabilidad del gobernador, la determinación de la Cámara de Diputados será turnada al Senado para iniciar un juicio de desafuero: “Del Senado el asunto pasa al Congreso local para imponer las sanciones correspondientes”, apuntó.


De igual forma, advirtió sobre la intención del PRI de querer echar abajo este procedimiento chantajeando con evitar que se apruebe la Ley de Egresos para el próximo ejercicio fiscal.


En tanto, para el diputado panista Francisco Fraile García, en el dictamen del ministro Juan Silva Meza, existen elementos suficientes para determinar si es procedente o no el juicio político contra Marín, a pesar de que la Corte aún no expresa la resolución final al respecto:

—¿Tendrá alguna repercusión electoral esta petición, podría capitalizarlo el PAN en la elección? —se le preguntó a Fraile.
—Esa es una decisión de los ciudadanos y ellos juzgarán como conveniente o inconveniente o si es prudente o no —señaló.

Recuadro:

Es una estrategia de tipo electoral: Alberto Amador


Alberto Amador Leal Cambio/ Foto/ Archivo/ Ulises Ruiz

Alberto Amador Leal Cambio/ Foto/ Archivo/ Ulises Ruiz

Entrevistado por separado, Alberto Amador Leal, diputado federal del PRI, manifestó que en función de que es improcedente el juicio político hasta en tanto la Corte no determine su resolución, el punto de acuerdo presentado por Díaz García representa una estrategia de tipo electoral.


En su opinión, el punto de acuerdo no tendrá repercusión parlamentaria alguna y tampoco afectará al PRI en la recta final de la campaña de este año: “El asunto está en manos del máximo tribunal, el cual decidirá el curso final de esa recomendación. Lo que quiere el PAN es aprovechar este incidente incómodo para el gobernador y lastimar a la sociedad poblana por la coyuntura electoral. No tendrá ningún efecto porque la sociedad está cansada de la guerra sucia, de las agresiones por eso no hicimos ningún comentario en el pleno (…) No podemos hacer nada antes de que defina la Corte porque nosotros le solicitamos que ejerciera la facultad de investigación que le otorga el artículo 27”.


El coordinador de los diputados priistas poblanos en San Lázaro previó que el máximo tribunal envié tan solo un comunicado, toda vez que no tiene facultados para emitir un juicio en contra de nadie.


“La ley da un plazo de 30 días hábiles para determinar si procede o no el juicio político. Yo no prejuzgo sobre la culpabilidad o no del gobernador, pero esta solicitud se presentó desde la legislatura pasada, hace más de 20 meses. No es justo que tengamos una sociedad polarizada por no saber si se tiene un pobre gobernador acusado injustamente, juzgado de manera sumaria por Carlos Loret de Mola o si se mantiene en el poder a un cínico violador de los derechos humanos, por lo que tiene que ser separado de su cargo y juzgado”.

 


El punto de acuerdo fue aceptado por las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza, sin embargo, el PRI y el Partido Verde Ecologista votaron contra la iniciativa.

 


Entrevistado por separado, Alberto Amador Leal, diputado federal del PRI, manifestó que en función de que es improcedente el juicio político hasta en tanto la Corte no determine su resolución, el punto de acuerdo presentado por Díaz García representa una estrategia de tipo electoral.

 

 

Exigen a la Subcomisión de Examen Previo cumplir con su obligación legal de analizar el caso de acuerdo con la Ley

 

Panistas en San Lázaro van por el gobernador poblano

 

Agencias

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una excitativa dirigida a la Subcomisión de Examen Previo, para acelerar el análisis del juicio político iniciado contra el gobernador de Puebla, Mario Marín.


Durante la sesión ordinaria en la Cámara baja, se acordó también pedir a la Mesa Directiva que turne a la Subcomisión de Examen Previo el informe preliminar elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades poblanas.


En la tribuna el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) , José Antonio Díaz, dio lectura a la excitativa que solicita a dicha subcomisión cumplir con su obligación legal de analizar dicho caso de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.


"Que las comisiones de Gobernación y Justicia, que conforman la subcomisión de Examen Previo, informen a esta soberanía de las acciones que lleven a cabo en relación con el asunto a que se refiere esta excitativa" , agrega el acuerdo aprobado.
Díaz expuso que desde hace más de 18 meses, la Subcomisión de Examen Previo ha incumplido el mandato legal por el que debe determinar si ha lugar incorporar el procedimiento de juicio político contra Marín Torres, por su presunta relación en el caso de la periodista Lydia Cacho.


"No prejuzgo sobre la responsabilidad política del gobernador Marín Torres; sin embargo, es escandaloso que las acusaciones que pesan en su contra y los procedimientos iniciados, no hayan sido siquiera motivo de análisis para que los representantes populares cumplan mínimamente con sus responsabilidades constitucionales y legales" , apuntó.


Cabe destacar que los diputados federales del PRD, Francisco Santos Arreola y Valentina Batres respaldaron el acuerdo en tribuna.


Ningún legislador del PRI impugnó o cuestionó la excitativa que plantea acelerar el juicio político contra Mario Marín.

 


Cabe destacar que los diputados federales del PRD, Francisco Santos Arreola y Valentina Batres respaldaron el acuerdo en tribuna. Ningún legislador del PRI impugnó o cuestionó la excitativa que plantea acelerar el juicio político contra Mario Marín.

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