Un año de la tragedia de la Carretera de la muerte

El accidente en el que perecieron 32 personas destapó una cloaca de corrupción en la construcción de la carretera

Alrededor del mediodía en un paraje de Zacacoapan un cerro sepultó al camión de la ruta Tehuacán-Tlacotepec de Díaz, ninguno de los pasajeros sobrevivió. Un día después CAMBIO dio cuenta del dulce olor a muerte que despedía el boquete en la tierra que los socorristas hicieron en el kilómetro 08 más 100 de Zacacoapan. Para ese momento se habían localizado seis cadáveres de los 32 que finalmente se encontraron.

Efraín Núñez Calderón

El 4 de julio de 2007 el desgajamiento de un cerro en Eloxochitlán mató a 32 personas que viajaban al interior de un camión de pasajeros. 365 días después de la tragedia que destapó una cloaca de corrupción en dos sexenios, nadie fue castigado por las negligencias y omisiones en la construcción de La Carretera de la Muerte —Azumbilla-Tlacotepec de Díaz— y los deudos solamente recibieron del gobierno promesas y pocilgas inhabitables, mientras los constructores David Taylor y Édgar Nava continúan impunes.

Alrededor del mediodía en un paraje de Zacacoapan un cerro sepultó al camión de la ruta Tehuacán-Tlacotepec de Díaz, ninguno de los pasajeros sobrevivió. Un día después Cambio dio cuenta del dulce olor a muerte que despedía el boquete en la tierra que los socorristas hicieron en el kilómetro 8 más 100 de Zacacoapan. Para ese momento se habían localizado seis cadáveres de los 32 que finalmente se encontraron.

No pasó mucho tiempo para que se confirmara a través de un informe de revisión de la Sedecap que la negligencia del gobierno del estado en la edificación de la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Porfirio Díaz, pues desde el inicio contó con diversas fallas como el hecho de que jamás se presentó un proyecto en forma impresa que haya sido validado por la firma del proyectista y que contara con la autorización de la Dirección Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ese mismo estudio arrojó además que la empresa contratista recibió pagos por conceptos no ejecutados relativos a trabajos de desmonte. A pesar de ello, la construcción de dicho camino fue iniciada por el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Marco Antonio Rojas Flores, la continuó el actual titular de esa dependencia, Rómulo Arredondo Gutiérrez y fue culminada por el secretario de Obras Públicas, Javier García Ramírez, quien la asignó por el doble del precio original a Esna Construcciones propiedad del empresario consentido del sexenio, Édgar Nava.

Uno de los constructores consentidos del sexenio reconoció en entrevista con este diario que se le había asignado de manera directa un tramo de la carretera, sin embargo, no correspondía al de la tragedia, el cuál fue construido por David Taylor Torres a través de su constructora DAP, constructor que se exilió en el vecino estado de Tlaxcala, donde actualmente realiza obra pública para el gobierno de ese estado.

El escándalo por esta tragedia tuvo una repercusión nacional e internacional cuando el periódico El Universal publicó que el accidente puso al descubierto una historia de negligencia que sepulta también la versión del gobernador del estado, Mario Marín, de que “con las lluvias no podemos hacer nada (…) ¿qué, yo les mandé el agua?”.

La prensa nacional evidenció que dependencias y funcionarios del gobierno de Puebla, que construyeron y abrieron una carretera mal trazada, deficientemente planeada y que desde sus inicios, en 2002, presentó problemas de deslaves y derrumbes, retrasos y cancelaciones, protagonizan la historia detrás de la tragedia que conmocionó al país.

El gobierno de Mario Marín fue advertido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de graves irregularidades detectadas en el tramo carretero de Alcomunga-Eloxochitlán, donde murieron sepultadas 32 personas, en su mayoría jóvenes.

Los deudos en el
olvido y la miseria

Cambio publicó el pasado 9 de junio un serial de reportajes que revelan la cruel realidad de que a un año del accidente, los deudos de las víctimas se encuentran en el abandono y sobreviviendo los embates de la pobreza extrema en las viviendas indignas que les construyó el gobierno del estado, las cuales tienen filtraciones de agua, humedad, sin paredes ni techos revocados y peor aún, sus baños no cuentan con fosa séptica.

Manteniéndose con apenas 40 pesos al día o con lo poco que les queda de la pírrica indemnización por el fallecimiento de sus familiares, desmintieron al delfín Javier López Zavala, al rechazar que hayan recibido de manos de su antecesor en la Secretaría de Desarrollo Social, Alejandro Armenta Mier, 16 mil pesos para la rehabilitación de sus viviendas.

Un año y 80 millones de pesos después, la vía Azumbilla-Tlacotepec continúa siendo “La Carretera de la muerte”. La remoción del tramo derrumbado no ha sido terminada, razón por la cual, los serranos viven un riesgo constante al verse obligados a transitar por una vía rural llena de piedras, con inclinaciones riesgosas y deslaves a tan sólo unos metros del derrumbe principal.

Un nuevo escándalo por derroche de recursos y negligencia en materia de obra pública está en puerta, luego de que en una inspección ocular realizada por Cambio, se pudo constatar que a pesar de la suma millonaria invertida para corregir las omisiones de la constructora DAP de David Taylor Torres, al gobierno marinista se le fue el tiempo y no ha podido terminar el nuevo tramo antes de la llegada de las lluvias. Por si fuera poco, ninguna autoridad se ha ocupado de llevarse del lugar la chatarra del camión de la ruta Tlacotepec-Tehuacán que fue enterrado, por lo que el latón retorcido y oxidado es un recordatorio latente de que una tragedia similar puede volver a suceder por la negligencia del gobierno marinista.