Se dificulta el cumplimiento de la ley sobre el aborto en la Ciudad de México

Elisabeth Malkin y Nacha Cattan / Ciudad de México

Cuando el gobierno de la Ciudad de México hizo legal el aborto el año pasado, también se propuso hacer que estuviera disponible para cualquier mujer que lo solicitara. Eso incluye a las más pobres de la ciudad, que durante años recurrieron a clínicas ilegales y parteras, mientras las adineradas iban con médicos privados dispuestos a interrumpir discretamente embarazos no deseados.

Sin embargo, ayudar a mujeres pobres a tener igual acceso al procedimiento ha resultado ser casi tan complicado como la aprobación de la ley, un acontecimiento que marcó un hito en este país católico y en una región donde casi todos los países restringen severamente el aborto.

Desde que la legislatura de la ciudad votó la ley en abril de 2007, un 85 por ciento de los ginecólogos de los hospitales públicos de la Ciudad se ha declarado objetor de conciencia. Y las mujeres se quejan de que incluso en los hospitales donde hacen abortos, el personal de salud con frecuencia es hostil, las degrada y levanta obstáculos burocráticos.

"Tuvimos que resolver cómo brindar el servicio en forma improvisada", dijo el secretario de salud de la ciudad, Armando Ahued. "Aprendimos en el camino."

Ahora, aun cuando el gobierno de izquierda de la ciudad reestructura sus servicios de aborto, la ley se enfrenta a su reto más grande: los tribunales.

El 25 de agosto, la Suprema Corte de México inició deliberaciones públicas sobre la recusación presentada el año pasado por el gobierno federal conservador, respaldada por grupos antiaborto. Se podría tener una decisión antes del fin de mes.

Como medida de las pasiones que generó el debate, la Suprema Corte escuchó a 40 oradores a favor y otros tantos en contra de permitir el aborto, durante seis audiencias públicas que comenzaron en abril.

Para revertir la ley de la ciudad, que permite el aborto durante el primer trimestre del embarazo, ocho de los 11 magistrados deben votar en contra.

Es poco probable que el debate concluya con un fallo de la Corte. Las organizaciones antiaborto ya dijeron que empujarán un referendo si el fallo es en su contra, ya que argumentan que ésa es una mejor forma de decidir un tema tan trascendental.

"Es un debate sobre absolutos", dijo Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México. "Es un tema que en realidad no está sujeto a debate".

En el resto de México, los estados permiten abortos sólo bajo circunstancias limitadas, como en caso de violación y de incesto, y Human Rights Watch informa que en la práctica es casi imposible que los hagan.

La Ciudad de México ha hecho caso omiso de la batalla filosófica, haciendo avanzar sus planes, que los funcionarios dicen los van a ayudar a estar a la altura del espíritu de la ley. "Para la gente que tiene dinero, esto no era un problema", dijo Ahued, quien ve que la ley repara un daño que ponía en peligro a las mujeres pobres. "Pero nuestra gente sin recursos, ¿qué podía hacer? Iba a clínicas clandestinas".

Debido a que tantos doctores se negaron a hacer los abortos, la ciudad contrató cuatro nuevos para ayudar a manejar la carga de trabajo en los 14 hospitales capitalinos, donde empezó a practicarlos. Ahora, son 35 los médicos que llevan a cabo el procedimiento en las instalaciones médicas del gobierno de la Ciudad.

Debido a que el gobierno capitalino determinó que su servicio no era lo suficientemente rápido, capacitó médicos para usar píldoras abortivas cuando fuera posible y para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos con mayor rapidez.

No se sabe con certeza cuántas mujeres pudieron decidir no hacerse un aborto en los hospitales públicos ya con demasiada carga de trabajo, porque se llevaba mucho tiempo conseguir una cita o porque tuvieron que esperar demasiado para que les hicieran un ultrasonido obligatorio.

Desde que los abortos sin restricciones se hicieron legales en abril de 2007, los doctores han llevado a cabo (o supervisado cuando se utilizan píldoras) unos 12 mil 500 procedimientos en clínicas y hospitales públicos, según el ministerio de salud local.

Sin embargo, al menos algunas mujeres han intentado otros métodos.

Alejandra, de 24 años, que trabaja en el instituto de las mujeres de la ciudad, explicó que cuando fue a que le hicieran un aborto el año pasado en un hospital público, una trabajadora social le dijo que tendría que pagar por su ultrasonido, que se supone es gratuito, y que la tendría que acompañar un familiar. Asustada por la descripción de los riesgos y el procedimiento, salió huyendo del hospital.

Terminó tomando pastillas para inducirse un aborto, sin consultar a un médico, y desarrolló una infección grave. Pidió que sólo se mencionara su nombre de pila porque dijo que hace poco recibió una amenaza de muerte por hablar en un acto del gobierno de la ciudad en el que se celebraba la nueva ley.

Otra mujer, una maestra de literatura en secundaria, de 27 años, quien habló a condición de guardar el anonimato, dijo que sus amigas le comentaron que las trataron como prostitutas en los hospitales públicos. También tomó píldoras abortivas, pero dijo que no sirvieron y requirió consultar a un médico para que completara el aborto.

Para acelerar el tratamiento, los funcionarios están sacando los abortos de bajo riesgo de los hospitales públicos con exceso de trabajo a clínicas públicas más reducidas, con base en parte en modelos británicos y estadounidenses. Un personal más reducido en ellas debería ser más solidario, esperan.

Una mañana reciente, en una de esas clínicas, llamada Beatriz Velasco de Alemán, ubicada en un barrio obrero, las mujeres esperaban con amigas, esposos y novios en un patiecito, platicando, jugando con los teléfonos celulares o mirando fijamente al horizonte.

Una madre de dos hijos, casada, de 27 años, que llegó a la clínica para que le practicaran un aborto no vio ninguna contradicción entre su religión y el aborto. "Soy católica, pero ahora que se aprobó la ley ...", dijo cuando entraba a su cita.

Hay un signo de oposición en la clínica. Brenda Vélez y dos asistentes de la organización antiaborto Pro Vida llegan cada día a las 11 de la mañana para rezar un rosario y repartir panfletos.

Sin embargo, ambos lados han confinado gran parte de su discusión al tribunal. Incluso la poderosa Iglesia Católica, que amenazó a los legisladores con la excomunión el año pasado si aprobaban la ley, ha acallado su retórica política. (Al final, la Iglesia no sacó a ningún legislador debido a sus votos.)

Ha habido unas cuantas protestas públicas conforme se acerca el fallo de la Suprema Corte, pero ninguno de los lados ha movilizado fuerzas masivas. Son los propios médicos los que están en la línea del frente cuando se trata de elegir bandos.

Una ginecóloga que trabaja en un hospital público, madre desde hace muy poco, dijo que es objetora porque no se siente a gusto interrumpiendo una vida. Algunas mujeres, dijo: "son irresponsables, porque hay anticonceptivos". Solicitó no ser identificada.

Quienes decidieron practicar los abortos dicen que no ha sido fácil. La doctora Laura García fue la única entre 13 ginecólogos de su hospital que estuvo de acuerdo en hacerlo el año pasado, expresó que algunos días lleva a cabo siete u ocho.

"Me convertí en una guerrera defendiendo mis convicciones", dijo García, que se cambió a un hospital nuevo en mayo, donde el gobierno de la ciudad planea practicárselos a niñas.

Comentó que sus colegas la insultaron y opositores al aborto la persiguieron por las calles. Sin embargo, dijo que haber presenciado lo que les sucedía a las mujeres antes de la legalización del aborto —vio casos de choques sépticos y sangrado incontrolable por abortos mal practicados—, la ayuda a continuar su labor.

"Estoy contribuyendo a rescatar los derechos de las mujeres", dijo García, "en México, las mujeres siempre han estado marginadas."

"Yo soy católica pero tengo convicciones", agregó. "No creo que me vaya a ir al infierno. De ser así, será por otra cosa."

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