Góber y voraz 10:32


El gobierno de Mario Marín ha conseguido autorización federal para erigir construcciones en 30 hectáreas de áreas verdes, y en represalia por haber denunciado el riesgo respectivo la asociación civil Puebla Verde fue desposeída del Parque del Arte.


Plaza Pública / Miguel Ángel Granados Chapa / Reforma.com

 

Miembros del cuerpo de seguridad propia del góber precioso, así como unos 40 agentes policiacos con armas largas y chalecos antibalas, a bordo de 15 patrullas, expulsaron el viernes pasado (a partir de una orden expedida en horas inhábiles por una jueza que no la firmó) a cuatro miembros del patronato y ocho empleados del Parque del Arte, en la ciudad de Puebla, que desde anteayer quedó en manos del gobierno estatal.

 

Al recibir la administración del espacio verde de 12 hectáreas y media, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado deslizó críticas contra Puebla Verde, la asociación civil que administró ese Parque en los cuatro años recientes (y debía hacerlo hasta 2010), con lo que enseñó la oreja: se trataba de un acto de represalia de Mario Marín contra la presidenta del patronato, por el delito de haber hecho público (pero no impedirlo, infortunadamente) un grueso negocio inmobiliario buscado por la administración estatal.

 

Hay dos historias detrás de la operación policiaca armada contra gente inerme. Una es la de Puebla Verde, asociación fundada en 1987 por Verónica Mastretta Guzmán, con el propósito de hacer ambientalismo práctico, es decir emprender y apoyar iniciativas que directamente preserven la calidad de vida e impidan el deterioro del medio ambiente. Así, por ejemplo, sus miembros protegieron la laguna de San Baltasar y mejoraron el parque Revolución Mexicana en la capital del estado. En 2004 recibieron la custodia del Parque del Arte, último reducto de un Parque metropolitano de 100 hectáreas que debía contener el crecimiento de la Angelópolis hacia Andrés Cholula.

 

La otra historia es la de ese pretendido propósito de regularización urbana, que se ha resuelto en gordos negocios de tierras. A instancias del gobernador Mariano Piña Olaya, el gobierno de Carlos Salinas expropió en 1992 un millar de hectáreas y creó para gestionarlas el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl- Quetzalcóatl.

 

La comarca abandonaba su vocación agrícola ante el empuje urbano y ejidatarios y comuneros habían vendido de modo irregular tierras a precio ínfimo, no mayor que el monto de sus indemnizaciones tras la expropiación, ocho pesos el metro. Desde el principio riñeron los dos propósitos de la acción gubernamental: reordenar la expansión urbana y mantener amplias áreas verdes para el equilibrio ambiental. Sobra decir que en esa disputa salió perdidoso el segundo objetivo: hoy quedan sólo 60 hectáreas a salvo de construcciones, en una zona donde se enclavaron los fraccionamientos más lujosos de la capital poblana.

 

El 19 de octubre pasado, el director del Fideicomiso, Rafael Moreno Valle Buitrón, dependiente del gobernador, solicitó a la secretaría federal del Desarrollo Social (que rige el reordenamiento urbano), modificación en el uso del suelo de la mitad de aquellas 60 hectáreas, con el propósito de ponerlas en el comercio inmobiliario. Recibió la autorización en febrero siguiente, pese a que en noviembre la delegada de Sedesol en Puebla, Anahí Romero Alonso, se había opuesto al proyecto, que según sus cálculos dejaría en manos del Fideicomiso, es decir del gobierno poblano, un negocio de dos mil millones de pesos.

 

Su persistencia en oponerse a la maniobra fue castigada con el despido, practicado en junio pasado. Quizá por el parentesco entre ambos, se atribuye al senador Rafael Moreno Valle Rosas haber conseguido la sanción a la funcionaria que estorbaba la operación iniciada por Rafael Moreno Valle Buitrón.

 

El legislador, diputado priista en la LVIII Legislatura, tiene vara alta en el gobierno federal, pues forma parte, como miembro formal de la fracción senatorial panista, del grupo de posiciones legislativas y en la administración que recibió Elba Esther Gordillo por servicios prestados a la causa.

 

El 31 de marzo pasado, un periódico local hizo públicos los documentos sobre el cambio de uso del suelo solicitado por el gobierno de Marín. Al día siguiente la presidenta de Puebla Verde, Verónica Mastretta, en conferencia de prensa subrayó el grave peligro que significaba la pérdida de los espacios verdes implicados en la solicitud. Dado el prestigio de esa activista civil, el gobierno decidió acallarla.

 

Apenas tres días después, el 4 de abril, se le notificó la decisión de dar por concluido el contrato de comodato por el cual Puebla Verde custodiaba el Parque del Arte. No había razones para hacerlo, pues la gestión de ese espacio había sido realizada exitosamente por la asociación civil, que lo recibió con 100 árboles y había logrado multiplicar hasta 5 mil la cantidad de plantas en el lugar.

 

Se desarrolló desde entonces un litigio que concluyó en esta fase el 18 de julio, del modo descrito al comienzo de esta columna. El Fideicomiso y BBVA Bancomer, que es la institución fiduciaria, obtuvieron una orden judicial para tomar posesión del Parque.

 

El documento carecía de firma, pero eso no fue problema en los dominios del góber precioso: a las seis de la tarde del viernes en que comenzaba el receso judicial poblano, fuera del horario de oficina, apareció la firma de la jueza séptima civil, todo conforme al estilo de Marín, cuyo poder sobre el judicial quedó mostrado en el caso de Lydia Cacho.

 

El asunto no ha concluido pues Puebla Verde acudirá a la justicia federal para hacer valer su custodia sobre el Parque. Pero también debería impedirse, en el asunto de fondo, la depredación que se propone cumplir Marín.

 

Cajón de Sastre


Miguel Amelio renunció al cargo de jefe general de la Policía Judicial capitalina. Es de suponerse que la dimisión sea sólo consecuencia de la que presentó el procurador Rodolfo Félix, quien había nombrado a Amelio. Pero en Tabasco renunció el procurador Gustavo Rosario Torres quizá por motivos menos admisibles. Ha sido incontenible la violencia criminal en esa entidad, que implica como víctimas o como verdugos a agentes y jefes policiacos. Por sólo citar el ejemplo más reciente: un jefe de policía en el municipio de Emiliano Zapata fue levantado por gente vestida como policías federales y su cuerpo apareció horas después acribillado. Quizá la renuncia del procurador implica su impotencia para enfrentar ese género de criminalidad. Por añadidura, le regateaban los recursos para trabajar.

 


 
 
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