Avanza la mancha verde


Con la aprobación de Juan Camilo Mouriño y de la Sedena, el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, comenzó un plan piloto para reemplazar a los agentes policiacos municipales con soldados. En principio, se reclutarán en todo el país unos mil militares que en esta ciudad combatirán el delito del orden común y que –tras recibir un curso universitario “de relaciones humanas”– ganarán tres veces más que en el Ejército. Esto, después de haberse descubierto que un medio millar de preventivos tenían nexos con el narco en la ciudad más violenta del país…


Patricia Dávila / Proceso

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El desbordamiento de la violencia en esta ciudad, que incluye cruentos ataques a los centros de rehabilitación por adicciones, así como la infiltración de los narcotraficantes en la Policía Municipal, impulsaron al alcalde José Reyes Ferriz a contratar –con autorización del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño– por lo menos a mil soldados para conformar los Grupos de Élite, que reforzarán a la corporación y sustituirán a un medio millar de policías preventivos a los que se les descubrieron nexos con el narco.


Este es el primer caso en que la violencia generada por la disputa de una zona entre los grupos del crimen organizado conduce a la instauración de este plan piloto en un municipio que,  luego de vivir el fenómeno de “las muertas de Juárez” –más de 400 mujeres asesinadas o desaparecidas–, se ha convertido en el más violento del país, con más de 900 ejecuciones en el año, 61 delitos contra la “libertad personal”, cerca de 10 mil vehículos robados, incendios de hasta tres negocios por semana y frecuentes asaltos bancarios.


Sólo de enero a julio, según informes de Alejandro Pariente, vocero de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, aquí se han registrado 16 mil 996 delitos de todo tipo.


Durante enero se recrudecieron los enfrentamientos entre el cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes (aliado con Los Zetas y Los Beltrán Leyva), y el de Sinaloa, comandado por Joaquín “El Chapo” Guzmán (ligado a su vez a El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel), luego de que entró a disputar la plaza al sobrino de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos.


Con el objetivo de “fracturar y desmantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales”, el pasado 28 de marzo el secretario de Gobernación puso en marcha la Operación Conjunta Chihuahua, que incluyó el desplazamiento de 4 mil elementos federales y militares que tomaron el mando mediante la instalación de 10 Bases de Operaciones Mixtas y 46 Puestos de Control Móviles.


Llegaron provistos de 180 vehículos, tres aeronaves, 13 equipos de detección molecular, tres aviones C-130 “Hércules” y un Boeing 727/100, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana.


Sin embargo, el despliegue militar y policiaco federal fue insuficiente para frenar el delito y la violencia, al grado de que el 1 de septiembre el gobierno municipal convocó “al personal militar con licencia ilimitada o en retiro” para presentar un documento de baja requisitado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de integrarse a las Fuerzas de Seguridad Pública Municipal.


Ofreció a los militares un salario de 9 mil 800 pesos mensuales, crédito para vivienda desde su ingreso a la Academia de Policía y oportunidad de ascensos mediante el programa de carrera policial.  


“¡Aún tienes mucho por lograr…!”, dice la convocatoria, sobre un fondo con la fotografía de un soldado que presenta armas, viste uniforme camuflado y porta una bazuca.


En entrevista con Proceso, el alcalde José Reyes Ferriz explica cómo surge la idea de conformar una fuerza especial:
“Estados Unidos es un país que tiene un desarrollo militar muy importante. La ciudad de El Paso, fronteriza con nosotros, es una de las que reclutan soldados como policías. Tenemos buena relación, nos dan apoyos en capacitación de ciertos manejos de crisis, cosas que en Estados Unidos tienen muy desarrolladas. Esta idea nos viene muy bien, por la disciplina con que se prepara a un soldado.”


–¿Cuándo inició las conversaciones?


–Con John Cook, alcalde de El Paso, abordamos el tema en marzo. Aquí en México, estuve platicando con los nuevos mandos del Ejército dentro del Operativo Conjunto Chihuahua. Empezamos a ver los salarios del Ejército en todo el país y nos dimos cuenta de que paga 3 mil 600 pesos mensuales a sus elementos. El proceso de reclutamiento lo formalizamos (el 5 de agosto) con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño


–¿Mouriño le resolvió de inmediato?


–Le pareció muy buena la idea y subió el tema a una reunión del Gabinete de Seguridad, lo comentó con el secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván y éste nos dio la autorización para iniciar el reclutamiento. Preparamos un video de la ciudad para que las personas que vamos a reclutar la conozcan, vean las casas que entregamos a los policías, que sepan cómo están las escuelas, las colonias, la Academia (de Policía). Hacemos todo lo que implica convencer a alguien que no es de esta zona, para que venga a esta ciudad.


–¿En dónde han reclutado soldados?


–Mandamos grupos de reclutadores a las guarniciones militares de todo el país, sobre todo a las más grandes, como Veracruz, Oaxaca y Jalisco. Inicialmente vamos a contratar unos mil soldados que conformarán Grupos de Élite para combatir delitos del fuero común.


“Comenzamos esta administración en octubre del año pasado. Entonces había mil 560 policías. Desde marzo empezamos a reclutar elementos y actualmente tenemos mil 780, y queremos llegar a 3 mil. Sin embargo, después de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aplicó el examen de confiabilidad tanto a los policías municipales como estatales de Ciudad Juárez, a 480 les resultaron nexos con algún cártel de la droga.


–¿Qué se va a hacer con los policías que no aprobaron?


–Ellos van para fuera.


–¿Cuál es el cártel que más infiltró a la policía?


–El que tiene mayor control e infiltración obviamente es el de Juárez, porque el otro (el de Sinaloa) apenas está empezando a operar. Lo que tenemos que hacer es que ante cualquier indicio de que hay relación entre un policía y el crimen organizado lo vamos a sacar.


Explica que, a partir de las preguntas que les hace la SSP, se determina, en primer lugar, si algún policía puede tener un bajo o alto involucramiento con el crimen organizado. Si las investigaciones de la propia SSP determinan que los vínculos de un agente policiaco se reducen, por ejemplo, a que sólo cuenta con algún familiar implicado en la delincuencia mientras él se ha mantenido trabajando honestamente, se le puede ofrecer algún empleo –aunque no de policía–, pero el que reprueba el examen es dado de baja.     


–¿Se le abre alguna investigación?


–La SSP tiene la información completa de estas personas. Yo estoy seguro de que ellos ya están investigando con base en los elementos que les arrojó el examen de confiabilidad. Nosotros como gobierno no somos una autoridad investigadora; las investigadoras son las instancias estatal y  federal. Nuestra información puede ser sólo suficiente para darlos de baja, para perderles la confianza, pero sin elementos probatorios que nos den la certeza de que una  persona se halla involucrada con la delincuencia organizada al grado de poder meterla a la cárcel.


–Usted ha dicho que los soldados están capacitados para la guerra.  Instalarlos como policías preventivos ¿no resulta peligroso para Juárez?


–No les vamos a dar un uniforme y una pistola para subirlos a una patrulla. Hay que prepararlos. Tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde les darán preparación en relaciones humanas.


–¿La única esperanza para Juárez es la militarización?


–No es que sea la única esperanza, sino que el nivel de enfrentamiento y de violencia nos obligó a llegar a una policía con una capacitación que tienda más a un perfil de tipo militar.

 

Los centros de rehabilitación

 

El 13 de agosto el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, visitó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH de Ciudad Juárez. Ahí dijo a los académicos que las ejecuciones no trastocan la calma de los chihuahuenses. Horas después, un comando armado irrumpió en un centro de rehabilitación y ejecutó a nueve personas.


Un día antes, por la tarde, se escuchó frente al Centro de Integración de Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (CIAD) número 8: “¡Cierran o se mueren, hijos de la chingada!”. El grito provino de un hombre que pasaba frente al albergue en una camioneta roja. Llevaba el rostro descubierto. Nadie lo tomó en cuenta.


Pero su amenaza se cumplió. A las 19:45 horas de ese miércoles 13 había un servicio religioso en el CIAD ubicado en la colonia Cementera, adonde Socorro García, pastora del centro familiar Cristo Obra Bendición, había acudido para dirigir la ceremonia.


Al final del acto, Socorro García preguntó a los internos: “¿Hay algún valiente que quiera pedir perdón a Dios?”. Varios hombres levantaron la mano y se encaminaron al improvisado altar... En ese momento empezó el ataque.


Cuatro hombres vestidos de negro y encapuchados entraron disparando ráfagas de metralleta contra las 29 personas presentes. Primero cayó Luis Ángel González Corral, de 18 años, que estaba en la puerta, y enseguida murieron acribilladas otras ocho personas. Sólo conservaron la vida quienes de inmediato se tiraron al suelo.


Los vecinos aseguran que, cuando ocurrió la matanza, a una calle del CIAD número 8 se encontraba un convoy con soldados de boina roja. Ninguno de ellos acudió a prestar auxilio a los sobrevivientes; tampoco lo hicieron los policías municipales, que se limitaron a acordonar la zona, dice a la reportera Guadalupe Corral Castillo, madre de Luis Ángel.


Hoy, el inmueble que albergaba el CIAD ya no está en servicio; la fachada luce descuidada, el portón blanco está cerrado. Por las rendijas se alcanzan a ver tres viejos colchones individuales recargados en uno de los muros. Hasta el logotipo del centro fue borrado apresuradamente.


Antes se habían cometido otros atentados contra centros de rehabilitación.


La tarde del 1 de agosto se reunieron 48 internos en el CIAD número 6, ubicado en la colonia Anáhuac. A las 16:45 horas se estacionaron frente al centro una camioneta Lobo (gris, de doble cabina) y un coche de color oscuro.


De los vehículos descendieron cuatro hombres con capuchas y vestimenta negra, que irrumpieron en el edificio armados con pistolas .9 milímetros. En el patio frontal rafaguearon a Lauro Alonso Alvarado Corona, de 30 años. Algunos internos corrieron mientras gritaban a sus compañeros que se escondieran. Los sicarios no los persiguieron; iban por el director del albergue, Rafael Hurtado Beltrán, a quien localizaron en la sala y lo ejecutaron.


Una señora asegura que en ese momento pasó por la perimetral una camioneta de la policía federal, pero siguió de largo a pesar de que los vecinos pidieron ayuda.


Desde entonces el CIAD número 6 cerró sus puertas.


Según los vecinos, sucedió lo mismo el 10 de agosto con el CIAD número 4: un grupo armado llegó a sus instalaciones en la colonia Salvacar y amenazó con ejecutar a los internos si no abandonaban las instalaciones.


En esta ciudad fronteriza, además de los tres CIAD mencionados había cuatro Centros de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo (CRREDA), cuyas autoridades también fueron intimidadas y optaron por cerrar sus instalaciones.


El viernes 15, por ejemplo, dos días después de la incursión en el CIAD número 8, Armando Arturo Lerma, director del CRREDA número 12, ubicado en la colonia Toribio Ortega, recibió una advertencia telefónica: “Cierran o se atienen a las consecuencias”. Apenas colgó el teléfono, Lerma reunió a los internos y les anunció que el centro cerraba ese mismo día.
El director llamó por teléfono a los familiares para que pasaran por los internos.


“A los que llegamos solos, nos abrió la puerta. Nos dijo que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos, que no arriesgaría a nadie. Junto con otros me fui a dormir a unas tapias que nos quedaban cerca”, relata uno de los desalojados.


En Ciudad Juárez operan todavía 74 centros de rehabilitación –de los cuales 53 son fijos y atienden a cerca de 2 mil internos– y 21 de tratamiento ambulatorio, a los que suelen acudir alrededor de mil “usuarios”, sobre todo en zonas aledañas a los picaderos.


De esos 74 centros, la mitad utiliza el método de la cristoterapia. Son de puertas abiertas y, según sus directivos, los pacientes llegan voluntariamente y se van cuando lo desean.


Consultados por Proceso, algunos directores de dichos establecimientos sostienen que en Ciudad Juárez priva una sensación de “incertidumbre” desde que el CIAD número 6 fue atacado.


Para María Elena Ramos, de la agrupación Compañeros y quien realiza el trabajo de rehabilitación de usuarios directamente en las colonias donde están los 6 mil picaderos (Proceso 1653), los ataques armados obligan a replantear las medidas de seguridad en los centros de rehabilitación y en las campañas de salud. Sobre todo ahora, dice, cuando la droga está más cara y es más difícil contar con jeringas nuevas.


José Rivera, director de la Clínica para Atención a Heroinómanos del Centro de Integración Juvenil (CIJ) local, señala que “en algunos CIAD no sólo se prestaba ayuda a los usuarios; también se les vendía droga”.


Personal de la Subsecretaría de Justicia Zona Norte del estado dejó correr la versión de que los ataques a los tres CIAD se debieron a que en ellos se refugiaban integrantes de la banda Los Aztecas, del cártel de Juárez.


Los Aztecas controlan la venta de droga al menudeo en Ciudad Juárez desde 1989, y junto con La Línea –integrada por policías y expolicías (Proceso 1653)– constituyen uno de los brazos del cártel que dirige Vicente Carrillo Fuentes, el cual pretende impedir que el cártel de Sinaloa se apropie de la plaza, apoyado por el recién creado grupo Gente Nueva. Los dos cárteles, el pasado 12 de julio, se atribuían la matanza de 14 personas en el poblado de Creel, Chihuahua.


David Rodríguez Torres, secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, manifiesta acerca de la militarización de la policía municipal:


“Es el resultado de la falta de cumplimiento de los alcaldes, de los gobernadores –incluyendo al del DF– y de la misma PGR. El de aquí, es un cuerpo policiaco infectado, gangrenado desde hace muchos años y que hoy requiere ser amputado, porque todos los capos del cártel de Juárez y del de Sinaloa están matándose por la plaza.”


Rodríguez Torres promovió en marzo pasado la aplicación del examen de confiabilidad a los policías estatales y municipales.


–¿Es adecuada la militarización, a pesar de las violaciones a los derechos humanos de que se quejan los juarenses?


–Las organizaciones civiles están en contra de la militarización, así como están en contra de que vengan la DEA y la Interpol a investigar narcotraficantes que el gobierno mexicano no investiga. Estamos hartos de gobernadores y alcaldes que se lavan las manos. Aquí la inseguridad está por encima de cuestiones religiosas, políticas y partidistas. Los delitos y homicidios no conocen colores, ni cantos ni oraciones.


“Hace un año (en julio de 200) se perdían al mes 900 vehículos. Ahora, en julio de 2008, fueron mil 700, para una ciudad de 1.5 millones de habitantes. El robo de 60 coches diarios debe refrescar la memoria a los responsables de dar seguridad al ciudadano”, advierte el regidor.


–Si el nivel delictivo creció desde la militarización, ¿no es contradictorio que ahora quieran contratar soldados como policías?


–Ya empieza a disminuir la circulación y comercialización de la droga. Ahora los decomisos son históricos (251 toneladas de mariguana), y  antes no los había. En todo 2007 un grupo mixto de policías federales y estatales decomisó 700 gramos de cocaína. Ahora ya hay enfrentamientos entre sicarios y militares, mientras que antes los policías limpiaban el sector para que los capos hicieran su trabajo y no los detuvieran. Por eso estamos así en Juárez.


“Era descarada la forma en que llegaban las unidades de seguridad pública municipal a recoger la cuota a los centros de distribución y a establecimientos de droga como los picaderos. No lo hacían a título personal, sino obedeciendo las órdenes de los mandos medios.


“La prueba –continúa– está en los policías preventivos que no aprobaron el examen de confiabilidad, como tampoco lo hicieron 10 comandantes de la policía ministerial.”


Inclusive el pasado 16 de abril Saulo Reyes, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la pasada administración, se declaró culpable por los cargos de narcotráfico que le atribuye el gobierno de Estados Unidos, donde se encuentra preso desde enero.

 

 

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