Imponen priistas máxima opacidad

Pese a ser calificada de inconstitucional, la iniciativa de reforma del PRI a la Ley de Acceso a la Información será aprobada este día

Selene Ríos Andraca

Aún con la censura unánime de todos los organismos de Transparencia del país y con el sello de inconstitucional, el PRI se salió con la suya: Puebla tendrá la peor Ley de Acceso a la Información Pública del país y sólo cumplirá en forma con algunos de los requisitos establecidos por el artículo sexto de la Carta Magna.

Así, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) seguirá siendo un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios estarán vedadas para el conocimiento de los ciudadanos y el órgano garante carecerá de facultades para sancionar el incumplimiento de la ley.

Después de días de negociación con las fracciones de oposición y tras la presión ciudadana, la bancada del PRI cedió en minucias para la reforma a la ley vigente: suplencia de la queja de parte de la CAIP; reducción a reserva de la información a 7 años; 10 días hábiles para la respuesta de los sujetos obligados y procesos de acceso a la información vía electrónica. Y ya.

En la sesión pública de las comisiones de Transparencia y Gobernación, el PRI impuso su mayoría y aprobó con ocho votos el dictamen que violenta el artículo sexto constitucional y que entorpece el acceso a la información pública.

A petición del diputado de Nueva Alianza Gustavo Espinosa la propuesta ciudadana hecha por Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) se puso a consideración de las Comisiones y sólo obtuvo el respaldo de seis legisladores del PAN y PRD, únicos miembros de la oposición integrantes de esas comisiones.

En su papel de alfil del marinismo, Irma Ramos restó un voto a la iniciativa de Cimtra y le dio la espalda a su coordinador de bancada Melitón Lozano, al proponer de la nada el sometimiento a votación de la iniciativa del PRD, misma que sólo obtuvo su voto.

De manera sospechosa, Carolina O’Farril comenzó a cuestionar detalles de redacción del dictamen presentado, pero sin querer entró en un tema turbulento, al preguntar porqué en el artículo segundo no se especificaba “a todos los organismos que reciben recursos públicos”. Pero su pregunta fue silenciada por una mirada del priista Pablo Fernández y ella se limitó a decir: “¡Ah, bueno!”.

Será este día cuando la bancada del PRI, con el respaldo de Manuel Fernández del PT, aprueben la reforma a la Ley de Transparencia que implicará un retroceso en materia de acceso a la información.

La inconstitucionalidad
de la nueva ley

Con tecnicismos leguleyos, la bancada priista en el Congreso atribuyó la “autonomía” de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, sin que el organismo tenga patrimonio propio: “No tendrá autonomía constitucional” confesó Jorge Ruiz Romero, presidente de la Comisión de Transparencia del Legislativo.

Jorge Ruiz Romero dijo que la bancada del PRI en el Congreso local se rehusó a entregarle la autonomía constitucional a la CAIP —contraviniendo el artículo sexto de la Carta Magna—, debido a que la comisión sólo trata unos 20 recursos de impugnación al año: “Sería un exceso”, consideró el legislador.

En conferencia de prensa, José Otón Bailleres y Ruiz Romero dieron a conocer que el PRI impondrá este día su mayoría para que la CAIP deje de ser un “organismo auxiliar del Poder Ejecutivo” como lo marca el artículo 25, para transformarse en un “organismo especializado e imparcial del Poder Ejecutivo”.

Es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública no tendrá patrimonio propio y la Secretaría de Finanzas seguirá emitiendo los cheques para los miembros del órgano garante de transparencia.

Así quedó el artículo 25: “La Comisión para el Acceso a la Información Pública es un órgano especializado de la Administración Pública Estatal, con autonomía de gestión, operación y decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia. Para efecto de sus resoluciones, no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena imparcialidad, objetividad e independencia.”

Sobre la inclusión de organismos descentralizados como sujetos obligados de la Ley de Transparencia, Ruiz Romero aseguró que dicha ley sí incluye a las paraestatales en el artículo segundo, por lo que no se ampliará la lista de los sujetos obligados.

Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado no es un sujeto obligado, ya que no aparece en la página de Transparencia del Gobierno estatal para que se le solicite el acceso a la información pública.

El debate

Una vez que Pablo Fernández del Campo leyó el proyecto de dictamen, comenzó un debate por el “bodrio” de dictamen presentado, por lo que Gustavo Espinosa de Nueva Alianza —sin formar parte de las comisiones— puso a consideración la propuesta íntegra de Cimtra.

La priista Rocío García Olmedo acusó a los diputados de oposición de argumentar con “medias verdades” en contra del dictamen que en su mayoría contiene la propuesta del tricolor: “Negociamos por una reforma, no por una nueva ley”.

“Me parece que tenemos que ser serios en el trabajo, no debemos falsear información, como que todos están de acuerdo con la ley de Cimtra, cuando jamás propuso la abrogación de la ley, solamente reformas y adiciones a la ley actual”, dijo la legisladora.

En respuesta, el coordinador de los panistas, Eduardo Rivera Pérez, desmintió a la diputada y aseguró que el dictamen presentado era “pobre” y un “bodrio”.

“Hoy en el pobre dictamen que se presenta, no se consideran las propuestas de Cimtra ni del PAN. No está la autonomía constitucional del órgano garante. Ni la ampliación de los sujetos obligados. ¿Dónde vienen los partidos políticos, las organizaciones civiles que reciben recursos? ¿Y la afirmativa ficta, la prueba de daño, los comités técnicos y la ampliación de información pública de oficio?”

Mientras continuaba el debate, Gustavo Espinosa remitió un oficio a los diputados de oposición para que suscribieran la propuesta de Cimtra, misma que firmó la bancada del PAN, la fracción del Panal, el petista Pepe Momoxpan y el perredista Melitón Lozano.

Sin embargo, los diputados afines a los intereses de Mario Marín se negaron a firmarla: Manuel Fernández del PT, Carolina O’Farril de Convergencia e Irma Ramos, del PRD.

Al término de la discusión, la propuesta del PRI y la iniciativa de Cimtra, así como la ocurrencia de Irma Ramos fueron sometidas a votación y debido a que dividieron la votación por comisión, la mayoría priista ganó.