Triquiñuela marinista para entregar obra a OHL

La concesión del libramiento norte de la ciudad de Puebla viola la Ley Federal de Obra Pública

Para justificar la concesión ilegal, el gobernador Mario Marín desempolvó la añeja Ley General de Bienes del Estado, que atribuye al Ejecutivo la facultad de conceder sin licitación de por medio los bienes contenidos en el artículo 27 constitucional

Efraín Núñez Calderón

El gobierno marinista pasó por alto las leyes federales y estatales de obra pública para asignarle directamente a la firma española OHL la construcción y operación del libramiento norte de la ciudad de Puebla por los próximos 30 años, obra que dejará ganancias multimillonarias a la constructora.

Para justificar la concesión ilegal, el gobernador Mario Marín desempolvó la añeja Ley General de Bienes del Estado, que atribuye al Ejecutivo la facultad de conceder sin licitación de por medio los bienes contenidos en el artículo 27 constitucional.

Marín Torres confesó ayer que la adjudicación de esta obra a la firma española OHL fue de manera directa, es decir, que no hubo un concurso de por medio. Y lo peor, el gobernador aceptó que esta empresa no es la mejor en su ramo, por lo que hasta el momento no existen explicaciones de la forma y el momento en el que se concretó la concesión.

El mandatario sólo aseguró que todo el procedimiento se ajusta a la Ley de Bienes del Estado de Puebla —la cual data de 1973 y fue promovida por el entonces gobernador Guillermo Morales Blumenkron— pero no quiso dar más datos al respecto:

“Lo importante es que haya desarrollo, inversión, empleos. Una cabeza sensata debe pensar en eso y no en los detalles (…) Se critica: ¿qué hace Mario Marín que no hay inversión, que no hay empleo, que no hay carreteras nuevas? Cuando damos estas noticias le buscamos el lado negativo”, reprochó.

En efecto, la Ley General de Bienes del Estado en su artículo 23 contempla la capacidad de “otorgar o negar concesiones, permisos o autorizaciones para el uso, explotación o aprovechamiento de los bienes del dominio público directo que en términos del artículo 27 Constitucional sean de la competencia de los Estados”.

No obstante, esta legislación no especifica si estos “bienes del dominio público” son carreteras construidas por empresas cuya operación generará altas ganancias. Más aún, aunque establece restricciones, no contempla conceptos tales como empresas extranjeras, ni licitaciones públicas, mismas que sí se establecen en la ley de Obra Pública.

En su artículo 12, la Ley de Bienes del Estado señala que las concesiones sobre los bienes de dominio público no crean derechos reales: “Otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho de realizar los usos, las explotaciones a los aprovechamientos que se precisen en el acuerdo de concesión respectivo, a condición de que su titular cumpla con las obligaciones que se le impongan”.

Lo cierto es que en el tiempo de vigencia de esta ley en Puebla, no existen precedentes de que una empresa obtuviera ganancias superiores a los 22 mil millones de pesos por una concesión directa del estado.

Lo peor es que al utilizar esta ley para fundamentar la concesión, el gobierno del estado pasó por alto los lineamientos de las leyes nacional y local de Obra Pública, las cuales son más recientes. Y es que tomando en cuenta los montos de esta operación —120 millones de euros, es decir, mil 920 millones de pesos— esta obra debió haberse licitado de manera abierta.

En el apartado de Licitación Extranjera, la Ley de Obra Pública nacional señala que ésta tiene vigencia cuando “previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio; cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas, y cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval”.

Como puede observarse, la licitación del Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no entra en dicho esquema.

No es todo, pues la única opción que permite la ley para otorgar adjudicaciones de manera directa a las entidades o dependencias, es cuando los montos no superen los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o cuando se trata de contingencias:

“(…) Podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública”, señala el artículo 43 de la Ley Federal de Obra Pública.  

“Cada quien se promueve como quiere”

Marín Torres no pudo explicar ayer por qué en uno de sus informes la firma española OHL publicó que desde marzo de este año firmó con las autoridades poblanas el contrato para la realización y operación de la obra.

En su rueda de prensa, el mandatario poblano además explicó que existe la posibilidad de que su gobierno favorezca a esta empresa con la realización de otras obras como la construcción del tren ligero de Puebla a México:

“Cada quien se promueve como quiere. Yo no puedo prohibirle a una empresa que haga sus prospectivas. Lo hace —determinar que ganará más de 22 mil millones de pesos— en ánimo de alimentar su propia agenda y su cartera de negocios (…) Hemos platicado con ellos sobre la posibilidad de desarrollar un tren ligero México-Puebla. Nunca debe de cerrarse ante la posibilidad de futuras inversiones. Estamos abiertos para otras empresas internacionales y nacionales (…) Esta obra ya está adjudicada”.

Incluso no descartó que otras carreteras en el estado contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura del Gobierno federal sean construidas a través de este tipo de financiamientos.

El guarura de Javier Lozano
sí trabajaba con Marín

El mandatario poblano reconoció que el escolta que contrató Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, trabajó en su gobierno como chofer en Casa Puebla, Distrito Federal. Sin embargo, negó que Juan Manuel Pérez Udar haya participado en la detención de la periodista Lydia Cacho o que haya formado parte de la Policía Judicial de Puebla:

“Es una mentira como muchas que se dicen por ahí. Esta persona a la que señalan que ha contratado, nunca ha sido policía judicial de Puebla, ha trabajado desde el sexenio pasado en Casa Puebla, DF. Javier Lozano fue representante del gobierno de Puebla en la parte final del sexenio de Melquiades Morales (…) Ni es judicial ni ha estado nunca en Puebla por motivos de trabajo. Tampoco soy quien deba prohibirle a una persona que se vaya a trabajar con quien quiera”.