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Juárez Acevedo, en manos de la Contraloría

Aprueba el Congreso que dicha instancia investigue las irregularidades cometidas por el presidente de la CAIP

El punto de acuerdo aprobado por 38 diputados considera que el certificado emitido por el IFE es una prueba fehaciente en contra del consejero

Selene Ríos Andraca

Diputados mandan a Sedecap el caso del consejero mentiroso Cambio/ Foto/ Archivo/ Tere Murillo

El proceso para destituir a Antonio Juárez Acevedo continúa su curso debido a que el Congreso local aprobó ayer instruir a la Contraloría estatal para que investigue las mentiras del aún comisionado presidente de Acceso a la Información Pública, basándose en una “prueba contundente” que es el certificado del Instituto Federal Electoral (IFE) que revela que el funcionario público también es secretario de la agrupación política Plataforma Cuatro.

Con 38 votos a favor y una abstención —del nuevo diputado perredista Juan Medel—, la LVI aprobó que sea la Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), la encargada de otorgarle a Juárez Acevedo su derecho de audiencia, para que desahogue pruebas a su favor.

La Sedecap tendrá acceso al expediente curricular que presentó Juárez Acevedo para su postulación y el certificado original del IFE, firmado por el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal —publicado en Cambio el 24 de septiembre— que da cuenta que de acuerdo a los archivos que obran en el órgano electoral, el presidente de la CAIP es el secretario general de Plataforma Cuatro.

El punto de acuerdo que considera el certificado como prueba fehaciente en contra de Juárez, argumenta que uno de los principales artículos de la Ley de Acceso a la Información que ha violado Antonio Juárez desde que fue electo como comisionado en 2004 por la LV Legislatura es el 27, el cual señala que: “Para ser Comisionado se requiere: (…) No haber desempeñado cualquier cargo (…) de dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación.”

A pesar de que la Convocatoria para elegir a los primeros comisionados de transparencia en la entidad exigía una postura ciudadana y apartidista, Juárez Acevedo omitió en su expediente el cargo que ostentaba desde seis años atrás en la organización política.

Otro artículo que violenta el aún presidente de la CAIP es el 28 que dice a la letra: “Los Comisionados en ejercicio de sus funciones no podrán desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión, remunerado o no, salvo aquellos de carácter académico.”

Y otro más es el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dice en su fracción XI: “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba.”

Una de las partes contundentes del acuerdo avalado por los siete integrantes de la Comisión de Gobernación y la mayoría en el pleno legislativo, a excepción de un voto del PRD, fue que el certificado es prueba contundente para demostrar que Juárez Acevedo le mintió a la legislatura anterior y omitió de manera dolosa la información que le obstaculizaría su llegada a la CAIP.
“En atención de que 38 diputados integrantes de la LVI Legislatura del Congreso del estado así lo aprobaron, envíese el presenten Acuerdo a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación Control de la Administración Pública, del Estado, para que se inicien las investigaciones correspondientes y de ser el caso, se inicie el procedimiento para determinar la responsabilidad del ciudadano Antonio Juárez Acevedo, comisionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Publica de la Administración Publica del Estado.

”En cumplimiento del punto anterior, remítase el expediente original que obra en poder de este Honorable Congreso del Estado, a la dependencia citada para todos los efectos legales a que haya lugar, previa copia certificada que se obtenga del citado original para constancia”, dictaminó la mesa directiva.