IEE no fijará postura de la reforma electoral

PRD y PAN critican las declaraciones de Jorge Sánchez para respaldar la tesis priista

La propuesta para que el Consejo General del IEE emitiera una postura en cuanto a la conclusión del proceso electoral 2007 para la fecha de la reforma a la Constitución de Puebla y al Coipep, ni siquiera se puso a votación

Selene Ríos Andraca

Los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) cercanos al PRI rechazaron que el Consejo General del organismo emita una postura colegiada respecto a la fecha en que debe llevarse a cabo la reforma electoral y su aplicación en la elección estatal de 2010, bajo el argumento de que la decisión de las modificaciones a la Constitución y al Código de Procedimientos e Instituciones Electorales (Coipep) es exclusiva del Congreso local.

Durante la sesión ordinaria del viernes pasado, el tema de la reforma electoral generó un debate entre los miembros del Consejo y la propuesta para que el IEE fijara una postura oficial respecto a los tiempos de la reforma fue desechada, sin siquiera considerarse a votación.

Fueron los representantes de partidos, Hugo Aguilar del PRD y Miguel Méndez de Acción Nacional, quienes exigieron la postura oficial del Consejo General, una vez que los consejeros Fidencio Aguilar, Olga Lazcano y Miguel David Jiménez, así como el consejero presidente Jorge Sánchez Morales, habían declarado ante los medios de comunicación distintas posturas que provocaban confusión en cuanto a la reforma electoral.

Y es que, especialistas en materia electoral como el consejero general del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa Fernández; los consejeros locales del IFE, Luis Garibi Harper y Federico González; así como los locales Olga Lazcano y Fidencio Aguilar, advirtieron que de acuerdo al decreto aprobado por el Congreso de la Unión el 17 de noviembre de 2007, la LVII Legislatura tiene hasta febrero para modificar la Constitución de Puebla, así como el Código electoral, con el objetivo de aplicar las nuevas disposiciones en los comicios de 2010.

Tras dicha postura, los especialistas en materia electoral ligados estrechamente al Revolucionario Institucional  —principal opositor a la homologación de las elecciones de 2010— defendieron ante los medios de comunicación la tesis del PRI para evitar que la jornada electoral para la sucesión gubernamental se realice en julio de 2010.

Fueron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado y el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, los que argumentaron jurídicamente que el Congreso tiene el mes de agosto para finiquitar la reforma electoral, y obstaculizando la eventualidad de que los comicios estatales se celebren en julio y no en noviembre como estaba programado antes de la reforma electoral a nivel nacional.

El representante del PRD, Hugo Aguilar reprochó la postura de Jorge Sánchez, una vez que su opinión carece del sentido “personal”, puesto que ostenta la presidencia del consejo y del instituto, lo que provoca que su versión sea considerada como la “oficial” e “institucional”.

En respuesta, Jorge Sánchez trató de defenderse y de ocultar su servilismo, al asegurar que él se limitó a citar “una opinión” ante los medios de comunicación una resolución de la Suprema Corte de Justicia del 2001, en la que el máximo tribunal de justicia estableció que las elecciones extraordinarias son parte del proceso ordinario.

Es preciso resaltar que la fecha límite del Congreso local para llevar a cabo las reformas a la Constitución y al Coipep dependen de la culminación del proceso electoral estatal de 2007, el cual tiene dos fechas en discusión: 13 de febrero cuando el Consejo dio por concluido el proceso o 12 de marzo, cuando el Tribunal Electoral determinó al ganador de la contienda extraordinaria celebrada en el municipio Felipe Ángeles.

De ahí que los partidos de oposición hayan solicitado en la sesión al Consejo que emitiera una resolución del término del proceso electoral para que el Congreso lo considere su fecha límite para las modificaciones, de lo contrario corre el riesgo de incurrir en desacato constitucional.

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