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 Denuncian a funcionarios ante la Contraloría estatal

 

El diputado Eliseo Lezama pidió se investigue reunión de priistas con empleados del gobierno estatal en Chiautla de Tapia

 

Los acusados son Pablo Vargas Alcántara, funcionario de la SDS, Eleuterio Martínez Tranquilino, directora del Icatep; Israel Carbente Corona, delegado de la Segob; Diana Laura Ramírez Ruiz, oficial del Registro Civil y candidata del PRI a síndico municipal, y Hugo Pascaso, agente de Seguridad Vial de Atencingo

 

Efraín Núñez Calderón

diputados panistas
Diputados panistas en la Sedecap Cambio/ Foto/ Ulises Ruiz

 

Eliseo Lezama Prieto, diputado panista, presentó ayer una queja ante la Contraloría estatal, por los hechos ocurridos la semana pasada en Chiautla de Tapia, en donde se llevó a cabo una reunión entre funcionarios estatales y el grupo de campaña del candidato priista Joel Jaime Hernández Ruiz, en oficinas del DIF municipal.


Presentando como prueba un video que fue difundido en algunos medios de comunicación, el legislador local pidió que la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) finque responsabilidades sobre ocho funcionarios por evidenciar la desviación de recursos estatales a favor de las campañas priistas.


También denuncian a José Tello Ríos Ramírez, miembro de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo de Izúcar de Matamoros; Macario Sánchez Ramírez, director del Centro de Readaptación Social de Chiautla de Tapia y Agustín Rivera Rivera, defensor Social de la Procuraduría del Ciudadano.


Hay que decir que Acción Nacional en Puebla cuenta con un video en el que se puede ver a estos funcionarios pactar con el equipo de campaña del candidato priista a diputado por el distrito 11, Joel Jaime Hernández Ruiz, la forma en que se le apoyaría presuntamente con recursos públicos.


La queja fue recibida en la Contraloría por Cristina Cruz Fuentes, coordinadora general Jurídica de la Sedecap, quien en entrevista señaló que se analizará si existen los elementos suficientes para establecer una determinación de responsabilidades en contra de estos funcionarios.


Sin embargo, manifestó que no existe una temporalidad para determinar si lo anterior es factible o si se puede establecer algún tipo de sanción, en caso de que se comprueben los hechos imputados. En ese sentido, manifestó que el trabajo de la Sedecap no tiene relación alguna con el transcurso del proceso electoral.


Eliseo Lezama se basa en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para asegurar que los funcionarios cometieron una irregularidad que debe ser sancionada. Según dicha legislación, los servidores públicos “deben de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.


En el documento presentado, el diputado blanquiazul solicita la intervención de la Sedecap para que “se realice la investigación correspondiente con respecto a la participación de diversos funcionarios del gobierno del estado en el evento (sic) realizado en las oficinas del DIF en el municipio de Chiautla de Tapia, el pasado 2 de octubre, en horario laboral con el objetivo de acordar la entrega de recursos a favor del candidato a diputado por el distrito 11 por la Coalición Unidos para Progresar”.


Esta queja se suma al cúmulo de denuncias que el PAN ha presentado desde el lunes pasado con relación a lo que han calificado como las evidencias de que desde Casa Puebla, el gobernador Mario Marín opera una “elección de Estado”.


El lunes pasado, el PAN publicó un desplegado en medios de comunicación de circulación nacional en el que le exigen al mandatario poblano que saque las manos del proceso electoral. Asimismo, en conferencia de prensa celebrada en el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, el partido denunció diversas anomalías, como la operación para censurar el llamado spot precioso, y las evidencias de distintos casos en los que se presume desviación de recursos a favor de los candidatos priistas.


Además, ayer el Senado de la República aprobó la creación de una comisión especial que vigilará el actuar del gobernador Marín en las próximas elecciones locales. La propuesta fue presentada por el grupo de senadores panistas poblanos, representados por Humberto Aguilar Coronado y la idea fue apoyada por la mayoría del pleno en el Palacio de Xicoténcatl.

 

Panistas lanzan ofensiva contra partido sinarquista


La fractura de los grupos al interior del Partido Acción Nacional se hizo evidente en Puebla cuando el diputado panista Fernando Meneses denunció ante la Sedecap que en la comunidad de San Mateo Capultitlán, funcionarios públicos están promoviendo la afiliación al Movimiento de Participación Solidaria, agrupación política conformada con miembros de la ultraderecha.


Según el diputado albiazul, en dicha comunidad de Huejotzingo, la ciudadana Reyna Ordaz Gallo, coordinadora de la Casa de Salud, convocó a las personas beneficiarias con el objetivo de afiliarlos a este partido sinarquista.


Al preguntarle si reconoce en esta organización a un grupo de ultraderecha, el legislador local dijo desconocer los fines de esta organización. Sin embargo, en investigaciones realizadas con antelación por esta casa editorial, se sabe que la conformación de esta agrupación de ultraderecha ha dividido al PAN a nivel nacional, debido a que su existencia representa una confrontación con el grupo del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

 

En el documento presentado, el diputado blanquiazul solicita la intervención de la Sedecap para que “se realice la investigación correspondiente con respecto a la participación de diversos funcionarios del gobierno del estado en el evento (sic) realizado en las oficinas del DIF en el municipio de Chiautla de Tapia, el pasado 2 de octubre, en horario laboral con el objetivo de acordar la entrega de recursos a favor del candidato a diputado por el distrito 11 por la Coalición Unidos para Progresar”.

 

 

 

 

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