Juárez Acevedo se aferra al hueso

No asiste por segunda ocasión a comparecer al Congreso

El presidente de la CAIP solicita a la Comisión de Gobernación el análisis de peritos grafoscópicos para verificar la autenticidad de sus firmas contenidas en el expediente del IFE que lo acreditan como miembro directivo de Plataforma Cuatro

Selene Ríos Andraca

Antonio Juárez Acevedo se niega a tirar la toalla y recurrió a una serie de argucias legales para impedir su destitución como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), al grado de solicitar a la Comisión de Gobernación el análisis de peritos grafoscópicos para verificar la autenticidad de sus firmas contenidas en el expediente del Instituto Federal Electoral (IFE) que lo acreditan como miembro directivo de Plataforma Cuatro.

Durante su audiencia ante la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, a la cual no acudió por segunda vez y envió a su abogado Jorge Octavio Alcaraz Espinosa para presentar 57 fojas y 15 anexos que conforman 18 pruebas que “desmienten” que haya ocultado su filiación a una agrupación política nacional, violentando la Ley de Transparencia y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con uñas y dientes, Juárez Acevedo se aferra al cargo por el que percibe 79 mil pesos mensuales, y en su intento ha solicitado también una inspección judicial de documentos, es decir, una comparación entre las documentales públicas del IFE y sus pruebas.

A puerta cerrada y tras seis horas de encierro, la mayoría priista al interior de la Comisión de Gobernación —encargada de la investigación en contra del comisionado— aprobó los requerimientos de Juárez Acevedo para que el funcionario carezca de argumentos jurídicos para ampararse por una violación a sus garantías individuales.

En resumen, Juárez Acevedo solamente está ganando tiempo, pues sus argucias legales no impedirán que la Comisión de Gobernación inicie un procedimiento para sanción económica por los salarios recibidos durante sus cuatro años de gestión.

Y es que, a decir de Pablo Fernández del Campo, la sanción económica sería la segunda etapa del procedimiento contra Juárez Acevedo si es que resultara responsable.

A petición de los panistas Leonor Popócatl y Eduardo Rivera, la Comisión de Gobernación estableció plazos para los dictámenes periciales, ya que uno será realizado por el perito designado por Juárez Acevedo llamado Ángel René Zenteno López y el otro de parte del Legislativo que será designado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El próximo miércoles a las ocho y media de la mañana, la comisión encabezada por el priista Pablo Fernández del Campo le estará tomando protesta al perito de Antonio Juárez, quien tendrá cinco días hábiles para entregar el análisis de las pruebas grafológicas. Es decir el próximo 8 de octubre entregará los resultados.

El perito en grafología que sea designado por la Procuraduría General de Justicia también tendrá cinco días hábiles para entregar los resultados y es posible jurídicamente que la defensa de Juárez Acevedo no acepte las conclusiones y el Poder Legislativo se vea obligado a nombrar un tercer perito.

A pesar de las largas que está proponiendo Juárez Acevedo, Fernández del Campo confía en que el proceso no se prolongue más de los 30 días hábiles que marca la ley para dictaminar una resolución sobre el caso.

Exige PAN un proceso corto

Una vez más, los priistas impidieron que Juárez Acevedo acumule pruebas a su favor para ampararse por presuntas violaciones a sus garantías individuales, y es que Acción Nacional se negó a aceptar los requerimientos del comisionado presidente.

Para Eduardo Rivera, la fracción priista insiste en alargar el procedimiento para beneficiar al comisionado, ya que las documentales públicas del IFE, así como la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son suficientes para destituirlo.

En respuesta, Fernández del Campo explicó que con los requerimientos de Juárez, el proceso se alarga unos 10 días más, pero deja imposibilitado al comisionado de ampararse contra el procedimiento en su contra.

“Por nueve días no podemos arriesgarnos a nada. Es posible que después presente otro tipo de requerimientos y por respeto a su derecho de audiencia estamos obligados a aceptarlos y a llevarlos a cabo, como es este caso.”

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