“La comandante”


Arturo Rodríguez García / Proceso

 

Delatada por sus presuntos cómplices, la agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Sonia Virginia Bastida Morales permanece arraigada en el edificio de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Procuraduría de Justicia estatal, que la acusa de dirigir una banda de secuestradores.


La AEI detuvo a dos grupos de secuestradores en 10 días, y rompiendo el hermetismo que mantiene en la mayoría de sus casos, ha invitado a medios de comunicación a videograbar sus operativos, como el pasado 15 de agosto, cuando la agencia capturó a una banda en un restaurante Hooters de esta ciudad.


La inusual apertura de la información sobre secuestros continuó el domingo 24, cuando la AEI convocó a una conferencia de prensa tras detener a la agente federal, donde expuso el modus operandi de la banda que presuntamente dirigía Bastida. Esa vez la corporación local utilizó un audiovisual que tituló “Detención de presuntos secuestradores. Banda de La Comandante”.


Bastida Morales, de 38 años, fue identificada como agente “C” de la AFI, destacamentada en el municipio de Escobedo, conurbado a Monterrey. Según la AEI, la mujer se encargaba de elegir a las víctimas y coordinaba los secuestros. Todo ello –a decir del procurador de justicia de Nuevo León, Luis Carlos Treviño Berchelman– con información de la AFI.

 

Doble plagio

 

La AEI informó que el jueves 21 de agosto varios hombres llegaron a un negocio maderero de San Nicolás de los Garza, donde se identificaron como agentes de la AFI y secuestraron al propietario, cuyo nombre se mantiene en reserva. De ahí sustrajeron una camioneta pick-up roja y a la vìctima la obligaron a comunicarse con su familia.


La llamada telefónica fue recibida por la nuera del plagiado, a quien los maleantes le dijeron que aquél había sufrido un accidente en el cruce de las calles Nogalar y Diego Díaz de Berlanga. Cuando el hijo de la víctima llegó a ese lugar, ya lo esperaban en la camioneta; lo golpearon, lo amordazaron y le vendaron los ojos.


Padre e hijo fueron trasladados a un departamento en la colonia Chapultepec, de San Nicolás de los Garza. Los secuestradores les advirtieron  que eran agentes de la AFI y les exigieron 3 millones de pesos y una camioneta BMW X3 por liberarlos.


Se pactó la entrega del vehículo y el dinero para el viernes 22, en el estacionamiento de un centro comercial del sur de Monterrey. Ahí los agentes de la AEI detuvieron a Osvaldo Azaid Mendoza Bazaldúa, de 25 años, quien fue el chofer de la banda en los secuestros.


Mendoza Bazaldúa reveló la ubicación del departamento. Agentes de la AEI acudieron al domicilio y detuvieron a Víctor Daniel Lovera Valdez, un estudiante de ingeniería originario de la Ciudad de México, propietario de la vivienda.


El audiovisual sobre la detención incluye fotografías del aseguramiento y menciona que Mendoza Bazaldúa y Lovera Valdez delataron a Sonia Virginia Bastida Morales, aunque ella no fue identificada por las víctimas ni la AEI dio mayores detalles de su participación en los hechos.


La agente federal estuvo arraigada en una casa de seguridad del Barrio Antiguo en Monterrey, de donde fue trasladada al edificio de la AEI con el argumento de que era necesario vigilarla mejor.

 

Viraje obligado

 

Días antes de la detención de Bastida Morales, el miércoles 20, el gobernador Natividad González Parás adelantó que durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad exigiría apoyo y coordinación para enfrentar el secuestro y el narcomenudeo.


La exigencia del mandatario estatal surgió después de que, el 18 de agosto, 32 instituciones civiles y educativas (desde la Coparmex hasta el Patronato de Bomberos y la Comunidad Israelí) le entregaron un documento en el que exigieron frenar los índices de inseguridad y violencia para evitar que la sociedad “quede en estado de indefensión”.


Hasta esa fecha, a pesar de las 107 ejecuciones vinculadas al narcotráfico durante 2007, así como los secuestros y levantones no cuantificados –y ninguno esclarecido–, los organismos empresariales y civiles del estado no habían presionado tanto al gobierno de González Parás, si bien la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) ya había advertido en junio la posibilidad de que se retiraran del estado las maquiladoras cuyos ejecutivos han sido secuestrados.
El gobernador había sido parco en el tema, aun cuando el 8 de abril fue secuestrado el empresario Armando González Saldaña –liberado dos días después–, cuñado del secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci Zuazua. También se investiga a Bastida Morales acerca de este plagio.


Hasta la primera quincena de agosto González Parás argumentaba que sólo había dos secuestros,  que no era un problema tan grave como en otros estados, por lo que pedía no politizar el tema.


En este contexto, y con miras a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, González Parás cambió sus declaraciones: además de pedir apoyo federal para acabar con los secuestros, opinó que se debe considerar la posibilidad de reformar la ley para que se aplique la pena de muerte a quienes cometan este delito.

 

 

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