Deja CNDH sin resolver 518 casos durante la guerra sucia
Gloria Leticia Díaz / Apro
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejará en los cajones de pendientes una de las quejas más importantes que llegaron a ese organismo, en 2001: la relacionada con la llamada guerra sucia, en cuyo expediente se integraron 532 casos de desapariciones forzadas, de los cuales sólo se resolvieron parcialmente 14.
En un comunicado, el organismo que encabeza José Luis Soberanes Fernández, cuya gestión termina en octubre próximo, anunció que a partir del jueves 27 estará a disposición del público, en su portal de internet, el “Informe de Evaluación de Seguimiento de la Recomendación 26/2001”.
Ante el anuncio de la difusión del informe, Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (AFADEM), criticó a la CNDH, porque durante todos estos años, dijo, “nunca dio seguimiento a la recomendación, y ahora que se va José Luis Soberanes revisan los cajones, a ver qué dejó pendiente”.
En dicha recomendación, dirigida en ese entonces al presidente Vicente Fox, la CNDH documentó la desaparición forzada de 532 personas. De esos casos, 181 fueron ubicados en zonas urbanas y 351 en la zona rural, casi todos ellos ocurridos en Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde tuvo base social el movimiento guerrillero encabezado por Lucio Cabañas Barrientos.
El recuento de la CNDH, dado a conocer este miércoles, surge a pocos meses de que sea relevado del cargo su titular, José Luis Soberanes, y tres años después de que se cerrara la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que se creó en el gobierno de Fox, precisamente como respuesta a la recomendación 26/2001.
Además, destaca el hecho de que el balance sea presentado luego de que se realizara, el pasado 7 de julio, una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso promovido por la familia de uno de los desaparecidos, Rosendo Radilla Pacheco, al considerar que en México no hay condiciones para acceder a la justicia mientras los casos de la “guerra sucia” sean radicados en tribunales militares.
En cuanto a la clausura de la Femospp, en noviembre de 2006, el ombudsman nacional guardó silencio en ese entonces, y en el comunicado que hoy difundió la CNDH tampoco hay una sola observación al respecto.
De acuerdo con la CNDH, en el informe que se conocerá mañana se solicita a la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República –dependencia a la que se trasladaron los expedientes de la Femossp– “resolver las averiguaciones previas radicadas ahí, con motivo de las denuncias formuladas por probables delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas víctimas de desapariciones forzadas en los años de la llamada “guerra sucia’”.
En el documento, el organismo asegura que de los 532 casos de desaparición forzada documentados, 14 fueron resueltos, por lo que insta a “concluir las investigaciones de los 518 casos que restan”, y “lograr que se dicte sentencia condenatoria en contra del procesado (del que no se incluye su nombre) por el caso de la causa penal 179/2006, que se lleva en el Juzgado 9º de Distrito en el estado de Sinaloa”.
De las diversas solicitudes de información que hizo a diversas autoridades involucradas, la CNDH calificó la recomendación 26/2001 como de “cumplimiento parcial”.
Y de las respuestas recibidas, la CNDH concluyó que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) no ha resuelto la averiguación previa número SC/257/2002/I-V, relativa a 121 agraviados incluidos en la recomendación 26/2001.
La dependencia castrense tampoco dio respuesta sobre las acciones que emprenderá para resolver los casos de 22 personas en las que se comprobó “fueron privadas de la vida”, casos en los que se ejercitó acción penal contra tres militares, dos de ellos ya fallecidos.
De acuerdo con la CNDH, la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos (UPDDH), de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), tiene “pendiente concluir los trabajos que permitan hacer efectiva la reparación integral del daño a las víctimas y ofendidos de los hechos del pasado, mediante los ejes de reparación moral, la reparación material-social y el de garantías de no repetición, que desde marzo de 2005 se emprendieron, y que la actual administración continúa realizando en los tres grupos diseñados para tal efecto”.
De la evaluación de la recomendación, la CNDH destaca que el Archivo General de la Nación (AGN) no ha digitalizado las imágenes e información sobre la “guerra sucia”, debido a que no se ha aprobado el presupuesto requerido para ese objetivo, a pesar de que desde octubre de 2006 se entregaron a la Secretaría de Gobernación dos proyectos que justifican la ampliación presupuestal.
En tanto, agrega que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no ha entregado al AGN más de 7 mil 700 imágenes y casi 4 mil tarjetas informativas, que tiene en su poder, sobre ese periodo histórico de México, y que desde hace dos años procesa para su digitalización.
“Esto implica que a la fecha sólo se cuente con un cuadro de clasificación de expedientes agrupado por asuntos que adolecen de los criterios archivísticos vigentes y de topografía, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”, añade la CNDH en su comunicado.
Hecho el balance, la CNDH solicitó a la PGJM dar respuesta sobre las acciones a seguir en los casos de los 22 homicidios cometidos por miembros castrenses; a la UPDDH, de la Segob, se le pidió el diseño de mecanismos jurídico-administrativos para la reparación integral del daño de las víctimas y ofendidos, así como actualizar el padrón de 275 casos de beneficiarios.
A esta última instancia, añade, también se le pidió un diagnóstico de la situación de las víctima u ofendidos y, en su caso, posibles beneficiados, así como elaborar “una propuesta sobre el monto a reparar, que incluye la elaboración en definitiva del acuerdo que establecerá la forma, procedimientos y términos para efectuar la reparación administrativa, así como el proyecto sobre la reparación moral, la conservación y digitalización de los archivos existentes, el proyecto de reconocimiento público de los hechos por parte del Estado y la realización de estudios para preservar la memoria histórica”.
Finalmente, el organismo pide al AGN la digitalización de los acervos “relacionados con documentación vinculada con movimientos sociales y políticos del pasado, y que las tarjetas estén asociadas y con descripción para cruzar información”.
Al CISEN, por otra parte, le pidió las fichas digitalizadas y que sean entregadas al AGN.
Copyright 2008 / Todos los derechos reservados para M.N Cambio / |
