Deuda de Paredes afectará a administración de Alcalá

Por la cantidad de 26 millones 629 mil 462 pesos por el distribuidor vial Juárez Serdán

El representante legal de Desarrollo Interamericano (empresa que contrato el ex alcalde panista) Óscar Jaime Jiménez Alarcón, amparó a la firma ante la justicia federal, en el Juzgado Noveno del Distrito, instancia que resolvió el conflicto a favor de la constructora el 31 de agosto de 2007. El fallo fue ratificado el 21 de noviembre del mismo año

Yonadab Cabrera Cruz

La administración de Enrique Doger Guerrero heredará una deuda a Blanca Alcalá Ruiz por la cantidad de 26 millones 629 mil 462 pesos, más los intereses acumulados por la falta de pago a la empresa Desarrollo Interamericano, la cual fue contratada para que construyera la magna obra del ex alcalde panista, Luis Paredes Moctezuma, el distribuidor vial Juárez Serdán.

Cabe recordar que la deuda fue descubierta a un día que culminará la administración de Luis Paredes, el 14 de febrero de 2005, pero la administración de Enrique Doger Guerrero a través de una sesión de cabildo, que se efectuó el día 7 de julio del mismo año, desconoció la deuda, con el objetivo de conservar la cantidad monetaria que la firma exigía.

Ante esta situación, el representante legal de Desarrollo Interamericano,Óscar Jaime Jiménez Alarcón, amparó a la firma ante la justicia federal, en el Juzgado Noveno del Distrito, instancia que resolvió el conflicto a favor de la constructora el 31 de agosto de 2007, el cual fue ratificado el 21 de noviembre del mismo año. La sentencia ordena al ayuntamiento de Puebla pagar la cantidad antes mencionada más sus intereses a la brevedad posible.

La resolución de la sentencia del Juzgado Noveno del Distrito, a la letra dice:

“Se condena a la demandada principal, ayuntamiento del municipio de Puebla, al pago de los gastos financieros reclamados en términos de lo establecido por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Vigente al momento de la celebración de contrato de obra pública, materia de la presente controversia”.

Y como algunos integrantes del cabildo se niegan a reconocer y liquidar dicha deuda, están buscando la forma de declararla improcedente. Por ello, el regidor perredista Arturo Loyola González aseguró que dicho pasivo fue producto de un tráfico de influencias entre los tribunales federales y la constructora.

Por lo que ayer, Loyola González presentó en sesión de cabildo una excitativa dirigida al gobierno federal, para que en ejercicio de sus facultades, y a través de las instancias competentes, investiguen el tráfico de influencias, por el cual según Arturo Loyola, Desarrollo Interamericano “intenta saquear los recursos del ayuntamiento”.

Pero para el síndico municipal, Lauro Castillo Sánchez, quien llevó el litigio de esta deuda desde el principio, la excitativa que quiere enviar Loyola González al gobierno federal no es procedente, ya que consideró que como abogado, respeta las resoluciones de los tribunales de la justicia federal.

“Yo en lo particular no puedo sumarme a esa propuesta, porque la sindicatura y el ayuntamiento es muy respetuoso de las resoluciones que emiten los jueces y los tribunales de la justicia federal, nosotros no cuestionamos esas resoluciones. Las resoluciones no son políticas, son jurídicas”.

Además, precisó que la sindicatura sigue los trámites y siempre defenderá los intereses del municipio hasta las últimas consecuencias, aunque dijo que en este caso, el procedimiento legal que se lleva es muy complejo, y está en litigio, a pesar de que hay diversas resoluciones en contra, “pero el esfuerzo que habrá que hacerse jurídicamente es mayor, pero eso no quiere decir que tengamos que descalificar la resolución de los jueces”.