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Quiere GDF trasladar a la “Reina del Pacífico”

 

El Gobierno capitalino presentó la solicitud a la PGR a través de la Subsecretaría de Gobierno, por considerar que el penal de Santa Martha es inadecuado por la peligrosidad de la presunta narcotraficante

 

Agencias

 

El Gobierno del Distrito Federal solicitó oficialmente que Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, sea trasladada del penal de Santa Martha Acatitla a un centro de reclusión de máxima seguridad.


El titular de la Subsecretaría de Gobierno capitalina, Juan José García Ochoa, informó que enviaron tres misivas oficiales con la petición del traslado de Ávila Beltrán por "motivos de seguridad institucional".


Las cartas fueron enviadas al procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora; al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al titular del Juzgado 18 de Procesos Penales Federales, Alejandro Javier Hernández Loera.


El funcionario detalló que en los escritos se explica que la cárcel femenil Santa Martha Acatitla, al igual que el resto de los reclusorios del Distrito Federal, son de mediana seguridad, sin capacidad para tratar a reos de alta peligrosidad.


Las misivas precisan que no se cuenta con infraestructura suficiente para el trato de personas relacionadas con la delincuencia organizada como Ávila Beltrán, quien "es señalada como enlace entre narcotraficantes colombianos y cárteles de Juárez y Sinaloa".


Detallan que si bien la mujer fue ingresada tras una orden de aprehensión obsequiada por el juez 18 en procesos penales federales, su presencia representa un "costo imponderable", toda vez que requiere seguridad y video vigilancia particular las 24 horas del día.


En la carta dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Juan García Ochoa solicita además que mientras Ávila continúe en Santa Martha "se garanticen las condiciones de seguridad en el exterior del penal por agentes federales". El funcionario del gobierno capitalino exhortó a Medina-Mora y a García Luna a que "revisen conjuntamente" las políticas generales para el traslado e ingreso de personas vinculadas con el crimen organizado y que representan un alto riesgo social.



 

 

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