2007, el año de las definiciones políticas

El encontronazo con Omar Álvarez Arronte finalizó en una tregua con el marinismo

En un año electoral, la efervescencia política provocó que Enrique Doger se confrontara con los empresarios, sobretodo los ligados a la derecha poblana que apoyaban abiertamente a Toño Sánchez Díaz de Rivera, candidato del PAN a la alcaldía capitalina

Especial

El último año de Enrique Doger Guerrero al frente del Ayuntamiento fue de definiciones políticas para cerrar el trienio sin problemas. Al inicio de 2007 Omar Álvarez Arronte, otrora secretario de Seguridad Pública y Vialidad municipal, tronó en contra de la administración dogerista denunciando una serie de supuesto actos de corrupción.

El alcalde respondió a la ofensiva denunciando al ex funcionario municipal por difamación y calumnias. Por su parte el cabildo decidió investigar a Álvarez Arronte a través de la Contraloría municipal. A final de cuentas el escándalo finalizó en una tregua con el marinismo hacia el final de la administración.

En un año electoral, la efervescencia política provocó que Enrique Doger se confrontara con los empresarios, sobretodo los ligados a la derecha poblana que apoyaban abiertamente a Toño Sánchez Díaz de Rivera, candidato del PAN a la alcaldía capitalina.

El conflicto con Juan José Rodríguez Posada, ex líder del Consejo Coordinador Empresarial, se reflejó en una ofensiva mediática de ambas partes, la cual culminó cuando el empresario dejó de liderar dicho organismo.

El propio abanderado panista Sánchez Díaz de Rivera también se confrontó con el Ayuntamiento. Utilizó como discurso de campaña las carencias en los rubros de obra y seguridad pública. Su estrategia lo llevó a intentar relaminar las calles con una máquina de asfalto que nunca supo operar. Doger por su parte le ofreció trabajo en el Ayuntamiento al también diputado federal.

Enrique Doger termina su trienio insinuando un interés por suceder a Mario Marín Torres. En su último informe de gobierno dejó en claro que sus intenciones políticas le provocarán nuevas diferencias con el gobernador, el cual se ausentó del último mensaje del alcalde. Cambio ofrece la última entrega del recuento sobre el trienio dogerista.

La traición

El 11 de febrero de 2007 —una semana antes de cumplirse un aniversario del escándalo Marín-Cacho—, Omar Álvarez Arronte, ex secretario de Seguridad Pública y Vialidad municipal, denunció en los noticieros Hechos para Despertar y Oro Noticias supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad por parte de los principales funcionarios del Ayuntamiento, quienes se habrían enriquecido a través de negocios y cobros ilegales a ambulantes y antros.

El ex funcionario municipal reconoció que su ingreso a la comuna capitalina se gestó por una recomendación del gobernador Mario Marín Torres al alcalde Enrique Doger Guerrero, llegando ambos a un acuerdo político. Aseguró que la administración dogerista es corrupta y calificó al grupo cercano al alcalde como una “burbujita”.

El alcalde Enrique Doger Guerrero presentó una denuncia contra Omar Álvarez Arronte, también ex secretario de Gobernación municipal, por difamación y calumnias, “y los delitos que resulten hasta llegar a las últimas consecuencias”.

En su momento el presidente municipal dejó entrever que la dirigencia estatal del PRI, a cargo de Valentín Meneses Rojas, permitió la guerra sucia de Álvarez Arronte contra él y la Comuna. El escándalo culminó con un acuerdo político entre dogeristas y marinistas, el cual duraría hasta el final de la administración.

Pugna contra el PAN
y la iniciativa privada

La intensidad del proceso electoral pasado y la apuesta de Enrique Doger por la candidata de su partido, Blanca Alcalá Ruiz, para sucederlo en el ayuntamiento, propició el enfrentamiento mediático del alcalde con Toño Sánchez Díaz de Rivera, abanderado del PAN, así como con algunos miembros de la iniciativa privada que apoyaron abiertamente a Acción Nacional.

Pero las diferencias se agudizaron cuando se presentó el proyecto de los parquímetros en la ciudad. Aunque fuentes periodísticas señalan que esta idea proviene del gobierno marinista, la iniciativa privada criticó la medida, la cual actualmente se encuentra en stand by.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial exigieron a la administración municipal explicar detalladamente el proyecto de los parquímetros.

El presidente municipal respondió que las descalificaciones lanzadas por los empresarios en contra del proyecto de parquímetros fueron parte de una estrategia de Acción Nacional para manchar su gestión.

Tregua con
el marinismo

La realización de obras conjuntas, así como la utilización de un discurso de conciliación y reconocimiento, fueron la evidencia de una tregua entre el ayuntamiento dogerista y la administración de Mario Marín. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del escándalo Marín-Cacho, Enrique Doger consideró que es el momento de reforzar la lucha contra la pederastia, a través de las propuestas que hizo el mismo mandatario.

En ese momento, el alcalde reconoció que Lydia Cacho es una mujer que tiene un lugar en la historia de la defensa de los derechos civiles en el país.

En diversos momentos durante 2007, el alcalde capitalino reconoció el trabajo realizado por el gobernador Mario Marín y le externó su apoyo por el dictamen de la Corte. Incluso le entregó un  reconocimiento por haber apoyado a la administración dogerista.

Por su parte, el gobernador Mario Marín Torres aseguró que no está peleado con el alcalde capitalino, pues de ser así, no hubiera asistido al Palacio Municipal, ni le hubiera dado un reconocimiento: “Yo creo que es un acto honesto, sincero del Ayuntamiento y por eso vengo a recibirlo con mucho gusto, porque además ahí están las obras, como él lo refirió”.

Recuento de
la obra pública

Con una inversión aproximada de 541 millones 67 mil 746 pesos, la administración de Enrique Doger Guerrero realizó a lo largo del trienio diversas obras magnas, las cuales se pudieron llevar acabo con ayuda de los gobiernos del estado y federal, incluso diversas de estas construcciones fueron hechas de forma tripartita, es decir con recursos de los tres niveles de gobierno.

Las obras más importantes que se llevaron a cabo en este trienio fueron los puentes Atlixco-Zavaleta, el Atoyac, el Juan de Salmerón, mejor conocido como Xonacatepec, el Hernando de Saavedra, que se localiza en Ciudad Universitaria, el Cúmulo de Virgo, el distribuidor vial 475 y la remodelación del crucero de la China Poblana.

Además, la administración dogerista contrató desde 2005 una maquinaria de alta tecnología para relaminar las calles, la cual recibe el nombre de Dragón. Este aparato rehabilitó en tres años 763 mil 396 metros cuadrados y se cubrieron 657 mil 51 baches. También se remodelaron los portales Morelos, Juárez e Hidalgo y se remozó la plancha del zócalo.

Sin embargo, la obra magna del dogerismo fue el distribuidor vial 475, cuya inversión fue de 168 millones de pesos. El munícipe decidió titular así a esta obra en conmemoración a los 475 años de la fundación de la ciudad de Puebla en abril de 2006.

Incluso, para festejar el aniversario la ciudad en conjunto con el gobierno del estado organizaron una serie de actos culturales y artísticos, para impulsar a Puebla como una ciudad con valor histórico. El último sello de la administración de Enrique Doger Guerrero fue la inauguración de la estatua de un Ángel, la cual se colocó en el centro del distribuidor vial 475 y según el munícipe, el monumento representa la libertad y unidad entre los poblanos.

Comuna reubica ambulantes

Debido a las presiones que ejercieron los empresarios al Ayuntamiento, para que aceptaran el proyecto de los parquímetros, el alcalde capitalino se comprometió a reubicar a los 695 vendedores ambulantes que se establecían en el centro histórico.

Por lo que las autoridades municipales buscaron un predio donde reubicar a estos vendedores, hasta que encontraron el de la 11 norte y 4 poniente, el cual pertenecía a la familia Matanzo. A pesar de que en sesión de cabildo se aprobó la utilidad pública para enajenar el terreno, la familia exigió a la comuna el pago comercial del inmueble, el cual según ellos ascendía a más de 20 millones de pesos, mientras que el Ayuntamiento quería pagar el valor catastral.

(Con información de Efraín Núñez, Héctor Hugo Cruz, Yonadab Cabrera)